Aparte de estafar al fisco en materia de subsidios y de someter a los pasajeros al suplicio de las “reguladas” extorsivas, ahora resulta que quienes se llaman empresarios del transporte público de la Gran Asunción también presentan declaraciones juradas “inconsistentes”, según detectó la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), en una auditoría realizada por primera vez con el Viceministerio del Transporte. En efecto, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, dijo que algunas de las veinte declaraciones examinadas muestran ingresos que no condicen con los subsidios recibidos por las firmas, en tanto que otras incluyen choferes con “salarios muy altos” o “gastos personales” del todo ajenos a la actividad en cuestión. Ahora se buscaría constatar si se intentó engañar al fisco, como todo parece indicar, para eludir el pago de impuestos.
La declaración jurada falsa, la adquisición fraudulenta de subvenciones y la evasión impositiva son delitos perseguibles de oficio, que deben ser denunciados ante el Ministerio Público por los funcionarios que los conozcan en el ejercicio del cargo; por de pronto, el Viceministerio de Transporte ya presentó tres denuncias relativas a pasajeros inexistentes y a validaciones del billetaje electrónico, hechas por varias concesionarias en 2022 y en 2023. Si se confirmara la comisión de los hechos punibles que el control cruzado en curso estaría revelando, sería presumible que se vienen cometiendo desde 2011, año en que Fernando Lugo decretó el régimen del subsidio: desde entonces, consumió la friolera de unos G. 880.460 millones, vale decir US$ 124 millones a la fecha, conforme a los diferentes informes obtenidos por ABC mediante el portal unificado de Acceso a Información Pública - AIP.
Serían muy elevadas, pues, las sumas defraudadas al fisco en los últimos doce años, con absoluta impunidad: se habría venido delinquiendo a costa de los contribuyentes de todo el país, ante la inoperancia o la complicidad de los órganos estatales de control, en su mayoría bajo gobiernos colorados, que deliberadamente toleraban el timo a gran escala. Todo subsidio conlleva el serio riesgo del fraude, razón por la que el Código Penal le dedica una extensa norma específica, que prevé una sanción de hasta diez años de cárcel, cuando el autor se vale de un funcionario que abuse de su competencia o de su posición. Es evidente que esta disposición no ha servido para disuadir a unos “empresarios” voraces, habituados a que sus declaraciones impositivas sean una mera formalidad y, por ende, a entregarlas sin tomarse la molestia de inventar datos más o menos creíbles o evitar la desfachatez de referir más pasajes vendidos a la hora de cobrar el subsidio, pero menos ingresos al momento de tributar.
Resulta asombroso que, durante los últimos doce años, corruptelas tan burdas como las que están saliendo a la luz no hayan sido percibidas por la SET, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la Contraloría General de la República, la Secretaría Nacional Anticorrupción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas o el Ministerio Público. Es muy probable que los funcionarios responsables hayan sido estimulados para cerrar los ojos, lo que plantea la vieja cuestión del contubernio público-privado, tan frecuente en las contrataciones públicas. Si se confirmaran los hallazgos señalados por el viceministro Orué, cabría concluir que el transporte público de pasajeros de la Gran Asunción está a cargo de algo bastante parecido a una asociación criminal, confabulada con “servidores públicos” infieles. Se habrían defraudado sumas descomunales, que pudieron haber tenido mucho mejores destinos que el sucio bolsillo de unos sinvergüenzas de marca mayor, complotados contra el interés general.
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Desde ya, es hora de revisar todo el régimen del subsidio, financiado por una gran mayoría de contribuyentes –directos o indirectos– que no se desplazan en los buses del Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) o la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama), por la simple razón de que no viven aquí y, por ende, no se benefician del menor costo del pasaje. También están bajo investigación empresas agremiadas en Fetram y Cotrapar. En verdad, lo que se viene perpetrando desde hace más de una década es un latrocinio mayúsculo, que ya demanda la intervención de oficio del Ministerio Público: urge poner fin a una defraudación sistemática y hasta hoy impune, cometida por ciertos “empresarios” coludidos con funcionarios corruptos, en su gran mayoría colorados. Quien defrauda al fisco por costumbre no es un emprendedor, sino un delincuente habitual, que debe conocer el interior de una cárcel, porque así lo mandan la ley y el sentido de justicia.
Sería saludable, en fin, que los empresarios auténticos se manifiesten en torno a los hechos punibles de ciertos “colegas”, que afectan el buen nombre del gremio y someten a sus empleados al suplicio cotidiano de tener que valerse de sus deplorables servicios. Como contribuyentes, también ellos son victimizados, de modo que no deberían permanecer callados, como si la gravísima cuestión no les concerniera. El silencio de los inocentes alienta a los malvados, tanto como la inacción culposa de los que tienen el deber de combatirlos desde un cargo público.