Durante la campaña proselitista, el candidato presidencial Santiago Peña creyó oportuno señalar a funcionarios de Itaipú Binacional que muchos correligionarios creen, “lastimosamente”, que llegan a los cargos porque son “guapitos, porque tienen la pared llena de títulos”, y aclaró que si los ocupan lo hacen “gracias al Partido Colorado”. Sin embargo, en su discurso inaugural, el Presidente de la República lamentó que el Estado sea “un conglomerado de instituciones paquidérmicas que (...) generan clientelismo y despachan prebendarismo”. ¿Cómo va a ser de otra manera si para los nombramientos prevalece la papeleta colorada, como lo reconoce el propio Jefe de Estado?
Por de pronto, la evidente discordancia entre ambos dichos ha sido resuelta en la práctica en favor del primero, pues se transmite la impresión de que son numerosos los nuevos nombramientos que no responden a los méritos ni a las aptitudes de los afortunados, sino a su carnet partidario, a su condición de cartistas, o a la amistad con algún mandamás de turno. En algunos casos, también cuentan el parentesco y el deseo de indemnizar a quienes no fueron elegidos el 30 de abril. Es claro que ninguno de estos criterios asegura un buen desempeño en el puesto. Es como si se hubiese “privatizado” la función pública en aras de la politiquería y de los que mandan.
Como la exdiputada Marlene Ocampo perdió su reelección en los comicios internos, fue consolada con la presidencia del Instituto Paraguayo del Indígena, pese a que la Contraloría General de la República detectó un faltante de 1.800 millones de guaraníes durante su gestión como gobernadora del Alto Paraguay. José Ocampos, comisionado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería a la Cámara Baja, donde fue cesado por “planillerismo”, preside Cañas Paraguayas SA; Víctor Insfrán Dietrich integra hoy el Consejo de Administración del IPS: en 2010, prescribió la causa abierta al mismo en 1999 debido a una presunta malversación de fondos que le costó cinco millones de dólares a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios, que encabezaba. Otro consejero recién designado se llama José Jara Rojas, cuyos únicos méritos son haber ocupado el mismo cargo bajo el gobierno de Horacio Cartes y encabezar una seccional colorada. No se recuerda que durante su anterior desempeño haya denunciado alguna de las graves irregularidades como las que hoy se ventilan en el IPS.
El exgobernador y exdiputado Luis Benítez, designado el 15 de agosto director interino de la Entidad Binacional Yacyretá, la visitó dos semanas antes para “conocer la situación”, siendo sustituido en la Cámara Baja por Fabiana Souto, esposa del vicepresidente de la República. Por su parte, volvió a Itaipú Binacional como directora jurídica Iris Magnolia Mendoza, y nombrada como asesora de Turismo Diana Centurión, esposas respectivas de los senadores colorados Silvio Ovelar y Juan Carlos “Nano” Galaverna.
Estos nombramientos bastan para ejemplificar que no hay motivos para confiar mucho en que el Gobierno actual se aparte de la vieja línea de promover a correligionarios, familiares y amigos, en perjuicio de la eficiencia y de la honestidad en la función pública. Dicho sea de paso, lo mismo ocurre en el Congreso, cuyos miembros disponen de “cuotas” para sostener a sus respectivos paniaguados, a costa de los contribuyentes, aunque sean ineptos de marca mayor. Allí se crean cargos superfluos por propia iniciativa, aparte de satisfacer, por regla general, las solicitudes rutinarias de diversos organismos. Este año, el Poder Legislativo tendría 112 puestos adicionales, con lo que el número total llegaría a ¡2.870 funcionarios! Uno de ellos está ocupado por Olivia Vega Vera, directora del rimbombante cargo de Enlace con el Poder Ejecutivo. En las últimas elecciones, la misma fue operadora política del intendente capitalino Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR) y de su esposa, la senadora Lizarella Valiente.
Es deplorable que las palabras del candidato presidencial Santiago Peña, antes citadas, hayan expresado la verdadera convicción de nuestra clase política, más allá de los colores: no le importa que la concepción del Estado como un botín a ser distribuido entre los seguidores del bando vencedor en unas elecciones, sin atender la calidad moral e intelectual de los mismos, atente gravemente contra el bien común. Parece una perogrullada, pero es necesario repetirla una y otra vez, para que algún día “hacer política” sea en verdad una noble actividad y no uno de los caminos más cortos para enriquecerse, sin correr el serio riesgo de ir a parar a la cárcel.