La Cámara de Diputados volverá a tratar hoy –por tercera vez– un proyecto de ley que, respondiendo a una absurda exigencia de la Unión Nacional de Extrabajadores de la Itaipú Binacional Margen Derecha, implica el pago de unos 940 millones de dólares a 16.180 personas incluidas en un censo tan chapucero, que en su versión inicial registraba a 27.759 supuestos aspirantes a una “compensación” total de alrededor de ¡dos mil millones de dólares! La depuración fue incompleta, ya que el listado resultante incluyó, por ejemplo, a politicastros colorados, a funcionarios bien retribuidos de la entidad binacional y hasta al “significativamente corrupto” Hugo Velázquez, el vicepresidente de la República que el 21 de julio pidió que su nombre sea eliminado; es decir, un día después de que este diario se haya ocupado de la escandalosa nómina. Otro de los eventuales beneficiarios del golpe financiero urdido se llama Milciades Areco, quien preside la Unión Nacional mencionada: comería a dos carrillos, siendo “extrabajador” y miembro del estudio jurídico que representa a 3.579 aspirantes al dinero público.
Más allá de la desprolijidad o hasta de la mala fe del censo corregido solo en parte, la cuestión de fondo es que la pretensión carece de sustento jurídico, razón por la cual ya fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia en 2007 e incluso por el Congreso en 2013, cuando se presentó un proyecto de ley en igual sentido. La Comisión de Legislación de la Cámara Baja emitió un dictamen contrario a la renovada iniciativa, a la que el Senado dio media sanción a impulsos del populismo puro y duro. Las convincentes razones invocadas se resumen en que la entidad binacional no empleó a los extrabajadores, en que la pretensión ya prescribió en virtud de las Notas Reversales del año 2000, en que la ley no podría obligar a la parte brasileña, en que las relaciones laborales ya fueron reguladas por dos protocolos de 1974, en que la declaración de imprescriptibilidad de los derechos laborales –no prevista en la Constitución– supondrá una mala práctica legislativa y en que no existen recursos financieros para solventar los beneficios buscados.
Con relación al primer argumento, se puede agregar que, por tanto, Itaipú Binacional no tiene por qué asumir las deudas de los contratistas y los subcontratistas particulares, pues la figura de la responsabilidad solidaria ya fue excluida por la ley que en 2002 aprobó un intercambio de notas reversales sobre las relaciones entre los trabajadores y los contratistas de obras y locadores y sublocadores de servicio: es evidente que la parte paraguaya no debe violar lo acordado en aquel entonces. Al decir del director de la entidad, Manuel María Cáceres, se busca reconocer derechos laborales inexistentes para que ella pague una suma equivalente a mil kilómetros de ruta asfaltada y de la que no puede disponer sin la anuencia brasileña, siendo el presupuesto binacional. Por su parte, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, señaló que el monto reclamado equivale a dos años de aportes al Presupuesto nacional en concepto de regalías para los gobiernos departamentales y municipales de los territorios inundados o a sostener durante 94 años el programa de becas universitarias del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo. Resta la irresponsable alternativa planteada por el señor Areco, que habla por sí sola a los usuarios de la ANDE: “Es cuestión de poner unos puntitos más en el precio de la energía y listo: el dinero ya está allí”. Es decir, la colosal suma no saldría de Itaipú Binacional sino, una vez más, del bolsillo de Juan Pueblo.
El citado ministro, a quien el documento obliga a reglamentar los pagos y los procedimientos, expresó más de una vez su clara oposición al malhadado proyecto, de modo que es presumible que sugiera al jefe del Poder Ejecutivo que lo objete íntegramente, si fuera finalmente sancionado con el voto de los diputados. Así lo exigen el buen sentido y el interés general, incompatibles con la extraordinaria “sensibilidad social” exhibida por los senadores Abel González (PLRA), Enrique Riera (ANR, cartista), Miguel Fulgencio Rodríguez (Frente Guasu) y Gilberto Apuril (Hagamos) a costa de todos y de los acuerdos internacionales vigentes.
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Se diría que resulta paradójico que se busque ganar votos mediante un costoso disparate que solo favorecía a un ínfimo sector de la población. El Congreso no debería perder tanto tiempo en un engendro de este tipo que resalta por su notoria improcedencia. Su lugar es la gaveta de los trastos viejos, desechados para siempre.