“Si nos preocupamos por quién se va a quedar con el vuelto, no vamos a hacer nada”, dijo el entonces concejal asunceno Yamil Esgaib (ANR, HC) en septiembre de 2015, durante un debate en la Junta Municipal sobre la compra de una impresora por 650 millones de guaraníes, en el marco de una licitación presuntamente amañada. Ocho años más tarde, el hoy diputado nacional Yamil Esgaib sostuvo, al tratarse en la Cámara Baja el pedido de intervención de las municipalidades de Valenzuela, Puerto Casado y Ñemby, que “acá hay una decisión política, sin hacer juicio de valores; puede ser ladrón, lo que quiera: la decisión es política y por mayoría se logran los objetivos”. Así de simple, así de brutal. Una amplia mayoría de los colegas de quien aparenta ser un amoral legislador, conformada por colorados y liberales, estuvo de acuerdo con que un o una intendente puede robar, sin que su administración sea tan siquiera intervenida por el Poder Ejecutivo para buscar la transparencia.
Es decir, nada importa que la valenzolana Mirtha Fernández (PLRA, “dionisista”) esté acusada penalmente por el delito de lesión de confianza que habría cometido mediante “obras fantasma” que costaron 602.970.000 guaraníes, que el casadeño Hilario Adorno (ANR, HC) habría presuntamente registrado a su nombre una camioneta comprada por 50 millones de guaraníes con fondos municipales y desviado 600 millones de guaraníes previstos para almuerzo escolar de niños indígenas, ni que el ñembyense Tomás Olmedo (ANR, FR) habría transferido a comisiones vecinales más de 4.000 millones de guaraníes para obras al parecer nunca realizadas. Los pedidos de intervención rechazados provinieron de las Juntas Municipales, con el voto de los ediles de los partidos tradicionales; empero, sus correligionarios diputados prefirieron ignorarlos, alegando la consabida “persecución política”.
Roberto González (ANR, FR) calificó muy bien lo ocurrido, pintando de cuerpo entero a sus pares mayoritarios: “Este es un pacto, no de impunidad, sino de delincuencia (...) yo salvo a tu corrupto y vos salvás a mi corrupto”. En efecto, se gestó una coalición contra la decencia y, por ende, se abre una amplia senda para quienes malversan o quieren malversar el dinero de sus compatriotas. Para bien de los intendentes que, entre otras canalladas, se apropian de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) o montan licitaciones en beneficio propio y de sus cómplices, el antes citado enemigo de los valores afirmó también que la “decisión política” de no intervenir obedece a que, de lo contrario, “vamos a entrar en un tema de nunca acabar”. Es como la confirmación de que el popular deporte de la malversación es ampliamente practicado en las municipalidades del país. En otros términos, si se prestara el acuerdo con respecto a las tres municipalidades referidas, las solicitudes de intervención se multiplicarían, de modo que es mejor ponerles freno, para salvar a los “amigos”.
En verdad, ¿adónde iríamos a parar si no se tratara de apartar y sancionar a los presuntos sinvergüenzas? Por de pronto, los intendentes Hernán Rivas (ANR, HC) y Miguel Ángel Gray (ANR, HC), de Tomás Romero Pereira el uno y de San José del Rosario el otro, pueden estar tranquilos, porque la Cámara habrá de protegerlos, en virtud de la perversa doctrina expuesta por el exconcejal capitalino, aunque el primero haya sido denunciado penalmente por lesión de confianza, estafa y asociación criminal, y el segundo no rinda cuentas del uso de los royalties ni del dinero del Fonacide, además de no responder a pedidos de informes sobre el almuerzo escolar y realice contrataciones directas y ampliaciones presupuestarias sin que participe la Junta Municipal.
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Las medidas rechazadas con toda arbitrariedad ni siquiera suponían la destitución de los jefes comunales, algo que solo podría ocurrir luego de que el interventor presentara su dictamen al Poder Ejecutivo, para que este lo remita a la Cámara a fin de que ella resuelva removerlos o no. La abrumadora mayoría ni siquiera estuvo dispuesta a que las inculpaciones sean investigadas sobre el terreno, sino prefirió amparar a los acusados. Es que “por mayoría se logran los objetivos” de cualquier índole. Da lo mismo, con tal de imponer lo acordado en un contubernio.
A 58 de los 80 diputados les importó un bledo que los intendentes en cuestión hayan delinquido o no en el ejercicio del cargo, por la simple razón de que bien pueden ser ladrones, al fin y al cabo. Son los compañeros de ideales de Maquiavelos criollos a quienes les tienen sin cuidado los valores y, por ende, el bienestar de los gobernados, víctimas de los latrocinios municipales, departamentales y nacionales.
En síntesis, el órgano legislativo no defendió a la ciudadanía ni escuchó a los ediles, basado en una “decisión política” absolutamente contraria a la moral y a la legalidad. Lo ocurrido muestra hasta qué grado de repugnante impudicia ha llegado la clase política, por así llamarla. A este paso, muchos intendentes van a “estar mejor”.