gobernación

La Gobernación de este departamento chaqueño invirtió en el 2018 la suma de G. 1.200 millones en la compra de dos máquinas trituradoras para enripiar los caminos de tierra en la zona. Ninguna de estas fue utilizada para dicho fin, ya que hasta la fecha no se logró colocar ni siquiera medio centímetro de piedras en los tramos ruteros; es más, las trituradoras fueron abandonadas entre las malezas, donde desconocidos se encargaron de robar parte de sus accesorios.

Tras reiteradas denuncias de supuesta malversación del uso del dinero público por el ex gobernador y actual diputado José Domingo Adorno, reciclado en filas de Honor Colorado, la Contraloría General de la República (CGR) dispuso en el 2020 la realización de una auditoria a la administración del exjefe departamental, sin embargo hasta la fecha no da a conocer el resultado final.

La Contraloría dispuso auditorías a siete gobernaciones, entre ellas a Cordillera en la anterior gestión, a cargo del actual presidente del PLRA, Hugo Fleitas, lo que luce como represalia promovida por los liberocartistas. Llamativamente, el ente omitió a cuestionadas exadministraciones, como Canindeyú y Caazapá.

La ejecución presupuestaria 2023 aprobada por los concejales departamentales corresponden a 5 administraciones distintas, que surgieron tras la crisis política desatada el año pasado en esta Gobernación. Un concejal denunció que la aprobación se realizó a los apurones y sin contar con documentos respaldatorios; sus colegas lo desmintieron y afirmaron que el mismo no participo de la sesiòn por llegada tardía.

El concejal colorado Juan Gualberto Ortiz denunció que su correligionario, el gobernador Arturo Méndez, cartista, no respeta a la Junta Departamental y toma decisiones personales sin contar con el aval de los concejales, como ser el reconocimiento de comisiones civiles y transferencia de rubros. El jefe departamental desmintió la acusación, alegando tener buena relación con la Junta y que el reconocimiento de comisiones se ajusta a lo que dice la Ley.