A principios de julio, 10.000 kilos de cocaína –valuados entre 500 y 1.000 millones de euros– cayeron en el puerto alemán de Hamburgo, en un contenedor enviado desde el Paraguay. Se trata de la segunda mayor carga del estupefaciente incautada en Europa, pues la primera sigue siendo la de 16.174 kilos, que llegó al mismo sitio el 12 de febrero de 2021, también desde nuestro país. Por lo demás, otro apreciado puerto de destino de las “exportaciones” nacionales es el belga de Amberes, donde en 2021 fueron descubiertos 10.964 kilos de cocaína y el año pasado 5.170. En ambos casos, el cargamento fue embarcado en el “Puerto Seguro Fluvial” de Villeta.
El alijo recién descubierto, oculto en uno de sésamo, salió del Puerto Privado Fénix, ubicado en Mariano Roque Alonso, donde la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) tiene un escáner que debería haber detectado el embarque ilícito. En opinión de su sagaz jerarca, Julio Fernández, lo que falló no fue la tecnología, sino un “factor humano”, así que “se podría hablar de complicidad”. Por de pronto, en este caso hay dos personas imputadas, con orden de captura. Cuatro días después del hallazgo en Alemania, el anónimo aduanero infiel estaba “haciendo oficina”, sin ocuparse de monitoreos; se ignora el resultado del sumario administrativo abierto para establecer responsabilidades.
En abril de 2021, Julio Fernández reveló que el jefe del Poder Ejecutivo quería que se apresure la compra de diez escáneres; en julio, se dijo que dos de ellos serían adquiridos antes de fin de año, pero la licitación fue anulada debido a la diferencia entre los precios locales y los internacionales. Llamativamente, ocurren estas cosas cuando se trata de adquirir radares y escáneres, como si una “mano negra” metiera sus narices. Felizmente, la República de China (Taiwán) acudió en auxilio en 2022, donando cuatro escáneres para detectar productos ilícitos que ingresen al país o salgan de él; además, la máxima autoridad aduanera anunció la llegada de un escáner de origen francés. Finalmente, el 21 de junio de 2023 entró en vigor la ley que obliga a contar siempre con “equipos y tecnologías de inspección no intrusiva” en zonas primarias aduaneras y áreas de vigilancia especial, que permitan controlar eficazmente las mercaderías que entran, que salen o que están en tránsito aduanero internacional.
Lo ocurrido semanas más tarde demuestra que los bandidos no se inquietaron por la llegada de esos aparatos, dado que al parecer su abundante dinero sucio es capaz de comprar conciencias y acciones, desde ya predispuestas. La DNA sigue siendo así un flanco muy vulnerable en la lucha contra la mafia, porque el mal radica menos en la falta de equipos o en su errónea ubicación, que en la ausencia de un plantel de funcionarios honestos. Desde luego, tampoco la población es responsable de los cuantiosos envíos de cocaína a Europa, como sostuvo Julio Fernández al decir hace un año que todos somos culpables.
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Puede pensarse que, bajo su lamentable jefatura, el órgano encargado de controlar las exportaciones y las importaciones continuó su negra tradición en materia de “maletines” recibidos y de evasiones impositivas toleradas, siempre con la intervención apenas disimulada de personeros del poder político: la DNA es un coto de caza muy disputado por los corruptos, sobre todo tras un cambio de Gobierno. Algún conflicto, como el desatado hace dos años entre Julio Fernández y el exsenador cartista Martín Arévalo, que se acusaron mutuamente por los delitos de tráfico de influencias y lesión de confianza, ha llegado a los tribunales. Gracias a este episodio, la ciudadanía pudo conocer las lujosas viviendas de algunos aduaneros. Si la Contraloría General de la República hiciera un “examen de veracidad” de las declaraciones juradas de bienes y rentas de varios de ellos, las conclusiones posiblemente confirmarían que la DNA es una gran fuente de constantes ingresos ilícitos.
El ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni, habló –“metafóricamente”– de levantar un muro para frenar el contrabando desde la Argentina: lo que habría que hacer es levantarlo en torno a la sede de la entidad en cuestión, para que no ingresen los sinvergüenzas que buscan enriquecerse ni sus respectivos “padrinos” angurrientos. Ya se verá si las cosas cambian con el futuro Gobierno. Por de pronto, la proyectada fusión entre la DNA y la Subsecretaría de Estado de Tributación obligaría a reacomodos nada ajenos a personales intereses monetarios: pueden surgir serias disputas sobre áreas de influencia, en las que el futuro presidente de la República, Santiago Peña, no debería actuar como árbitro, sino como defensor del interés general de precautelar los ingresos aduaneros, es decir, de sanear la administración.
No habrá escáneres ni “muros” que impidan la salida o la entrada ilegal de productos si los funcionarios están a sueldo de narcotraficantes o de contrabandistas, sin que sean alcanzados por la ley penal. En otras palabras, habrá que depurar el plantel aduanero e impedir el ingreso de nuevos agentes a sueldo de la mafia, seleccionando con el mayor rigor a los operadores de escáneres, sin atender las recomendaciones de algún poderoso correligionario. El presidente Mario Abdo Benítez, a poco de dejar el cargo, se apresuró a inaugurar un puente inconcluso; haría mejor en destituir cuanto antes al jefe de la DNA, como un signo de que, al menos al final de su mandato, se animó a decapitar un organismo podrido hasta los huesos.