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Los funcionarios estatales son insaciables. Para disimular todo tipo de incrementos salariales que se les han venido concediendo en el Presupuesto nacional, sus padrinos instalados en el Congreso han inventado varias y rebuscadas figuras que conllevan más dinero a sus arcas, además de otros beneficios de los que no gozan los trabajadores del sector privado. Pues bien, resulta que este año recibirán más de 12 millones de guaraníes en concepto de subsidio familiar, fraccionados en varios rubros. Y así continúa el carnaval de repartija del dinero de todos en favor de los privilegiados “servidores públicos”.
Todo esto se produce aún cuando, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el funcionariado paraguayo es el mejor retribuido del continente, en términos relativos: entre 2008 y 2018, sus beneficios adicionales habrían aumentado en un 205%. En abril del año pasado, el jefe de una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), Mauricio Villafuerte, alertó acerca del negativo impacto para el erario de los aumentos salariales y de los subsidios en favor de los estatales, en un marco de menor crecimiento económico. También destacó que el porcentaje del gasto público nacional destinado a los “servicios personales”, que llega al 74% de la recaudación tributaria, es el mayor de Latinoamérica. El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, acaba de informar que este año costarán unos 29,6 billones de guaraníes (hoy, 4.400 millones de dólares), equivalentes al 30% del Presupuesto. Si en septiembre de 2022 se estimaba que los sueldos y las remuneraciones adicionales absorberían al menos 1,7 billones de guaraníes (hoy, 247 millones de dólares) más que el año anterior, los dispendios posteriores hacen presumir que esa suma fue largamente superada, agravando así el ya considerable déficit fiscal.
Los datos referidos muestran que existen 317.000 cargos en 106 instituciones, donde “trabajan” unos privilegiados que se llenan los bolsillos cada vez más, mientras sus conciudadanos deben ajustarse el cinturón y sufrir carencias en materia vial, educativa o sanitaria, porque los gastos fijos dejan poco margen para los de capital, salvo que se recurra al endeudamiento creciente. Y bien, pese a las alarmantes cifras, el decreto reglamentario del Presupuesto de 2023 autorizó a las instituciones públicas a pagar al personal nombrado las mencionadas bonificaciones familiares de hasta 2.550.307 guaraníes en varios conceptos, que globalmente superan los 12 millones de guaraníes. Este emolumento incluye la ayuda alimentaria y escolar, así como la cobertura de los gastos eventuales por bodas, nacimientos y defunciones, entre otros conceptos.
El ministro de Hacienda enfatiza que se puso un límite a la arbitrariedad reinante hasta 2021, pero a todas luces continúa el despilfarro en favor de la clientela. Aunque el derroche se haya atenuado, surge la pregunta de fondo de por qué los funcionarios deberían recibir un subsidio familiar, aparte del sueldo y del aguinaldo. El Código Laboral no otorga ese beneficio a los trabajadores y empleados, ni ellos logran la estabilidad laboral al cabo de dos años, como los envidiables funcionarios que, por lo demás, solo pueden ser destituidos previo sumario administrativo. La igualdad ante la ley consagrada en la Constitución Nacional, brilla por su ausencia.
En octubre del año pasado, el Poder Ejecutivo presentó al Senado un proyecto de ley de Reforma del Servicio Civil, en reemplazo del que el “significativamente corrupto” vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, entregó en vano en 2020, a la Comisión Bicameral de Reordenamiento de la Estructura del Estado. Como el anterior, el actual está guardando polvo en alguna gaveta, pues hasta hoy ni siquiera cuenta con el dictamen de una comisión. La deplorable negligencia, que muestra la escasa importancia que los legisladores otorgan al tema recuerda que el jefe de la misión técnica del FMI, antes citado, ya había criticado la “lentitud e ineficiencia” de los avances hacia la reforma del Estado para reducir la dispersión institucional y mejorar tanto el control como la coordinación, “incluso en la discusión de proyectos de legislación enviados al Parlamento”.
Nada ha cambiado, porque los congresistas se están ocupando sobre todo de asuntos electorales y, como siempre, temen disgustar a la voraz clientela instalada en el Presupuesto, un poderoso grupo de presión que defiende a toda costa sus irritantes privilegios, tan contrarios al interés general. Pero, en verdad, no basta con sancionar leyes: también hay que hacerlas cumplir, algo que no se ha logrado en absoluto en cuanto a la vigente Ley de la Función Pública, siempre vulnerada por las propias autoridades de todos los niveles.