En medio de la crisis institucional que afecta a la Gobernación y ante la inoperancia culposa del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), los sufridos pobladores del Alto Paraguay se ven forzados a organizar colectas (“vaquitas”) y a emplear sus propias máquinas para reparar caminos que las lluvias convierten en lodazales. Debe admitirse que la tan traída y llevada “ausencia del Estado” es una cruel realidad en uno de los departamentos más pobres del país, azotado desde siempre por la presencia, eso sí, de unos politicastros ineptos y corruptos, mucho más interesados en su propio bienestar que en el de los conciudadanos.
Conste que, en materia vial, hay una curiosa alianza público-privada para mantener transitables los caminos, en virtud de un convenio entre la Asociación de Caminos, la Gobernación y el MOPC: la primera, que ya se declara insolvente, se ocupa de los trabajos de mantenimiento y de cobrar el peaje de ida y vuelta, aunque esas funciones estatales sean indelegables, salvo que exista un contrato de concesión. De hecho, el Ministerio y la Gobernación ni siquiera colaboran. Claro que la iniciativa de los particulares se torna indispensable cuando el Estado incumple un deber tan esencial como el de asegurar en todo tiempo la comunicación terrestre.
El abandonado Alto Paraguay tiene 82.349 km cuadrados, pero solo están pavimentados el “corredor bioceánico”, que cruza el extremo sur del departamento, y la pista de aterrizaje de Fuerte Olimpo. El aislamiento de sus 22.000 habitantes, que apenas puede ser paliado por vía fluvial y aérea, tiene graves consecuencias, no solo para la actividad económica, sino también para la salud pública. En este sentido, como los centros sanitarios están mal equipados y carecen de personal especializado, muchas veces los pacientes deben ser trasladados a lejanas ciudades como Asunción, Pedro Juan Caballero, Concepción o Puerto Murtinho (Brasil). Las tremendas carencias del departamento son atribuibles tanto al Gobierno nacional de turno, que se desentiende de ellas, como a la indignante rapacidad de quienes ejercen cargos electivos, incluso a nivel municipal; se ha publicado que el dinero público allí se malversa con toda impunidad y los presuntos responsables hasta son reelegidos, probablemente a platazo limpio: los corruptos también saben corromper, valiéndose de la ignorancia o de las necesidades ajenas, no raras veces provocadas por ellos mismos.
Mientras esos sinvergüenzas sigan mandando, no se podrá esperar que el Alto Paraguay prospere. Los mismos defienden y amplían sus intereses bastardos, a costa del bien común, como si fuera la cosa más natural del mundo: se apropian del dinero público, sin que les inquiete la conciencia. De la normalidad de esa faena estuvieron convencidos, en su momento, los exdiputados Tarsicio Sostoa y José Chamorro (ambos ANR), entre otros voraces “dirigentes” colorados de infausta memoria. El exgobernador José Domingo Adorno (ANR), que infelizmente volverá a ser diputado, fue denunciado ante el Ministerio Público por el uso irregular de los fondos de emergencia, con base en un informe de la Contraloría General de la República; este mismo órgano denunció a la diputada Marlene Ocampo (ANR) debido a un faltante de 4.400 millones de guaraníes, registrado cuando fue gobernadora: no fue reelecta, por suerte. Aún no han sido imputados, pese a todo.
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Personajes de la misma o peor calaña son responsables en gran medida de que los habitantes del Alto Paraguay se hallen marginados de la comunidad nacional, en más de un sentido; lo que les importa, sobre todo, es medrar a costa de la población, sin temor alguno a ser sancionados. Paradójicamente, se benefician de la pobreza que perpetúan, esto es, de un nefasto círculo vicioso que subleva el ánimo de quienes los observan desde su impotencia. Habrá que ver si el próximo Gobierno central y el gobernador electo, Arturo Méndez (ANR), se ocupan del departamento como es debido, porque quienes allí residen tienen el mismo derecho que sus compatriotas de todo el país a participar de “los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura”, según la Constitución. Deben ser rescatados de la indolencia y de la corrupción, para que “estén mejor”.
No basta con los elogiables esfuerzos desplegados por los particulares en materia vial: es preciso que las entidades públicas, empezando por el MOPC y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, contribuyan mucho más a elevar la calidad de vida de quienes deben subsistir en tan penosas condiciones. Por de pronto, al decir del ganadero Cidinei Repossi, cuyos familiares están reparando una vía de 50 kilómetros, la dura realidad de los desastrosos caminos, que traba el desarrollo, implicaría “una verdadera vergüenza y falta de respeto de parte de las autoridades, para con los pobladores y ganaderos”.
Para rematar, en estos días, como resultado de la política partidaria interna, y estando en juego una presunta “tragada” de 10.000 millones de guaraníes, existe una encarnizada puja por el cargo de gobernador: ante la renuncia de José Domingo Adorno, quien ahora ganó la banca de diputado. Se disputaban su lugar los concejales departamentales Ricardo Duarte Filho y Cinthia Benítez, como si en el ejercicio de sus funciones hayan demostrado preocupación por el bienestar de sus compatriotas de la zona, a juzgar por el calamitoso estado del departamento y la calidad de vida de sus habitantes. Es probable que ambos y quienes les secundan estén más interesados en el botín que representa el cargo antes que atender sus obligaciones, a juzgar por el desempeño de sus antecesores. El Alto Paraguay no se merece tanto atropello.