“Turismo de compras en Ciudad del Este jaqueado por asaltos”; “Motochorros usan abogados para apretar a víctimas de asaltos”; “Borracho clavó a policías porque le querían sacar de una bodega”; “A punta de pistola, roban millonario botín a un empresario”; “Golpean a padre y madre para conseguir dinero”; “Hermano de Miss Paraguay fue asaltado”. Estos son apenas algunos de los numerosos títulos más notorios que aparecieron en las últimas 24 horas en la prensa local, sin contar otros casos como decomisos de marihuana y el hallazgo de una avioneta calcinada, presumiblemente perteneciente a narcotraficantes.
“Nos preocupa la violencia urbana: llevar un celular, una cartera y que, en un momento dado, eso pueda ocasionar la muerte”. Lo dijo el 30 de agosto el propio comandante de la Policía Nacional, comisario general Gilberto Fleitas, compartiendo la inquietud de la gente, expuesta a diario a ser asaltada por jóvenes capaces de matar hasta por cinco mil guaraníes, suficientes para comprar una dosis de “chespi”. A tanto llega la inseguridad en el centro capitalino, sobre todo en horas nocturnas, que está siendo abandonado por locales comerciales y gastronómicos, aunque el director de la Policía Metropolitana, comisario Daniel Careaga, haya sostenido ante la prensa que allí la seguridad se fortalece cada vez más, negando así la evidencia y contradiciendo a su comandante. Menos mal que al menos no dijo, como algunas autoridades anteriores, que la inseguridad es una “sensación” nomás de la gente.
La zona aledaña a la avenida Costanera se ha vuelto un escenario de frecuentes atracos, como el cometido el 28 de agosto por dos facinerosos para apropiarse de un teléfono móvil: uno de ellos tenía una orden de captura por hurto y el otro un historial de tres hurtos agravados, lo que plantea la vieja cuestión de que un amplio prontuario no impide que el delincuente sea beneficiado con una medida alternativa a la prisión. Una vez más, así, la Fiscalía y la Justicia en la picota. Se entiende también así la queja que suelen expresar jefes policiales al señalar que ellos hacen el trabajo de detener a los delincuentes, quienes ya tienen sus abogados que los sacan con rapidez, ante la debilidad o complicidad de jueces y fiscales.
Desde luego, la “violencia urbana” no se limita a Asunción, la capital de país, pues se extiende a todo el país. El 30 de agosto, un turista brasileño denunció en Ciudad del Este que fue forzado, a punta de pistola, a transferir casi 70.000 reales (97 millones de guaraníes) a través de una cuenta de “billetera digital”; el último sábado, en Presidente Franco, tres delincuentes, que fingieron ser policías, asaltaron a mano armada a un turista argentino, privándolo de su camioneta y de cinco teléfonos móviles, entre otras cosas. Estos hechos recientes, sumados a los mencionados al comienzo, bastan para ilustrar que la inseguridad cotidiana, causada por la proliferación de bandas que confían en la inoperancia de los organismos competentes, han tomado por asalto al país, afectando la vida, la libertad y los bienes de nacionales y extranjeros.
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En consecuencia, así como es necesario que los agentes pongan su trabajo preventivo e investigativo a la altura de las exigencias, también es preciso que el Ministerio Público y la judicatura actúen, dentro del marco de la ley, con el debido rigor, para que no se repita, por ejemplo, lo ocurrido con un asesino, condenado a 25 años de prisión: salió de la cárcel de Tacumbú, con permiso judicial y a pedido de la Defensoría Pública, a las 08:00 del viernes 2 de septiembre; debía volver el lunes, a la misma hora, pero fue arrestado en la madrugada del sábado, porque aprovechó su “salida transitoria” para atracar una bodega en Fernando de la Mora. De acuerdo al Código de Ejecución Penal, para obtener el permiso, el interno tuvo que “merecer, por parte del organismo técnico-criminológico y del Consejo Asesor del establecimiento, un concepto favorable respecto a su evolución y sobre el efecto beneficioso que la salida o el régimen de semilibertad pudieran tener para el futuro personal, familiar y social del interno”. Bien se sabe, sin embargo, que las penitenciarías no se ocupan precisamente de readaptar a los reclusos, sino más bien estos se capacitan en su seno en el oficio delictivo, mediante el intercambio de experiencias.
Está visto que no solo falta “mano dura”, sino una firme que cumpla y haga cumplir la ley, para que la gente no llegue a habituarse a la anomalía de los sobresaltos continuos, viviendo enrejada en sus hogares.