La Justicia no debe dejar en el oparei el caso de Hugo Javier

Con la destitución de Hugo Javier González, la Junta del Departamento Central dio término a una crisis institucional causada por la necedad de quien guarda arresto domiciliario, tras haber sido imputado por varios hechos punibles relacionados con el uso de 6.382 millones de guaraníes del fondo de emergencia sanitaria. Es notorio que quien delinque debe sufrir la condena prevista en la legislación penal, pero suele ocurrir que con su renuncia al cargo o con su destitución, el tema quede finiquitado y que la gente se olvide. Conociendo el sinuoso desempeño de nuestra Justicia, en la que el factor político tiene mucho peso, hay que seguir de cerca el desempeño de los fiscales y jueces intervinientes.

Con la destitución de Hugo Javier González, el animador de fiestas devenido gobernador con el apoyo del expresidente Horacio Cartes, la Junta del Departamento Central dio término a una crisis institucional causada por la necedad de quien guarda arresto domiciliario desde el último 12 de abril, tras haber sido imputado el 21 de noviembre de 2021, por varios hechos punibles relacionados con el uso de 6.382 millones de guaraníes del fondo de emergencia sanitaria. Triunfó el buen sentido para bien de la ciudadanía e incluso del propio defenestrado, pues ahora tendrá más tiempo para preparar su defensa en sede judicial, en vez de seguir desgobernando hasta más no poder: los delitos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal son demasiado graves como para que el presunto autor permanezca en su cargo como si nada.

Este asunto debe interesar sobremanera al erario y a la población perjudicados por la inversión presuntamente ilícita del dinero público. Es notorio que quien delinque debe sufrir la condena prevista en la legislación penal, pero suele ocurrir que con su renuncia al cargo o con su destitución, el tema quede finiquitado y que la gente se olvide. Teniendo en cuenta el sinuoso desempeño de nuestra Justicia, en la que el factor político tiene mucho peso, se considera todo un logro que un corrupto ya no continúe en la función pública, como si ya no fuera necesario que vaya a la cárcel o repare el daño causado. Pues bien, el personaje de marras, que no tuvo el decoro de dimitir ni aún cuando fue ratificada la medida privativa de libertad que pesa sobre él por existir indicios suficientes de la existencia de graves hechos punibles, tiene que sentarse en el banquillo de los acusados.

Como es muy probable que recurra a todas las chicanas habidas y por haber, incluso para frustrar la apertura del juicio oral, la Justicia deberá sancionar el abuso del derecho a la defensa, pues sería intolerable que el paso del tiempo conduzca al olvido y a la impunidad, más aún porque el desvío de fondos entregados en el marco de una pandemia resulta particularmente deleznable. En tal sentido, también es necesario que el Ministerio Público sea más diligente, dado que ya obtuvo una prórroga para presentar la acusación: el plazo inicial vencía el 1 de mayo, pero a pedido suyo fue extendido hasta el próximo 1 de noviembre. Si no lo cumpliera, cabría suponer que hubo colusión.

Tanto el respeto a la ley como el más elemental sentimiento de humanidad exigían gestionarlos con la mayor honestidad y eficiencia, pero parece que sirvieron para el lucro del gobernador y de otros catorce encausados, antes que para la reactivación económica del departamento. Resulta canallesco aprovechar una calamidad para llenarse los bolsillos mediante obras que solo existen en facturas “clonadas”. Hugo Javier pretende lavarse las manos con el pretexto de que la ejecución de los fondos estuvo a cargo de cierto Centro de Apoyo Profesional, como si él no hubiera tenido el deber de cuidado al administrar los recursos del Gobierno Departamental, entre los que figuran las asignaciones o subvenciones que se le destine en el presupuesto nacional. Comete el hecho punible de lesión de confianza quien en base a una ley –aquí la Carta Orgánica de dicho Gobierno– asumió la responsabilidad de proteger un interés relevante para un tercero –aquí el Estado– y “causara o no evitara” un perjuicio patrimonial. El Código Penal lo castiga con multa o con hasta cinco años de cárcel, pena que puede ser aumentada hasta diez años, “en los casos especialmente graves”, como lo sería el que nos ocupa.

Un funcionario condenado debe asumir no solo la responsabilidad penal, sino también la civil emergente del delito que perpetró, esto es, resarcir los daños causados, a instancias de la Procuraduría General de la República. En esta indignante cuestión, sería fácil cuantificar los perjuicios monetarios sufridos por el erario, pero no así los generados a la población del departamento Central por el desvío de fondos que debían destinarse a mantener o a crear puestos de trabajo: también fueron damnificadas personas de carne y hueso que necesitaban preservar o recuperar sus fuentes de ingreso, dada la crisis económica resultante de la emergencia sanitaria.

Que la ciudadanía toda preste atención al desenlace judicial de estas fechorías, similares a las cometidas en otras gobernaciones: para que los corruptos sean sancionados de acuerdo a la ley, hay que seguir de cerca el desempeño de los fiscales y jueces intervinientes.

Conformarse con la destitución de un gobernador que habría delinquido supone tener en poco la decencia en la función pública y alentar a los delincuentes, que solo perderían el cargo si fueran sorprendidos con las manos en la masa. En vez de seguir en libertad con los bienes mal habidos, tienen que ser castigados y reparar el daño infligido a la colectividad.

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