Empleando dos metáforas, el nuevo gerente de Salud del Instituto de Previsión Social (IPS), Carlos Morínigo, dijo que entraba en “un barco hundido” y que se buscaba “reanimar a un muerto”. Más aún, afirmó que no se puede “continuar con la misma gente” o con una que “está ligada a hechos de corrupción”. Quizá porque se sintieron aludidos, sus rotundas expresiones disgustaron a los consejeros Gustavo Arias y Miguel Ángel Doldán, representantes respectivos de los empleadores y de los trabajadores. El primero quedó “desconcertado”, pero el segundo fue más lejos: aparte de invocar la presunción de inocencia, la que, por cierto, no impide una investigación penal, afirmó que las declaraciones citadas fueron “ofensivas”, que el IPS debe hablar ante la prensa, el Congreso y “lo que sea” solo a través de su presidente y que él no quería que “esto se salga, porque nos va a perjudicar a todos”.
Como este indignado caballero sienta plaza en el Consejo de Administración desde 2014, no puede ignorar, por decir lo menos, cuanto se ha venido perpetrando durante casi una década en grave perjuicio de los asegurados del IPS. Tendría que estar enterado no solo de las penurias de los pacientes, sino también de las licitaciones fraudulentas, del endeudamiento colosal, de los pagos sin comprobantes respaldatorios o del derroche en viajes y combustibles, entre otras calamidades administrativas. Tiene la suerte de que, según parece, los gremios empresariales no le exigen que les rinda cuentas de sus acciones u omisiones, como si estuvieran satisfechos con una gestión que debería avergonzarlos.
Gustavo Arias ya ha sido reemplazado, luego de cuatro años de gozar de un sueldo envidiable y de los privilegios propios del cargo, sin inquietarse en absoluto por la suerte de los pacientes trabajadores, a quienes supuestamente representa, ni ser interpelado por las centrales sindicales, que parecen estar más interesadas a lo sumo en los festejos del 1 de Mayo y en los reajustes salariales. Fue reemplazado por Víctor Insfrán Dietrich, el expresidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios que en 2010 fue absuelto por la prescripción de una causa abierta en 1999, a raíz de un presunto delito de lesión de confianza que le habría costado a esa entidad cinco millones de dólares.
En el Decreto N° 337/23, que nombra a Insfrán Dietrich como consejero, se cita una nota del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, “por la cual se eleva la terna de postulantes y se solicita el nombramiento del representante titular ante el Consejo de Administración del IPS, en representación de los trabajadores asegurados”; se ignora quiénes integraron la terna y cuál fue la organización proponente, así como el motivo del reemplazo –aunque es de imaginar, tras las profusas publicaciones sobre el ente–, lo que revela una notable falta de transparencia. Se tiene la impresión de que todo se manejó entre gallos y medianoche. Igual cabe decir de la designación de José Jara Rojas como representante de los jubilados y pensionados, en vez de Roberto Brítez, en virtud del Decreto N° 263/2023; solo se sabe que preside una seccional colorada capitalina y que integró el Consejo de Administración durante el Gobierno de Horacio Cartes, siendo así presunto corresponsable, como el actual presidente, Jorge Brítez, de parte de los males del IPS, que no empezaron recién en 2018.
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La Carta Orgánica ordena que los consejeros tengan “reconocida versación en las ramas de Ciencias Médicas, Económicas, Financieras, Administrativas o de Seguridad Social”; presumiblemente los recién nombrados no cumplan con dicha exigencia. Resta la pregunta de por qué Miguel Ángel Doldán sigue en su puesto. Hace unos días, cuando José Jara Rojas ya había sido nombrado, jubilados y trabajadores exigieron la destitución de sus respectivos representantes. Aunque se hayan manifestado con alguna tardanza, es saludable que lo hayan hecho, demandando a la vez que sea imputado el expresidente Vicente Bataglia; en verdad, el Ministerio Público también debería ocuparse –cuanto antes– de los cinco miembros del anterior Consejo de Administración: su funesto desempeño debe ser sancionado.
De hecho, la Contraloría General de la República presentó el 5 de septiembre una denuncia penal por un desfalco de nada menos que un billón de guaraníes (137.488.700 dólares), que se habría cometido en el IPS solo en 2022 y en el primer cuatrimestre de este año. Estremece imaginarse lo que se habría malversado desde 2018, para no ir más allá. La investigación estaría en sus inicios, según el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. Es de esperar que no se demore mucho, pues el trabajo ya fue hecho por la denunciante, en gran medida.
Las designaciones realizadas por Santiago Peña no alientan grandes esperanzas de regeneración, pero cabría confiar en que el peso de la ley, que eventualmente caiga sobre los autores del presunto descomunal descalabro financiero que salió a luz, sirva para que el nuevo presidente y los flamantes consejeros no caigan en la tentación de incurrir en las mismas barbaridades.