Las “Cumbres de poderes” se han vuelto habituales desde que al exjefe de Estado Nicanor Duarte Frutos se le ocurrió escenificarlas para exhibir a la ciudadanía el sumo interés gubernativo en abordar coordinadamente los asuntos públicos más relevantes, entre las que siempre ha figurado, por supuesto, la corrupción rampante. Como no podría ser de otra manera, los participantes se comprometen a dedicar sus mayores esfuerzos a combatir ese terrible flagelo, de común acuerdo con las otras máximas autoridades estatales. Así, la opinión pública puede tener la certeza de que las malversaciones, las coimas o las licitaciones públicas amañadas y con sobrecostos serán, si no eliminadas, al menos sensiblemente reducidas en cantidad y en magnitud. Pero estas “cumbres” eran generalmente convocadas cuando las papas quemaban para el Gobierno, hasta que, ante la falta de resultados, los presidentes de los partidos, también invitados en esas ocasiones, se negaron a asistir.
El flamante presidente Santiago Peña ha continuado la tradición, incluso con mayor energía, pues ya ha convocado a dos encuentros de la cúpula estatal, en poco menos de una semana. Al concluir el segundo, dio a conocer que, por supuesto, se firmó un acta de compromiso para fijar toda una estrategia nacional de combate a la corrupción, a ser presentada a más tardar el 24 de noviembre, ya que ninguna entidad puede combatirla por sí sola; en tal sentido, se prevé la sanción de varias leyes que generen un impresionante “ecosistema de control”, cuya eficacia, cabe apuntar, dependería en gran medida de que las nuevas normativas tengan vigencia efectiva: el problema no radica tanto en la legislación, como en la inoperancia y en la podredumbre de quienes deben cumplirla y hacerla cumplir. Cabe preguntar: ¿qué necesitaba el Poder Judicial para cumplir con sus obligaciones? ¿No sabían los legisladores que su labor no es repartir cargos, incrementar artificialmente el Presupuesto para ubicar a su clientela o autoconcederse privilegios? ¿O, qué apoyo necesita el fiscal general, que encabeza un órgano extrapoder, para cumplir su trabajo como representante de la sociedad?
Sin dar precisiones, Santiago Peña dijo también que los altos interlocutores se comprometieron a atacar no solo el contrabando, sino también el tráfico de drogas y el de armas. En verdad, estos frentes de lucha, a los que se agrega el del lavado de dinero, son de suma importancia para el saneamiento del país, siendo de esperar que la palabra empeñada se convierta en hechos contundentes. Pero, en realidad, ¿por qué no lo venían haciendo anteriormente? El actual fiscal general, Emiliano Rolón, se mostró entusiasmado y dijo que seguiría asistiendo a las próximas cumbres. ¿Le faltaba algún impulso proveniente, en este caso del Poder Ejecutivo, para emprender sus tareas? Es de desear que no sea así, que preserve su independencia.
Por otra parte, en esta “cumbre” realizada para enfrentar la corrupción y otros delitos, uno de los asistentes fue el presidente del Congreso, el senador Silvio Ovelar (ANR, cartista). Según los antecedentes conocidos, en el 2013, en un “trato apu’a” (de ahí su sobrenombre) había ofrecido comprar cédulas de identidad para impedir el voto de electores liberales. Es también el que bastardeó la ley que exige la rendición de cuentas de los gastos electorales, trámite que calificó de “bolaterapia”. Y para concluir, es quien –un día antes de la segunda cumbre– organizó un partido de fútbol nada menos que en “Mburuvicha Róga”, figurando entre los invitados el senador Erico Galeano (ANR, cartista), actualmente procesado por los presuntos delitos de lavado de dinero y asociación criminal. Según el fiscal Silvio Corbeta, el mismo debería estar en prisión preventiva, y en consecuencia, no jugando fútbol con tan altas autoridades en la misma residencia presidencial. Su presencia dice mucho acerca de la delicadeza del “dueño de casa”.
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Por supuesto, tras la “cumbre” abundaron, como siempre, las sonoras y edulcoradas palabras de buenas intenciones, parte esencial del show acostumbrado. Seguramente seguirán otros encuentros para reiterar los firmes compromisos asumidos, como si los participantes no tuvieran desde ya el deber de actuar tal como lo ordenan la Constitución y las leyes, sin necesidad de montar un espectáculo más, que a estas alturas ya resulta aburrido. Si de corrupción se trata, la ciudadanía ya podría haberse dado por satisfecha si por lo menos cada uno de los dialogantes hubiera dicho simplemente que no incurrirá en ella ni permitirá que continúe en el ámbito de su competencia, aplicando las normativas en vigor. Por lo menos, es de esperar que esta “cumbre” no sea un “trato apu’a” para que los amigos “estén mejor”.