Según el art. 46 de la Constitución, “todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos”, de modo que “no se admiten discriminaciones” en función del sexo, de la raza, del dinero, del credo político o religioso o de cualquier otra condición personal. La norma siguiente dice que el Estado debe garantizar, entre otras cosas, “la igualdad ante las leyes”, lo que supone la igualdad ante quienes las aplican o deben aplicarlas: si no hay un motivo razonable, las personas no deben ser tratadas en forma diferente. La violación de estos principios básicos del Estado de derecho, como lo sería el nuestro, subleva el ánimo por la flagrante injusticia que supone la existencia de ciudadanos de primera y de segunda.
Nadie ignora que en el Paraguay la Justicia no tiene los ojos vendados ni que las autoridades suelen actuar o dejar de hacerlo según la cara del cliente; es lo que se está viendo en el indignante caso de la evidente ocupación ilícita de la finca 916 de Villa Hayes, por parte de numerosos intrusos que no viven precisamente en la miseria, de los que al menos ha trascendido una veintena de nombres. El escándalo estalló el 27 de septiembre, cuando las senadoras Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) y Celeste Amarilla (PLRA) denunciaron el despojo perpetrado en virtud de una ley, sancionada “automáticamente”, que declara de interés social y desafecta del dominio privado del Ministerio de Defensa Nacional, a favor de la Municipalidad de Villa Hayes, una parte de la finca N° 916, ubicada en ese distrito, para su posterior venta a sus actuales ocupantes.
El 1 de octubre, ese Ministerio anunció que estaba buscando con la Procuraduría General de la República una estrategia para recuperar la fracción de 131 hectáreas: ella incluiría un eventual pedido de desalojo de los intrusos. El 3 de octubre, este último órgano informó que, cumpliendo instrucciones del Presidente de la República, inició acciones judiciales para defender el patrimonio público. Ese mismo día, el juez José Villalba visitó el sitio en cuestión con el fin de “colectar elementos o informaciones para iniciar una demanda” y llamó a los presuntos implicados en el hecho punible a prestar declaración jurada el 13 de octubre, “sobre la personalidad y en qué carácter ocupan el inmueble” (¿?).
Y bien, lo habrían estado poseyendo en forma ilegítima desde al menos 2016, sin que el Estado hubiera tomado nota de una situación que no se generó de la noche a la mañana.
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Es probable que si los diputados cartistas Basilio Núñez y Edwin Reimer no hubieran presentado durante el periodo legislativo anterior el malhadado proyecto de ley para desafectar dichas tierras y transferirlas a la Municipalidad de Villa Hayes –posiblemente para regularizar las ocupaciones vip–, los felices ocupantes habrían seguido gozando con toda calma de las bondades de un sitio que se ha valorizado muchísimo en los últimos años. Les salió el tiro por la culata, en el afán de blanquear una grosera ilicitud. Dejando en claro que nuestro diario rechaza con firmeza las ocupaciones de tierras privadas o públicas, podemos señalar que un campesino “sin tierra” que atenta contra la inviolable propiedad privada puede contar con que no pasarán mucho tiempo sin que sea expulsado por orden judicial o por guardias privados de los propietarios afectados. Dos casos se produjeron en los últimos días, uno en Ciudad del Este, donde en el enfrentamiento falleció una mujer con problemas de salud, y el otro precisamente en Remansito –en las inmediaciones de la ocupación vip–, con saldo de un muerto y tres heridos. A diferencia de lo que ocurrió en los dos incidentes violentos, los afortunados opulentos intrusos se vieron beneficiados con acciones promovidas en las altas esferas, como el proyecto de ley presentado por los diputados cartistas Bachi Núñez y Edwin Reimer. El primero operó, ahora ya como senador, a fin de que la iniciativa tenga sanción automática para desafectar el inmueble y transferirlo a la Municipalidad de Villa Hayes, cuna del “clan Núñez”, para blanquear las tierras, con sus mansiones. Aún más, el actual intendente de esa localidad, Luis López (ANR, cartista), acaba de salir a la palestra para exigir que la fracción usurpada sea “inmediatamente transferida” a la Municipalidad, alegando que una ordenanza de 2015 habría ampliado la zona urbana para incluir el barrio Jardines de Remansito. Menos mal que el Indert se desmarcó de tal propuesta, mientras que el Procurador General de la República, Marco Aurelio González, en declaraciones periodísticas, sostuvo que no ve “ningún asidero legal, ningún razonamiento jurídico” que apoye la pretención del intendente villahayense. A su criterio, ni siquiera cabe el pago por las mejoras realizadas en la finca ocupada sin las formalidades de rigor.
Cabe señalar que el propio exdiputado y hoy senador cartista lugareño Basilio Núñez reconoció explícitamente, al presentar su iniciativa, que el dueño del predio era el Ministerio de Defensa Nacional. En fin, los señores que entraron por la ventana tienen que salir por la misma vía, previa orden judicial, lo mismo que cualquier hijo de vecino que se instale en un inmueble sin el consentimiento del propietario, y que son desalojados muchas veces mediante el uso de la fuerza. La Constitución es bien clara sobre la igualdad ante la ley. Es decir, no se puede discriminar entre ocupantes “vip” y –parafraseando al inefable exdiputado Carlos Portillo (PLRA)– ocupantes “comunes”.