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Antonio Fretes se va hoy de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como el ministro más acaudalado que haya parido la más alta magistratura y con la mancha más oscura y tenebrosa que haya ocupado ese cargo en tiempos de democracia. Antonio Fretes no se va expulsado por el sistema por sospechas de corrupción; a pedido del cartismo ha resistido hasta el final y se irá hoy por ser un cumpleañero de 75 años, forzado por tanto a acogerse a la jubilación dentro del Poder Judicial.
Se va luego de haber arrastrado inmisericordemente a todos sus pares obligados a vivir, convivir y debatir con él conceptos jurídicos de la más alta administración de justicia. Se va ostentando en su legajo la fortuna más descomunal que haya sido evidenciada desde un cargo similar dentro del Poder Judicial y luego de habérsele premiado con la presidencia, durante un año, para “hon- rar” su persona y deshonrar al Paraguay entero.
Exceptuando sus lamebotas –que son varios dentro del mismo Poder Judicial–, en su viaje de partida no se llevará los aplausos ciudadanos ni mucho menos el respeto, sino las sospechas –hasta ahora no investigadas sin fundamento alguno– de presumible corrupción, lavado de dinero, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. El año en que el Poder Judicial lo bendijo con el cargo de mayor envergadura –presidente de la CSJ– se destapó una incontenible cloaca que demostraría cómo habría sido usada la justicia para un descomunal enriquecimiento que hasta el momento gira en torno a los US$ 20 millones. La desvergüenza y la deshonra acompañan el final de su investidura.
El 17 de noviembre del año pasado, Amílcar Fretes, uno de los hijos del ministro Antonio Fretes, confirmó que había firmado un contrato de casi 400.000 dólares para darle “una salida” a la entonces inminente extradición de Kassem Hijazi a los Estados Unidos. El hecho podría haber sido un servicio profesional jurídico más si no fuera que era el hijo del ministro de la Corte que debía decidir la extradición del brasileño de origen libanés, además de tener prohibido ejercer la profesión en el sector privado por ser incompatible con su trabajo dentro de la Entidad Binacional Itaipú. El contrato firmado por Amílcar con el hijo de Hijazi destapó la olla más maloliente y el verdadero rostro de Antonio Fretes. Detrás del famoso acuerdo –sobre el cual hasta hoy aún no se ha pronunciado el Gobierno estadounidense– saltaron las fechorías más inverosímiles vinculadas a un clan del que resulta difícil no sospechar que estaba relacionado al poder del ministro saliente.
No tardaron en aparecer graves denuncias de manipulaciones a través de la Sindicatura de Quiebras que Fretes parecía manejar a su antojo. Un largo listado de propiedades urbanas y rurales, inmuebles esparcidos por todo el país forman parte hoy de un millonario patrimonio del clan relacionado al mismo, que arrancó con una empresa donde se encontraron acciones por más de 4.000 millones de guaraníes que, inicialmente, estuvieron a nombre del mismísimo ministro de la CSJ. Su hijo Asdrúbal Fretes, funcionario de la Fiscalía General del Estado, y una abogada que inició en una modesta panadería, pero que llegó a depositar 1.000 millones de guaraníes en efectivo como accionista, aparecen hoy día como propietarios de casa de préstamo, potentados accionistas de bancos locales y supuestos dueños de empresas con millonarios activos en representación del clan.
La cofradía fue tan brutalmente impune que cometieron groseros errores que dejaron un trazado iluminado de presuntos ilícitos que hasta hoy día no merecieron ninguna consideración de la Fiscalía. Dejaron tantos rastros que no tardaron en aparecer las ligazones de los negocios con el ministro de la Corte. Desde abrirle una caja de seguridad a su nombre en un Banco y usando una de las empresas, hasta pasar las acciones de una millonaria firma, del padre al hijo Fretes.
Una flota de vehículos, edificios, adquisición de licencia para medio de comunicación, empresas inmobiliarias propietarias de terrenos, edificios, residencias; acciones en dos bancos de plaza y en otros negocios de inversiones, gestiones de cobros y pagos, ganadera, proveedora de artículos de limpieza, negocios de seguros y una diversidad de emprendimientos aparecen ligados al grupo Fretes. El caso que se destapaba el 17 de noviembre del año pasado ha padecido cuatro meses de una escuálida investigación fiscal; la Contraloría dice que aún no tiene el estudio de correspondencia de bienes, y así la impunidad acompañará hoy los últimos pasos de Antonio Fretes para trasponer el umbral del Palacio de Justicia, un espacio que enloda.
Hoy se va este ministro acompañado de su sinvergüenza personal y rumbo a gozar de la fortuna que por el momento parece sonreírle. Pero detrás de sí queda la deshonra, la inmoralidad, las sentencias aparentemente monetizadas, los remates de bienes de esforzados ciudadanos y la dudosa legitimidad de actos judiciales firmados mientras estaba en el horno de sospechas de corrupción. Se va Fretes, pero queda una deslucida, desteñida y desgastada Corte Suprema de Justicia que ha tolerado revolcarse en la inmundicia de una misma cloaca. Mucho es lo que tendrán que hacer para remontar y sacudirse la nauseabunda suciedad que hoy los rodea y dignificar de nuevo la casa de la diosa Astrea.