Respondiendo a una pregunta de la Comisión Bicameral de Presupuesto, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Fernando Ramírez, dijo que se necesitarían unos 500 millones de dólares anuales (3,6 billones de guaraníes) para llegar con la alimentación escolar a todos los niños del país; por su parte, los gobernadores habían manifestado ante dicho órgano que, para el mismo efecto, necesitarían 1,6 billones de guaraníes (281 millones de dólares) más que lo contemplado en el proyecto del Presupuesto nacional: 120.000 millones de guaraníes (16 millones de dólares) por sobre lo contemplado en el vigente.
Vaya por delante que es innegable la importancia de la alimentación escolar, si es cierto que, como dijo el citado ministro fundado en una estadística mundial, sirve para “retener” a la mitad de los educandos. Esto implicaría que, si no la hubiera, la deserción sería aún mayor que la del 50% de los alumnos que no concluye la escolaridad obligatoria, según el mismo jefe de cartera. El promedio de escolaridad de los mayores de quince años sería de solo 9,9 años. Es claro que no basta en absoluto con aumentar los fondos, sino que también es indispensable poner coto a su administración corrupta, inepta y negligente. Si se lograra este objetivo básico, no habría por qué volcar tanto dinero adicional a la alimentación escolar, que no es un fin en sí mismo. En efecto, los alumnos deben asistir a los centros educativos sobre todo para aprender, aunque para ello convenga, desde luego, que estén bien nutridos.
Cabe preguntarse si el hecho de que la cobertura en materia de alimentación escolar alcance a todo el grupo meta contribuirá a mejorar sustancialmente la pésima calidad de la enseñanza: el ministro señaló al respecto que siete de cada diez alumnos, teóricamente alfabetizados, no comprenden lo que leen. Este pavoroso dato coincide con el brindado por el Plan de Evaluación Internacional de Alumnos para el Desarrollo (Pisa), en el que también se lee que el Paraguay ocupa en matemáticas el puesto 73° entre 75 países. Está visto que la tasa de alfabetización del 95% es engañosa y que las nuevas generaciones no están siendo preparadas para avanzar en la sociedad del conocimiento, pese a la bien intencionada Ley N° 4088/10, que busca “fomentar la educación en todos sus niveles, garantizando el derecho que tiene toda persona a una educación integral, permanente y en igualdad de oportunidades”.
El sistema educativo es un rotundo fracaso, atribuible no solo a la falta de dinero público. El actual Presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencias, que asciende a 8,2 billones de guaraníes (1.201,3 millones de dólares), es aceptable en términos relativos, pues supera al de los Ministerios de Salud Pública y Bienestar Social y de Obras Públicas y Comunicaciones, aunque no llegue al 7% del producto interno bruto, aconsejado por la Unesco. En 2024 aumentaría en un 7,5%, lo que podría servir para paliar graves carencias en cuanto a infraestructura y equipamiento, si la administración fuera honesta y eficiente. Las condiciones en que se dan clases son deplorables, pero también lo es la ineptitud del cuerpo docente público, integrado por casi 77.000 personas, más interesadas en el salario y en otros beneficios que en su capacitación profesional.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Si la mayoría de los alumnos, muchos de los cuales tienen por lengua materna el guaraní, es incapaz de entender lo que lee, no es solo porque las escuelas y los colegios están desprovistos de pequeñas bibliotecas que incentiven la lectura: resulta que los maestros y profesores se dan por satisfechos con que los educandos sepan deletrear y memorizar. Por cierto, la Constitución dispone que la enseñanza en los inicios del proceso escolar se haga en la lengua oficial materna del educando. Así como están las cosas, es preciso invertir mucho más tiempo y recursos materiales en la formación y en la capacitación de los docentes; los periódicos exámenes de evaluación a los que se someten arrojan resultados vergonzosos, que solo inducen a los reprobados a exigir uno nuevo, menos “difícil”: su autoestima no se vería afectada y, por ende, no se esfuerzan por ser mejores en su noble oficio, aunque –eso sí– muchos de ellos se prestan a servir de comparsas en campañas electorales, en tanto que sus dirigentes chantajean con paros ya rutinarios.
En verdad, el plantel pedagógico de hoy es, a su vez, fruto de un sistema educativo cuya baja calidad es de muy larga data, con lo que se genera un círculo vicioso de fatales consecuencias para el país. En otros términos, el Instituto Nacional de Educación Superior (INAES) debería intentar subsanar, en la medida de lo posible, las deficiencias arrastradas desde hace décadas. En 2019, el ministerio competente evaluó la idoneidad de 12.017 docentes para elegir a quienes ocuparían vacancias; se aplazaron 6.717, en su mayoría –aunque parezca increíble– por no haber comprendido los textos transcriptos en las hojas de evaluación, aunque, paradójicamente, alrededor del 80% de los docentes ha egresado del entonces ISE. Esto significa que el analfabetismo funcional no solo afecta a los alumnos.
Hay que mejorar notablemente la calidad de la enseñanza pública, para que las nuevas generaciones puedan enfrentar con éxito los desafíos del futuro y, en particular, para que los niños y adolescentes de hogares humildes puedan gozar de igualdad de oportunidades en los beneficios de la cultura. Tal como están las cosas, el sistema educativo está incumpliendo sus objetivos permanentes de erradicar el analfabetismo de hecho y capacitar para el trabajo. En suma, es necesario hallar el modo de educar a los educadores, más allá de asegurar la alimentación escolar y mejorar tanto la infraestructura como el equipamiento.