Un plan B para el Anexo C

El director brasileño de Itaipú Binacional, Anatalicio Risden, dijo que la renegociación del Anexo C del Tratado en 2023 no es obligatoria y que dependerá de una “decisión de las Altas Partes”, léase del Brasil. Molestarse por esta declaración, que, por otra parte, se ajusta a la realidad, no tiene ningún sentido. Lo que deben hacer tanto el Gobierno como los estamentos políticos y técnicos paraguayos es dejar de perder tiempo y energías, y de desviar la atención de la opinión pública en cuestiones que no tienen nada que ver con las grandes reivindicaciones nacionales en Itaipú, como la tarifa, y concentrarse en lo principal, que es cómo va a hacer Paraguay para sacar el provecho que legítimamente le corresponde por los 20 millones de megavatios/hora de excedentes energéticos anuales que tiene en la central hidroeléctrica.

La reducción de la tarifa de Itaipú, que es el resultado lógico y previsto de la amortización de la deuda, no solamente no le perjudica a Paraguay, sino que le conviene y mucho. Cuanto menor sea el precio de costo de la energía que produce nuestro río mejor para el país, tanto para el consumidor como para inversiones en el sector eléctrico que promuevan el desarrollo nacional. El problema no es ese, sino que Paraguay todavía no consume el 50% que le pertenece de la generación de Itaipú y se ve obligado a ceder ese excedente a su socio, que a cambio paga una “compensación” que es ínfima en relación con la cotización de esa energía en el mercado regional.

Esto y no otra cosa es lo que hay que negociar con Brasil. Una de dos: o le paga a Paraguay un valor compatible con el de mercado por sus excedentes o le permite comercializarlos directamente con los compradores en las subastas dentro del propio mercado mayorista brasileño, para que sea Paraguay, y no Eletrobras, el que se quede con la diferencia entre el precio de costo y el valor de venta de la energía paraguaya.

Lo primero depende directamente de la renegociación del Anexo C, que regula las “bases financieras y de prestación de servicios de electricidad de la Itaipú” y que es el que introduce la figura de la “cesión de energía”.

Formalmente Paraguay y Brasil son dueños de Itaipú en una relación de 50/50 y, de hecho, teóricamente hay diez turbinas “brasileñas” y diez turbinas “paraguayas”. Lo justo habría sido que si uno de los dueños no usara todo su 50% pudiera vender al otro dueño o a terceros la parte que le sobra. Pero eso no es así debido al Anexo C, que establece que si una de las partes (o sea, Paraguay) “decide no utilizar” toda su mitad debe autorizar a Itaipú a declarar esa energía “disponible” para “cedérsela” a la otra contratante (o sea, Brasil). Mediante esta trampa Brasil se aseguró el 85% de la energía de Itaipú desde que comenzó a generar en 1984, incluida la parte paraguaya a precio vil. Especialistas han calculado que, a valor de mercado año a año, ya descontados los costos operativos y financieros, Paraguay ha dejado de percibir más de 70.000 millones de dólares por su energía cedida al Brasil en las últimas cuatro décadas.

Lo ideal sería que se eliminara la “cesión” y se instituyera la “venta”, como debería ser en cualquier contrato comercial. Sin embargo, lo que ha dicho Anatalicio Risden es cierto. En su último párrafo, el Anexo C prevé que sus disposiciones “podrán ser revisadas” a los 50 años a partir de la vigencia del Tratado, que se cumplen en 2023, pero no obliga taxativamente a hacerlo. Paraguay no tiene ninguna posibilidad de forzar a Brasil a sentarse a negociar y mucho menos de imponerle sus términos. De quererlo, a Brasil le bastaría con postergar por tiempo indefinido cualquier acuerdo, que es, por ejemplo, lo que ocurre con Yacyretá desde 2014.

Por lo tanto, paralelamente hay que apuntar al plan B, a la segunda opción. Actualmente es Eletrobras la que retira de Itaipú a precio de costo la energía paraguaya sobrante y la revende a precio mayorista a los operadores privados del desregulado mercado eléctrico brasileño, apropiándose de márgenes que deberían ser de Paraguay. Tranquilamente nuestro país podría retirar sus excedentes de Itaipú, pagando la tarifa de costo correspondiente, y negociarlos independientemente con los mismos operadores.

Ello no requeriría renegociar el Anexo C, ya que nada hay en él que legalmente lo impida. Probablemente sí habría que llegar a algún tipo de trato con Brasil para que permita el acceso a su mercado, pero esto sería políticamente más aceptable para nuestro socio por tres razones. Primero, porque Brasil tiene la demanda y necesita esa energía. Segundo, porque bien podrían participar empresas brasileñas o internacionales que ya operan en Brasil. Y tercero porque, si bien Eletrobras saldría perdiendo, a los consumidores brasileños y a Brasil mismo les resultaría exactamente igual.

Ahora bien, para que esta opción sea factible hay mucho por hacer más allá de las tratativas diplomáticas. Hay que adecuar la estructura normativa e institucional, diseñar mecanismos de supervisión y transparencia, formar a los recursos humanos, convocar a las empresas y los bancos interesados, establecer las reglas del juego y las bases para las futuras licitaciones de los bloques de energía. En nada de esto se está avanzando.

La “visión estratégica” consiste en tener claro el objetivo. Si se pierde de vista lo que se quiere conseguir es difícil encontrar las maneras para lograrlo. Lo más probable es irse por la tangente, poner énfasis incorrectos en aspectos secundarios o incluso irrelevantes. Es lo que está ocurriendo en Paraguay con Itaipú, todo agravado por la típica demagogia de los tiempos electorales.

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