Los “números”, que Verri asegura su país “solo ahora” está analizando, son menos complicados de lo que nos quieren hacer creer. La deuda ya está cancelada, la central hidroeléctrica ya está amortizada, se acabaron las falsas excusas esgrimidas en el pasado. La única realidad es que Paraguay es dueño de pleno derecho del 50% de Itaipú, de diez de sus veinte turbinas y de 7.000 de sus 14.000 megavatios de potencia instalada. Pero la cuestión es que no utiliza toda su mitad, todavía le sobran unos 3.000 MW, capaces de producir unos 20 millones de megavatios/hora de electricidad al año y, en el mejor de los casos, aún tardará otra década en completar el uso de esos volúmenes con su demanda doméstica. Este, y no otro, es el gran tema en discusión.
Por imperio del Anexo C, Paraguay está obligado a cederle a su socio todo lo que no consuma y contrate. De esta manera, Brasil adquiere esos excedentes paraguayos a precio de costo, que es la tarifa de Itaipú (entidad sin fines de lucro), más un pequeño adicional que le paga a Paraguay en concepto de “compensación”, que actualmente es de aproximadamente 10 dólares el MWh, una cifra arbitraria y totalmente divorciada del valor real de esa energía.
¿Y qué hace Brasil con los excedentes paraguayos? Simple, los revende y se queda con las rentas resultantes. Cada octubre, la operadora estatal brasileña, antes Eletrobras, ahora ENBpar (Empresa Brasileira de Participaçoes em Energia Nuclear e Binacional), divide en bloques la potencia propia y la parte sobrante que le corresponde a Paraguay, y la pone en venta al mejor postor en los “leilãos” de São Paulo entre los 150 operadores públicos y privados que compiten en el desmonopolizado mercado eléctrico en Brasil, que son los que en verdad llegan al consumidor final.
Paraguay tiene que hacer sin más demoras eso mismo, nadie se lo puede impedir, al menos no legalmente, ya que es totalmente legítimo que el país disponga de su propiedad. Para ello solo necesita una ley que designe a un subastador, que inicialmente hasta podría ser la propia ANDE, toda vez que las diferencias vayan al Tesoro, al Ministerio de Hacienda. Lo ideal habría sido que a estas alturas ya se contara con un órgano supervisor y regulador, y con la asistencia de consultores internacionales, preferentemente de corporaciones financieras como Citigroup o J.P. Morgan, que son en realidad los grandes jugadores en la comercialización de energía a nivel mundial, pero no hay tiempo que perder, se puede ir ajustando el proceso posteriormente. Hay un proyecto de ley impulsado por técnicos y empresarios locales que propone una participación mínima obligatoria de empresas paraguayas. Podría ser, hay que estudiarlo, pero hay que hacerlo rápido.
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La urgencia se debe a que para octubre ya tiene que estar hecha la división en bloques y la convocatoria a subasta en Hernandarias. La gran ventaja es que la comercialización de energía eléctrica siempre se hace a futuro, así también funciona en Brasil. Eso significa que Paraguay primero tiene que subastar y solo después contratar la potencia en Itaipú, con el régimen actual de previsión anual, lo que elimina todo riesgo en la operación.
Para tener una idea, la tarifa actual de Itaipú, que es el precio de costo, es de 16,71 dólares el kilovatio/mes, que es igual a 23,2 dólares el MWh, y podría bajar aún más. El precio base de las subastas podría estar en torno a los 40 dólares el MWh, que es lo que le cobra la ANDE a los “mineros” de criptomonedas. Tomando estas referencias conservadoras, 20 millones de MWh que tiene Paraguay de excedentes en Itaipú significan, como mínimo, 350 millones de dólares netos para el fisco, probablemente mucho más.
La última palabra la tiene el Gobierno y, específicamente, Santiago Peña. Es muy sencillo: ¿quiere hacerle el juego diplomático a Brasil, evitar molestar a los poderosos vecinos, agradar a su colega Lula da Silva, o defender los intereses paraguayos?