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Acaba de confirmarse que el 29 de abril de 2022, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recibió en forma definitiva el costoso adefesio llamado “Pasarela Ñandutí”, construido por la firma Engineering, de Juan Andrés Campos Cervera, mimada por el Gobierno de Mario Abdo Benítez, durante la gestión de Arnoldo Wiens, construida de cara a los juegos realizados en octubre de ese año por la Organización Deportiva Suramericana (Odesur). Dado que hoy nadie lo usa, solo sirve como un testimonio oxidado del derroche y de la corrupción impune, ya señalados en 2021 por la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Engineering habría tenido como “lobbista” a Jorge López Moreira, hermano de la primera dama Silvana López Moreira y cuñado del propio Jefe de Estado. La firma se acaparó contratos por lo que fue conocida como la “superproveedora del Estado”.
En efecto, la CGR constató un encarecimiento de más de 3.142 millones de guaraníes sobre el monto inicial de 12.437 millones, debido a convenios ilícitos con el MOPC, que incluían precios ajenos al mercado, como el del transporte de materiales, e incluso “costos indirectos”, como un aumento de la ganancia de la contratista, sin incluirse especificaciones técnicas. La DNCP prohibió, tras un sumario administrativo, que la “superproveedora” contrate con el Estado durante un año, pues habría perjudicado al MOPC por causas imputables a ella, como suscribir una adenda contractual que infló el precio de la obra, no haberla ejecutado en el plazo exigido y haber firmado una nueva y ventajosa adenda, que también elevó el costo de la pasarela.
Ahora se sabe que la misma empresa tuvo el descaro de reclamar un pago de más de 3.000 millones de guaraníes, meses después de la recepción definitiva de la obra, que no debió haber sido hecha sin que el daño fuera reparado: la pretensión habría sido desestimada, acaso para no agravar aún más el ya por entonces bien conocido escándalo. Lo que aún se ignora es si antes, en febrero de 2022, el MOPC desembolsó 1.214 millones de guaraníes, como lo sugirió un informe de “revisión técnica” del elefante blanco: la suma resultó del descuento de la sobrefacturación de un monto pendiente de pago, detectada por los propios funcionarios ministeriales que, por lo demás, consintieron las graves irregularidades apuntadas por la CGR y la DNCP.
Esta última aplicó a Engineering una leve sanción que, de hecho, pudo ser eludida por su dueño mediante la incorporación de su esposa, de su cuñado y de su gerente como accionistas de la constructora Barrail Hermanos SA, presuntamente vinculada a aquella. En cambio, los responsables del MOPC siguen impunes, pese a que, según la CGR, también admitieron que los trabajos sean ejecutados sin que se cumpla la norma sobre instalaciones eléctricas de baja tensión, con lo que se redujo la vida útil de la obra y se expuso al peligro de electrocución. Además, la obra se realizó en predios desde los que no se puede acceder debido a restricciones horarias, se permitieron trabajos no acordados que expusieron a sobrecostos que podían superar el máximo del 20% y no se controló la garantía del anticipo financiero y de las pólizas de seguro, así que la pasarela quedó sin resguardo ante accidentes.
Y bien, pese a estas consideraciones, hasta ahora nadie ha sido imputado por el Ministerio Público, aunque los organismos referidos hayan dado cuenta de la probable comisión de los delitos de lesión de confianza y tráfico de influencias. Nada se sabe de los resultados de la investigación abierta en abril de 2021: el agente fiscal Luis Piñánez se ha limitado a informar que en febrero ordenará una pericia “para saber si hubo una sobrefacturación”, como si no bastara con lo descubierto por la CGR y por la DNCP. En fin, hay otros varios cuestionamientos, pese a los cuales el adefesio fue recibido sin problemas por el MOPC.
Por donde se lo mire, el oneroso armatoste de marras huele a un hediondo contubernio que, hasta la fecha, no ha dado lugar a investigaciones penales ni consecuencias político-administrativas, con una sola excepción: el exministro Arnoldo Wiens llegó a ser incluso precandidato a la Presidencia de la República, como si haber desangrado el erario, a su vista y paciencia, fuera un pecado menor. El personal del MOPC involucrado en este repudiable emprendimiento sigue a sueldo de los contribuyentes, pero no así el arquitecto José Kronawetter, curiosamente destituido por haber confirmado que el “cuñadazo” y el dueño de Engineering se habían reunido con funcionarios en la sede ministerial. Dicha firma ya está volviendo a contratar con el Estado, con el entusiasmo de siempre. Parafraseando a cierto presidente argentino, el “ñandutí” que dejaron constituiría “un monumento a la corrupción”, en el que al parecer se aúnan el compadrazgo, la codicia y el descontrol.