El Instituto de Previsión Social (IPS) ha venido apareciendo como una fortaleza inexpugnable frente a cualquier actuación de la Justicia ante la sarta de presuntos graves hechos de corrupción que se han venido denunciando en la institución desde hace varios años. Por eso, es plausible que el Ministerio Público haya abierto por fin una investigación con respecto a los gravísimos desmanejos en los que habría incurrido el Consejo de Administración, bajo la presidencia de Vicente Bataglia. Como se trata de hechos punibles de acción pública, sobre los que la prensa ha venido publicando tantas veces, la causa penal bien pudo haberse iniciado de oficio, sin esperar a que los presuntos delitos sean puestos a conocimiento del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, por el actual presidente de la entidad previsional, Jorge Brítez, por la senadora Kattya González (PEN), por el diputado Raúl Benítez (PEN) y por la Contraloría General de la República (CGR). Tampoco era necesario que el Senado le instara a tomar en serio el informe de este órgano, que dio cuenta del colosal desfalco de un billón de guaraníes (137.488.700 dólares), que se habría perpetrado en 2022 y en el primer cuatrimestre de este año.
Un día antes de la formal apertura de la causa penal, Vicente Bataglia, cuyo patrimonio declarado al dejar el cargo ascendía a 8.746 millones de guaraníes, tuvo a bien ponerse a disposición de cualquier pesquisa, como si ella dependiera de su actitud. Desde luego, si los presuntos hechos punibles fueran constatados por los cinco agentes fiscales intervinientes, habrá que determinar no solo la responsabilidad del expresidente del Consejo de Administración, sino también la de cada uno de sus miembros de entonces: Ricardo Oviedo, Ludia Silvera, Miguel Ángel Doldán, Gustavo Arias y Roberto Brítez.
Dicho órgano ejercía la dirección y la administración del IPS, de modo que todos sus integrantes deben dar cuenta de sus actuaciones en los hechos investigados. Habrá que consultar, pues, las actas de las sesiones relacionadas con ellos, para conocer el sentido del voto emitido por los asistentes. El Código Penal castiga a quien causara o no evitara un perjuicio a un interés patrimonial relevante, cuya protección asumió en virtud de una ley. Según la Carta Orgánica del instituto, el presidente debe presentar a los consejeros, entre otras cosas, el balance general y los informes actuariales. Dada la desastrosa situación financiera, se plantea la pregunta de si esos documentos eran aceptados aunque no existían comprobantes de los pagos efectuados, como sostiene la CGR.
El contralor general Camilo Benítez llegó a decir que el IPS ni siquiera conocía el monto de sus deudas, de modo que el balance general y los informes actuariales, si eran efectivamente entregados a los consejeros, no reflejaban el verdadero el estado de cosas. ¿Nunca les llamó la atención al presidente ni a los consejeros, por ejemplo, el descomunal consumo de combustible, por un valor total de 9.823 millones de guaraníes, al que los propios consejeros contribuyeron con más de 200 millones de guaraníes, entre enero de 2022 y abril de este año? El mayor dispendio en el Consejo de Administración correspondió a Gustavo Arias, el exrepresentante de los trabajadores que, durante el ejercicio del cargo, se hizo de una lujosa residencia veraniega en Areguá.
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La CGR ya debería estar realizando el examen de correspondencia entre las declaraciones juradas de bienes y rentas hechas por el presidente y los miembros anteriores del Consejo de Administración al ocupar y al abandonar el cargo, para luego denunciar ante el Ministerio Público eventuales indicios de irregularidades o de enriquecimiento indebido.
Si se han cometido delitos por acción u omisión, es necesario que los autores, cómplices y encubridores carguen con las responsabilidades penales y civiles. Es indignante que mientras se malversaban o derrochaban los aportes obrero-patronales, los asegurados sufrían la falta de medicamentos, de insumos o de especialistas; estaban indefensos, pues quienes debían defender sus legítimos intereses en el Consejo de Administración hacían la vista gorda o quizá algo más.
Es de desear que la persecución penal que se inicia, que debe hurgar en lo más profundo de ese antro putrefacto que ha venido siendo el IPS, no termine en agua de borrajas, sin explicación alguna, como suele acontecer para escarnio de una sociedad vejada, una y otra vez, desde la función pública.