El Gobierno depende de donaciones para combatir el crimen organizado

En el Paraguay, el crimen organizado tiene abiertas las puertas de entrada y de salida para el tráfico de drogas o de armas, porque el Estado no tiene los equipos necesarios para controlar el espacio aéreo o el contenido de los contenedores embarcados. Es presumible que si carece de radares operativos y de escáneres suficientes no es tanto por la falta de dinero como por la de interés real en poner coto a esas actividades delictivas, que tanto daño causan al país y a la comunidad internacional. Resulta deplorable que el Paraguay tenga que esperar donaciones para combatir el contrabando y el tráfico de drogas o de armas.

En el Paraguay, el crimen organizado tiene abiertas las puertas de entrada y de salida para el tráfico de drogas o de armas, porque el Estado no tiene los equipos necesarios para controlar el espacio aéreo o el contenido de los contenedores embarcados. Es presumible que si carece de radares operativos y de escáneres suficientes no es tanto por la falta de dinero como por la de interés real en poner coto a esas actividades delictivas, que tanto daño causan al país y a la comunidad internacional. Resulta que, al decir del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, la mafia ha permeado las instituciones del Estado, entre las que se cuentan la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y la de Aduanas (DNA). En 2017, la primera adquirió dos radares que, llamativamente, no funcionan, a un costo de 50.822 millones de guaraníes. Por tanto, las avionetas del narcotráfico siguen ingresando sin control, especialmente desde el noroeste, sin ser detectadas. Así se tiene que el 4 de agosto una aterrizó en un camino rural de Alto Paraná, con 221 kilos de cocaína, y más recientemente, el 14 de agosto, otra capotó en una estancia chaqueña, sin que su cargamento fuera encontrado. Si estos hallazgos se produjeron en solo diez días, cabe suponer que serán muchas más las aeronaves que violaron el espacio aéreo en el mismo lapso, pasando desapercibidas.

En el marco del descontrol reinante, la Cámara Baja aprobó un proyecto de ley sobre “vigilancia y protección del espacio aéreo”, que no prevé el derribo de los aviones intrusos; el Senado debate ahora acerca de su conveniencia, como si la Fuerza Aérea Paraguaya –opuesta a esa medida radical–, sin los radares adecuados, pudiera interceptar oportunamente a los transgresores.

En cuanto a la DNA, otro flanco débil en el combate contra el crimen organizado: en abril de 2021, su jefe Julio Fernández reveló que el titular del Poder Ejecutivo quería que se apresurara la compra de diez escáneres para aumentar la eficacia de esa lucha; en julio, se dijo que dos de ellos serían adquiridos antes de fin de año: la licitación pública –por un valor total de 73.419.170.000 guaraníes– fue cancelada debido, según se informó, a la gran diferencia existente entre los precios locales y los internacionales, lo que implica que no se hizo un estudio previo de los mercados y que se llegará a 2023 sin que esos equipos estén disponibles. El jefe de Estado y el país tendrán que esperar, debido a la flagrante negligencia.

Menos mal que la generosidad del Gobierno de la República de China (Taiwán), que, entre otras tantas cosas, financió la construcción del Palacio Legislativo, acaba de acudir en auxilio de la DNA, donándole cuatro escáneres para detectar productos ilícitos que entren o salgan de nuestro territorio. El director nacional de Aduanas tuiteó con alborozo: “Excelentes noticias. El Gobierno de Taiwán adquirió 4 escáneres de Estados Unidos para nuestro país. Llegan en 60 días. Por otro lado, el 4 de septiembre llega al puerto de Montevideo un moderno escáner de fabricación francesa”. Se ignora si también ha sido donado, pues el Gobierno paraguayo, con esa mentalidad propia de un país menesteroso, se muestra incapaz de proveerse de esos aparatos y de otras necesidades, esperando la donación de países amigos, mientras despilfarra los fondos públicos a manos llenas para mantener a un monstruoso aparato estatal, lleno de clientela parasitaria.

Esa “negligencia”, por no decir “complicidad” de las autoridades con el crimen organizado, permitió que toneladas de drogas llegaran a puertos europeos, llenando de ignominia el nombre del Paraguay.

El último martes, los diputados aprobaron con modificaciones un proyecto de ley, ya aprobado por los senadores, que obliga a que la DNA cuente con escáneres en las zonas primarias aduaneras y en áreas de vigilancia especial. El “funcionamiento pleno” debe darse en el plazo de dos años, a partir de la habilitación presupuestaria para su compra. Seguramente algunos equipos llegarán nuevamente averiados o su instalación tendrá algún inconveniente, para no habilitarlos en el plazo señalado. Puede pensarse que una “mano negra” anda haciendo de las suyas en el tema de los radares y escáneres.

Resulta deplorable que el Paraguay tenga que esperar donaciones para combatir el contrabando y el tráfico de drogas o de armas: si los agentes del Estado omitieran gastos superfluos y robaran menos, habrá fondos más que suficientes para adquirir los elementos necesarios para combatir las operaciones mafiosas.

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