El primer aniversario del asesinato sufrido por el agente fiscal Marcelo Pecci es ocasión no solo para honrar su memoria, sino también para volver a subrayar la inserción del crimen organizado en nuestra sociedad, más de una vez señalada por el presidente de la República. El crimen fue cometido en Cartagena, Colombia, donde varios de los implicados ya se hallan detenidos o condenados, pero aún se ignora quién o quiénes fueron sus autores intelectuales. Se sospecha sí que el letal encargo fue impartido desde el Paraguay, aunque ni el Ministerio Público ni la Policía Nacional tendrían pistas al respecto.
Si los responsables de la autoría material y de la organización in situ ya fueron identificados por los órganos competentes de Colombia, los nuestros no habrían avanzado en lo que atañe a los mandantes, según se desprende de lo dicho hace unos días por el fiscal general de ese país, Francisco Barbosa: “Nosotros hemos hecho la tarea que debimos hacer, tenemos múltiples condenados, continuamos con la investigación. Creo que le corresponde a Paraguay ahondar en lo que respecta a la preparación del crimen y cómo ocurrió”. Todo indica que aquí no se ha “ahondado” nada, aunque de la cita se desprenda que la operación criminal se gestó dentro de nuestras fronteras; en efecto, la Fiscalía General colombiana está convencida de que Margaret Lizeth Chacón Zúñiga y su esposo, Andrés Felipe Pérez Hoyos, hoy condenado, recibieron desde nuestro país el pedido de ultimar al agente fiscal, aunque la primera niegue los cargos.
Se dirá que las investigaciones respectivas, suponiendo que existan, deben ser sigilosas y que, por ende, las informaciones obtenidas deben tener un carácter reservado; empero, no pueden ser tan discretas que ni siquiera el fiscal general colombiano sepa de ellas, en un caso que exige una cooperación internacional muy estrecha. Conste que en declaraciones hechas a este diario hace un mes, el mismo fiscal general ya había afirmado que el Paraguay tiene que “participar claramente en la determinación” de la autoría intelectual; sería importante, según dijo, que “indague estos hechos desde el punto de vista de esa última motivación”; el 90% del caso ya estaría resuelto: “faltaría un pedazo de esa investigación aquí en el Paraguay”. Desde luego, lo restante es de la mayor trascendencia: quien o quienes encargaron el crimen desde nuestro país deben ser descubiertos aquí, dado que, hasta hoy, ninguno de los recluidos en Colombia está dispuesto a revelar el dato.
También en marzo último, el senador Ramón Retamozo (ANR) reveló un alarmante informe que la agente fiscal Alicia Sapriza entregó el 7 de febrero al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM): en su dependencia, no existía ninguna carpeta fiscal relacionada con el luctuoso caso de Marcelo Pecci. A fines de abril, la misma agente fiscal, así como sus pares Lorenzo Lezcano, Manuel Doldán y Federico Delfino creyeron necesario aclarar al JEM que sí se había abierto una pesquisa, aunque no adjuntaron el documento antes solicitado. En suma, pasó un año y no se sabe de ningún avance investigativo en suelo paraguayo, como si las actuaciones de la víctima mortal no hubieran afectado los intereses de ninguno de sus habitantes: todo habría empezado y terminado en Colombia, aunque así no lo crea su propio fiscal general, que tiene una muy buena opinión del Dr. Emiliano Rolón.
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Es deseable que, dentro de los límites de la sana razón, este dé mayor transparencia a las investigaciones en curso, suponiendo que existan; las palabras de su colega, reiteradas en igual sentido, deberían llamarle la atención acerca de la necesidad de “ahondar” en un asunto de suma relevancia para la lucha sin cuartel contra el narcotráfico. No solo importa saber quién apretó el gatillo; también es preciso conocer al que concibió la idea de acabar con la vida de quien estaba interfiriendo en sus hediondos negocios. ¿Estaría en condiciones, el Ministerio Público, de excluir que resida o haya residido en este país? ¿Nada tienen que decir la Secretaría Nacional Antidrogas o la de Inteligencia, una de cuyas funciones es poner a disposición conocimiento útil con el fin de detectar las acciones de organizaciones criminales transnacionales?
Los organismos colombianos hicieron un buen trabajo, siendo lamentable que no se pueda afirmar lo mismo del de los nacionales. Por de pronto, estos parecen darse por satisfechos con los resultados obtenidos en el país del asesinato, a diferencia de su fiscal general que, con toda evidencia, apunta al Paraguay como el hogar del o de los inductores. No hace falta ser un criminólogo para presumir que tiene razón y que si los directamente involucrados guardan silencio es por temor a sufrir un destino tan cruel como el de su víctima: quien o quienes les dieron el encargo y el dinero serían pues muy poderosos, tanto como para amedrentar también a los supuestos investigadores paraguayos: si la mafia se ha infiltrado en las entidades públicas, creerían conveniente actuar con mucha prudencia. No obstante, la cooperación internacional, el coraje que se espera de un agente fiscal y la memoria de Marcelo Pecci exigen que el Ministerio Público se esfuerce por llegar hasta la autoría intelectual, aún oculta vergonzosamente.