El omnipresente contrabando, que durante la dictadura era “el precio de la paz”, sigue castigando al fisco y a la economía ajustada a la ley, sin que la Unidad Interinstitucional de Combate al Contrabando (UIC), encargada de prevenirlo, combatirlo y reprimirlo, se muestre capaz de ponerle coto. Tanto el de salida, relacionado principalmente con cigarrillos, como el que supone la introducción ilícita de productos frutihortícolas o manufacturados, suelen conllevar la comisión del delito de soborno o cohecho pasivo agravado, que involucra a aduaneros y miembros de la Armada Paraguaya, entre otros.
Hace unos días, la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) emitió un severo comunicado que señala las penosas consecuencias del flagelo, apunta al “vínculo mafioso” entre las autoridades y sectores económicos y exige que los contrabandistas sean perseguidos y sancionados. El dato que aporta de que en los últimos años la economía informal haya crecido del 42 al 45% del Producto Interno Bruto habla del fracaso de la UIC, creada en 2013 e integrada hoy por nada menos que quince entidades públicas.
Quienes en estos días tomaron acción, aunque inconstitucionalmente, fueron los militares, que instalaron barreras, solo para revisar automóviles y decomisar unos kilos de tal o cual producto que la gente trae para su consumo. No estamos en contra de que las autoridades asignadas para el efecto realicen estos controles, pero sí subvierte el espíritu que grandes proveedores surtan sin trabas a sus numerosos vendedores callejeros de productos de contrabando, que compiten con los negocios que pagan sus impuestos. Se comenta que habría hasta supermercados que venden los productos ilegales.
Aparte de que al jefe de la UIC, Emilio Fúster, le ha de resultar muy difícil coordinar tantos organismos, el “manto político” protector del contrabando, del que habla la Capasu, tendría la capacidad de frustrar cualquier esfuerzo tendiente a impedirlo o, al menos, a reducirlo notablemente. Esta es una cuestión clave: de nada servirán leyes rigurosas ni grandes organismos si los que mandan de hecho o de derecho se confabulan con los delincuentes. Ampliando y modificando el Código Aduanero, la Ley N° 6417/19 sanciona el contrabando con hasta cinco años de cárcel o con multa; tratándose del ingreso de productos de origen vegetal o animal, la pena se extiende de cinco a diez años, la misma prevista para el funcionario que participe por acción u omisión en cualquier tipo de ese negocio ilegal. Y bien, de poco o nada sirve elevar las penas si los autores tienen buenos motivos para creer que no serán castigados, debido a la corrupción, a la ineptitud o a la protección política adecuada.
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El jefe del Poder Ejecutivo, Mario Abdo Benítez, no debería limitarse a denunciar al “mayor contrabandista de cigarrillos de la región”: también es preciso que mire al interior del aparato estatal y de la influyente “clase política”, porque allí estarían instalados numerosos patrocinadores del delito referido, expertos en el tráfico de influencias. La Secretaría Nacional Anticorrupción, también integrante de la UIC, debería interesarse en ellos, así como la senatorial Comisión Especial de Combate al Contrabando, ya que siempre es bueno empezar por limpiar la casa y sus alrededores. Como se ve, organismos sobran, lo que falta es acción.
El contrabando no solo destruye puestos de trabajo, sino que también alienta el envilecimiento de quienes, expuestos a una competencia desleal, se creen forzados a incurrir en el mismo hecho punible para sobrevivir en el mercado: si pagar impuestos les pone en desventaja, pueden imitar a quienes delinquen sin consecuencia alguna para ellos. El principal problema es la corrupción voraz, que torna inútiles las leyes y los órganos que se ocupan de este flagelo. Mientras persista la impunidad, y exista la complicidad de una parte del sector privado, será inútil pretender erradicar esa lacra que perjudica gravemente al fisco y a los productores nacionales.