En virtud de la Ley de Capitalidad, promulgada en 2010, el Poder Ejecutivo debía emitir bonos para costear los tributos adeudados por el Estado a la Municipalidad de Asunción; los recursos obtenidos solo debían invertirse en obras de infraestructura, sobre todo viales. El siguiente año, el Ministerio de Hacienda transfirió 40.000 millones de guaraníes, “en concepto de primer pago de las obligaciones reclamadas”. Dado que fue el primero y el último, en 2014, una nueva ley autorizó al Poder Ejecutivo a emitir bonos por hasta 150.000 millones de guaraníes, con el mismo objeto. Tampoco tuvo consecuencias, así que la Junta Municipal dispuso en 2020 que el intendente Óscar Rodríguez (ANR) emplace al Estado a pagar una deuda de más de 200.000 millones de guaraníes; fue inútil, así que la deuda acumulada superaría hoy los 420.000 millones de guaraníes, solo por servicios prestados. Y bien, al intendente se le acabó la paciencia, en lo que respecta a la tasa por recolección de basura: acaba de emplazar por treinta días al pago de la tasa por recolección de basura, so pena de suspender el servicio, al Instituto de Previsión Social, a la Universidad Nacional de Asunción y a Ferrocarriles del Paraguay SA, así como a los Ministerios de Defensa, de Justicia, de Salud Pública y Bienestar Social, de Educación y Ciencias, de Agricultura y Ganadería y de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. La deuda total de dichas entidades ascendería a más de 122.000 millones de guaraníes, a los que deben sumarse unos 77.000 millones en otros conceptos.
Siendo presumible que todas aquellas que están en mora con la Municipalidad tienen presupuestados cada año el dinero necesario para estar al día con sus obligaciones tributarias, es inevitable plantearse la pregunta de a dónde van a parar esos fondos. Como es obvio, las respuestas posibles son que los administradores los usaron para cubrir otros gastos o se los metieron en el bolsillo, incurriendo en la infracción del desvío o malversación o en el delito de peculado por apropiación, respectivamente. Las enormes sumas que no llegaron a las arcas municipales a lo largo de los años permiten afirmar que el Estado es un pésimo contribuyente y que carece de autoridad moral para exigir el pago puntual de los impuestos, las tasas y las contribuciones que le corresponden.
Desde luego, no se pretende que, por tal motivo, los particulares se nieguen a cumplir con sus obligaciones tributarias, pero sí que los responsables de esas prácticas tan nocivas para el patrimonio municipal de Asunción, en este caso, sean sancionados; por cierto, no se conoce que ello haya ocurrido alguna vez con un girador de gastos que haya empleado el dinero público con una finalidad distinta a la establecida en el Presupuesto. También es deseable que la Municipalidad capitalina o cualquier otra demande el cobro judicial de las últimas deudas contraídas por el Estado, atendiendo que la acción para el cobro de los tributos prescribe a los cinco años. Dado que ese gran moroso también arrastraba cuantiosas deudas por el consumo de luz, agua y teléfono, se implantó la modalidad de que las facturas sean abonadas por el Ministerio de Hacienda, a cuenta de lo presupuestado para cada una de las entidades usuarias: ¿por qué no aplicarla en favor de las municipalidades acreedoras? Las entidades centralizadas y descentralizadas son tan malas pagadoras, que el Presupuesto de la Municipalidad asunceña llegó al extremo de no incluir, entre los ingresos previsibles, los montos que les corresponden en concepto de tributos.
Aparte de lanzar la modesta iniciativa antes referida, el intendente Rodríguez aboga por una tercera ley de capitalidad, cuyo proyecto, firmado por 24 miembros, duerme en la Cámara Baja desde 2021: contempla otorgar cada año a la Municipalidad, por tiempo indefinido, la suma equivalente 600.000 jornales mínimos, siempre para obras de infraestructura; no habla de emisión de bonos. Como indica la experiencia, el hecho de que alguna vez fuera aprobado no significa que el Estado vaya a cumplirlo, de modo que no habría que hacerse ilusiones, más aún considerando el creciente déficit fiscal. Conviene, en todo caso, que la Contraloría General de la República pida explicaciones a las máximas autoridades de cada uno de los organismos deudores, que el Congreso las cite e interpele y que el Ministerio Público indague qué se hizo de tantos fondos públicos desviados de las asignaciones presupuestarias. Por su parte, la Municipalidad debe intentar seriamente cobrar en sede judicial cuanto se le adeuda y tratar, al menos, de ser mucho más rigurosa en la suspensión de sus servicios por falta de pagos, suponiendo que efectivamente los preste. Es hora, en fin, de que el deudor salde de algún modo sus cuentas, para que se acaben de una vez estos ridículos vaivenes, en los que las leyes son ignoradas por el mismo Estado que las sanciona y promulga.
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