Si el crimen organizado se ha introducido en todas las instituciones, según el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y otras altas autoridades, no debe extrañar que también lo haya hecho en la Dirección Nacional de Aeropuertos Civiles (Dinac), en la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y hasta en las Fuerzas Armadas, según lo evidenciaron seis allanamientos realizados en los últimos días en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en instalaciones militares y en viviendas particulares. Por de pronto, las actuaciones fiscales, que se extenderían a otros sitios del país, han llevado a la detención de tres funcionarios de la Dinac y de un guía militar de canes detectores de drogas, comisionados en la Senad, presuntos miembros de una red internacional montada para el envío aéreo de cocaína a Europa, que tendrían fácil acceso a la plataforma de carga del aeropuerto.
La información que impulsó el operativo habría provenido del país destinatario del estupefaciente allí incautado, de modo que los organismos nacionales “ignoraban” la existencia de la trama local, que no actuaba precisamente en uno de los mayores aeropuertos internacionales del mundo, sino en uno pequeño como el nuestro. Cuando se descubre una red semejante, que se suele presentar como un gran éxito en la lucha contra el narcotráfico, se plantea de inmediato la pregunta de cuánto tiempo habría venido operando sin que la autoridades competentes lo hayan advertido. Un interrogante similar surge tras el hallazgo de algún gran alijo de drogas ilícitas que incrementaría estadísticamente el valor de los decomisos, sin atender que ello también indicaría el creciente volumen del tráfico, que sería inmenso.
Es presumible que, aparte de los perros olfateadores de la Senad, el aeropuerto internacional cuente con equipos para descubrir cargamentos ilícitos y que incluso teóricamente estén funcionando, aunque el personal encargado haga la vista gorda, según la cara de un generoso “exportador”. El serio problema hasta hoy insoluble radica evidentemente en el “factor humano” de siempre, según constató el “perspicaz” director nacional aduanero Julio Fernández, tras el reciente hallazgo de diez toneladas de cocaína “paraguaya” en el puerto alemán de Hamburgo, lugar de destino tan apreciado como el belga de Amberes para diversificar las “exportaciones” a Europa de “empresas” paraguayas de reciente origen, repentinas actoras del comercio internacional, cuyos dueños superan las pesquisas previas de la Dirección Nacional de Aduanas y de la Subsecretaría de Estado de Tributación, si es que son realizadas.
Ya venían siendo llamativas las dificultades y excusas que se escuchaban cuando se hablaba de la necesidad de instalar escáneres y radares. Algunos, inclusive, han tenido “fallas” después de su instalación. Es como para pensar que una mano negra “aceita” convenientemente todas las esferas –no solamente a los controladores y manejadores de perros– de las instituciones de control.
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El narcotráfico opera con sumas multimillonarias en dólares, capaces de doblegar conciencias ante el peso de los billetes, o hasta con la gangsteril amenaza de muerte. En su reciente visita al Alto Paraná, el presidente de la República afirmó que el Estado es “la única herramienta que tenemos en la lucha eficiente contra el crimen organizado; si está subordinado o permeado no hay esperanza para la sociedad”. Muy cierto, pero lamentablemente ese Estado está produciendo muy pocos resultados, la inseguridad está ganando terreno aceleradamente en todos los rincones del país, y nos parecemos cada vez más a las naciones de nuestra región que van camino a convertirse en narcoestados.
Ahora es la ministra de la Senad, Zully Rolón, la que dijo recientemente a un medio colega que ya no se habla de simples “zonas rojas” en lo referente al microtráfico, sino que “todo el país está bajo los efectos de esa problemática” Se confirma así lo que se ha venido sosteniendo ya desde hace algún tiempo: el Paraguay ya no es un país de tránsito de la droga por su territorio, sino de producción y consumo. Y, como se sabe, el microtráfico es el origen de la creciente criminalidad que sufre nuestra sociedad, esa que hace que los comerciantes de barrios tengan que despachar detrás de las rejas de sus ventanas, o que los vecinos usen sus autos para ir a comprar algo a dos o tres cuadras, en vez de caminar, por temor a ser asaltados en el corto trayecto. Así, la gente común vive virtualmente en una cárcel, mientras los delincuentes actúan libremente, a sus anchas.
El Paraguay estaría cayendo así en manos de la mafia internacional. La ministra Zully Rolón cree necesario mejorar las tareas de inteligencia, con más tecnología y mejor capacitación, lo que constituye un reclamo muy viejo. En 2015, el entonces director de la Senad, Luis Rojas, afirmó que 46 de los 260 funcionarios tenían nexos con el narcotráfico. Sería necesario también entonces que la escogencia del personal y su formación técnica sean mucho más rigurosas, sin perjuicio de reforzar los controles internos. Para algo existe, por cierto, una Secretaría Nacional de Inteligencia.
Todo indica, en fin, que el narcoestado está en ciernes, debido a la ineptitud y a la corrupción rampantes más que en la falta de elementos. La alianza entre el Estado y la mafia es un peligro inminente para propios y extraños, que debe ser sofocado con las armas en la mano, en el marco de la ley: es una de las patrióticas tareas de la hora. No hay tiempo para las excusas de siempre.