Nadie ignora la calamitosa situación sanitaria, a cargo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y del Instituto de Previsión Social (IPS). Estas entidades arrastran gravísimas deficiencias de diverso orden en la prestación de sus respectivos servicios: la corrupción y la ineptitud se aúnan en ellas para que los pacientes y sus familiares lamenten de continuo la falta de medicamentos para males complejos, de insumos, de camas de terapia intensiva, de especialistas o de ambulancias, entre otras penosas carencias de los precarios hospitales y centros de salud.
Junto con el drama educativo, el de la sanidad debe merecer la mayor atención del próximo Gobierno, pues el Estado incumple su obligación de proteger y promover la salud como un derecho esencial de toda persona, así como la de brindar asistencia para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas. El 18 de abril de 2022 fue derogado el decreto que dos años antes declaró el estado de emergencia sanitaria ante la entrada del coronavirus, pero el peligro continúa aunque la pandemia haya perdido intensidad: hay otras amenazas que son permanentes, debido al colapso de la salud pública.
En el comunicado en que anunció que el Dr. Felipe González no dirigirá la cartera del área, el presidente electo Santiago Peña recordó que como candidato había asegurado que ella “tendría prioridad absoluta no solo en lo que respecta a equipamiento y recursos”, sino también a la gestión, que será “sensible y humana”. Es bueno saberlo, pero no tanto enterarse de que la futura ministra María Teresa Barán –exviceministra de Salud Pública y exjefa del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo– pretende que el MSPBS se haga cargo de los servicios médicos tan mal prestados por el IPS. Si el candidato presidencial Santiago Peña no manifestó esa intención en su campaña electoral, habrá sido porque no la tenía entonces o porque estimaba inconveniente darla conocer. Claro que también podría tratarse de una idea recién concebida por la Dra. Barán, siendo de esperar, si así fuera, que haya realizado las consultas del caso antes de lanzarla a la opinión pública, sin entrar en detalles.
No es una cuestión menor la planteada de improviso, con el argumento de que un sistema único de salud facilitaría el acceso a este derecho, tal como lo habría demostrado la pandemia. Naturalmente, se plantea de inmediato la cuestión de si el MSPBS podría prestar un mejor servicio que el ofrecido por el IPS al millón y medio de sus asegurados (cotizantes y beneficiarios), dado que su propia “clientela” se halla muy mal atendida. Aumentarla en gran medida contribuiría, más bien, a que las cosas empeoren para todos si la gestión ministerial fuera tan lamentable como siempre.
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Desde luego, no hay que dejar de lado el serio problema del financiamiento de la expansión ministerial: el presupuesto del MSPBS, que hoy asciende a unos ocho billones de guaraníes (1.102 millones de dólares), tendría que aumentar notablemente, incluso en el improbable caso de que la corrupción y el derroche cesen allí de la noche a la mañana; si no se quiere seguir aumentando el déficit fiscal, habrá que efectuar recortes en otras carteras, combatir con mayor rigor la evasión impositiva o aumentar la carga tributaria: ¿ya hablaron de este asuntillo la inminente ministra y Carlos Fernández Valdovinos, el venidero ministro de Hacienda? Por otro lado, habría que reducir el monto del aporte obrero-patronal al IPS, dado que en adelante solo debería servir para solventar las jubilaciones y las pensiones. Resulta que las fuentes de financiamiento de ambas instituciones son totalmente distintas: por un lado los aportes, y por el otro los impuestos.
Una iniciativa como la comentada, que solo estaría “en pañales”, al decir del actual ministro Julio Borba, no debe promoverse sin un detenido análisis multifacético previo: si ya se lo ha hecho, convendría que los ciudadanos, y en especial los aportantes del IPS, lo conozcan cuanto antes, sin olvidar, por supuesto, a los legisladores. Las improvisaciones en una materia tan relevante son un evidente signo de insensatez: el modelo alguna vez ensayado en Ayolas, a costa del IPS, resultó un gran fiasco, que ahora se buscaría extender a todo el país. Los recursos humanos y materiales de ambas entidades deben estar claramente diferenciados.
Entretanto, si la salud pública tendrá “prioridad absoluta”, habría que empezar por mejorar notablemente la gestión administrativa del MSPBS y de la entidad previsional: unificada o no, la sanidad seguirá siendo desastrosa si sus responsables son incapaces, corruptos o indolentes, según la costumbre. Su pésimo desempeño eleva los costos del sistema sanitario más que su alegada fragmentación: la calidad del personal directivo no importa menos que el diseño organizacional. Por de pronto, es necesario que el IPS y el Ministerio cumplan con sus respectivos pacientes, sin interferencias mutuas que es lo más probable que ocurra si una cuestión tan trascendental se lanza tan alegremente, como parece ser. Salvo que la Dra. Barán haya sido apalabrada para el cargo hace ya mucho tiempo, es improbable que de repente la tenga ya madurada como para lanzar una iniciativa tan trascendental. Precisamente, la salud pública no es algo que puede ser objeto de un experimento de imprevisibles consecuencias.