En los últimos días la ciudadanía paraguaya ha tenido una sobredosis inaguantable de confirmación de malversaciones y corruptela en obras públicas y con dinero público. Gobernantes del Partido Colorado de los últimos diez años –Horacio Cartes (2013/2018) y Mario Abdo Benítez (2018/agosto 2023)– han hecho un ejercicio abusivo intolerable de la improvisación, el endeudamiento, la malversación, mala gestión y sobrecostos en contratos públicos que en nada beneficiaron a los contribuyentes. Metrobús, oficinas públicas, pasarelas, rutas paupérrimas, viaductos chapuceros, empedrados inexistentes, pozos multimillonarios. Las escuálidas finanzas del pueblo siguen financiando las canalladas que continúan engordando el bolsillo de los eternos vividores del erario público. Los últimos ejemplos que volvieron a relucir retuercen las vísceras y agitan rebeldías: el metrobús y las costosas oficinas públicas.
El corredor vial de buses, parido, perpetrado y atropellado por el gobierno de Horacio Cartes y sus adláteres es hoy día uno de los monumentos fantasmas más oprobiosos y costosos financiado con el dinero público. Han sido muchos los compatriotas que pagaron carísima la aventura de una obra que arrancó sin que nadie supiera cómo iba a terminar, o peor aún, si iba a terminar. El fallido metrobús es un ejemplo de un elefante blanco, con una infraestructura extremadamente costosa y con un bajo retorno de inversión que no solo no ha cumplido con el propósito con el que fue iniciado, sino que en lo más descarnado, ¡no existe!
En esta desventurada aventura de una obra pública de la era colorada cartista, no todo está perdido: se podría perder mucho más aún. El Paraguay ha sido demandado por la constructora portuguesa Mota-Engil que reclama unos 35 millones de dólares ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI, Uncitral por sus sigla en inglés). Como parte del desangre sufrido –y que aún persiste– el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ha contratado a una consultora francesa para defender legalmente al Paraguay; el costo del servicio es un contrato de unos US$ 5 millones, además de gastos del Tribunal y costos del arbitraje, esto sin contar que se podría perder la pulseada con lo cual los verdaderos costos de la obra fantasma se dispararían aún más.
Esta obra pública no solo fue mal parida en toda la dimensión de la palabra sino que además goza hasta este momento de una descomunal impunidad. Con ayuda de la ex fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, todos los artífices del inexistente mamotreto han gozado de una terrorífica inmunidad para salir ilesos de este criminal atropello a las arcas públicas. Paraguay ha tenido que esperar siete años y a un nuevo fiscal general del Estado para ver a un par de funcionarios públicos imputados, entre ellos el ex ministro colorado cartista de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona.
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Cuando aún no se apagaba el fuego de la imputación por el caso metrobús, cuando seguía reflotando la inmundicia de una obra fallida imputada a los bolsillos ciudadanos, la población fue confrontada con otro delirio extremo: El gobierno municipal colorado del intendente cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez anunció que no iban a aprobar las nuevas oficinas del gobierno anunciadas, licitadas e iniciadas por el gobierno colorado de Horacio Cartes y concluidas con sobrecostos y reformas aparentemente no aprobadas del gobierno colorado de Mario Abdo Benítez. Una pulseada entre colorados por una obra iniciada por colorados, construida por colorados, desautorizada por colorados y vuelta a autorizar provisoriamente por colorados.
La población se enteró de sopetón que los US$ 83 millones derrochados en cinco torres planificadas para oficinas públicas no estaban autorizadas. El parto de esta obra fue también obra de la administración del ex ministro colorado cartista Ramón Jiménez Gaona, bajo el gobierno colorado del expresidente Horacio Cartes, actual presidente de la ANR. La construcción y reformas que se insertaron fueron hechas por el entonces ministro colorado abdista Arnoldo Wiens, bajo el gobierno colorado de Mario Abdo Benítez, en una zona proclive a las inundaciones, con estacionamiento solo para 2.100 vehículos y con un flujo diario de circulación de 10.000 personas –entre permanentes y visitas–. Además de los 83 millones de dólares que ya se llevan invertidos, se inyectarán ahí unos 35 millones de dólares remanentes del inexistente metrobús, con lo cual el costo final superará ampliamente los 100 millones de dólares.
Quizá sean ciertos pero no dejan de ser sospechosos los motivos alegados por la Municipalidad del cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez para no otorgar la autorización: uno, porque la mayoría de los argumentos no pudieron haber descubierto recién ahora. Y dos, porque los permisos para construcciones de estaciones de servicio nos han demostrado lo poco que le importa a la Comuna asuncena el cuidado y seguridad urbanísticos. ¿Será posible que los colorados de la Municipalidad de Asunción no vieron lo que construían los colorados del Poder Ejecutivo? La cuestión es que, 48 horas después de los rimbombantes anuncios, la municipalidad colorada cartista le dijo a la administración central colorada abdista que los hechos son “subsanables”.
Es difícil habituarse a ser un espectador de facciones coloradas despellejando el dinero público con cero consecuencias para los ladrones y oportunistas. Es más difícil cuando la ciudadanía financia con sus impuestos estos amancebamientos y divorcios ocasionales que terminan abrazados alrededor de una urna al momento de votaciones.
Estos últimos diez años han tratado de una feroz interna entre colorados partiendo y repartiendo al país, cuestionándose mutuamente endeudamientos, cuadriculando al Paraguay para hacer una repartija de poderes, negociados y ganancias indebidas a costa de los impuestos. Mientras, en diez años, las obras públicas de mala calidad, con sobrecostos, con sospechosos accionistas, empresas apadrinadas por políticos y autoridades han ido engordando a la patria contratista. Los cercanos al poder político han demostrado lo fácil que es evadir los controles para beneficiarse en forma desproporcionada en detrimento de otras empresas y de la sociedad en general con el consabido resultado de obras deficientes, inservibles o inexistentes.
Se impone con urgencia la reflexión del estado que deseamos tener y al cual tenemos derecho a aspirar. Uno que introduzca profundas reformas a las obras públicas, donde los negocios lícitos reemplacen a los negociados, la planificación sustituya a la improvisación, las construcciones públicas de calidad reemplacen la chapucería, la transparencia desplace a la tenebrosa oscuridad de la repartija de dinero, y la rendición de cuentas públicas satisfaga a la gente.
Podemos, debemos –y tenemos derecho– a sustituir la patria contratista por una patria soñada.