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El bochornoso caso de Hernán Rivas denigra al Congreso y a la Justicia

Este artículo tiene 3 años de antigüedad

El diputado Raúl Benítez y la senadora Kattya González, ambos del PEN, reclamaron a los miembros del JEM que pidan a su par el senador Hernán Rivas (ANR, cartista) que demuestre la legitimidad de su título de abogado –supuestamente expedido por la filial esteña de la Universidad Sudamericana– y que, en caso de no hacerlo, le exijan abandonar el cuerpo. Los demandantes creen que el título es falso, tras haber solicitado informes de cuatro organismos estatales, entre ellos la Corte Suprema de Justicia. La cuestión es de suma gravedad y requiere ser dilucidada de una vez por todas, por razones penales e institucionales. Hernán Rivas ya había renunciado a la presidencia del JEM. Si se confirmara que, en efecto, no es abogado, ya no podría acogerse a una retirada parcial.

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El diputado Raúl Benítez y la senadora Kattya González, ambos del Partido Encuentro Nacional (PEN), reclamaron a los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que pidan a su par el senador Hernán Rivas (ANR, cartista) que demuestre la legitimidad de su título de abogado –supuestamente expedido por la filial esteña de la Universidad Sudamericana– y que, en caso de no hacerlo, le exijan abandonar el cuerpo. Los demandantes creen que el título es falso, tras haber solicitado informes de cuatro organismos estatales, entre ellos la Corte Suprema de Justicia. Aparte de que no habría constancias de que el senador haya en verdad cursado la carrera, les llama mucho la atención que haya recibido su diploma en menos de un día de trámites –lo que a una persona “común” le lleva semanas enteras–, para que el 9 de junio de 2020 (año en que la filial fue clausurada) pueda asumir la representación de la Cámara de Diputados ante el JEM. Según declaró entonces el vicerrector de la Universidad, Hermann Weisensee, había estudiado allí hasta 2015, sin haberse ocupado de gestionar su título académico; en otras palabras, los diputados lo eligieron para integrar el JEM sin contar con prueba alguna de que fuera abogado, habiendo sido blanqueado a posteriori, mediante un documento de presunto contenido falso. En otras palabras, su designación habría sido inconstitucional.

Atendiendo estos antecedentes y la notoria ineptitud del senador, reflejada en sus lecturas en voz alta a trompicones, llama la atención que continúe en dicho órgano en la actual legislatura. Llegó incluso a presidirlo, como si en la Cámara Alta no hubiera un abogado con un título indiscutible y una idoneidad mucho mayor para juzgar a miembros de la Administración de Justicia. A sus colegas algo más instruidos debería avergonzarles ser tan mal representados. El hecho de que Hernán Rivas “adore” a “don Horacio Cartes”, según dijo tras asumir la presidencia del JEM, no es condición necesaria ni suficiente para desempeñar tan importante papel.

Una de las causales de mal desempeño de funciones de un camarista es la manifiesta ignorancia de las leyes, revelada en un juicio: ¿con qué autoridad moral e intelectual sería juzgado en este caso por el senador de marras? Para empezar, debería demostrar fehacientemente que en verdad culminó la carrera de Derecho, requisito ineludible para integrar el órgano que deshonra. Por lo demás, quien enfrenta multimillonarias demandas judiciales por cobro de guaraníes y presentó inconsistentes declaraciones juradas de bienes y rentas, debería abstenerse de juzgar a nadie por “actos u omisiones que constituyen inmoralidad en su vida pública o privada y sean lesivas a su investidura”, una de las causales de mal desempeño de las funciones de un juez.

Los parlamentarios Raúl Benítez y Kattya González sostienen que su título de abogado es falso, lo que implicaría la comisión de un delito si ellos estuvieran en lo cierto. La cuestión es de suma gravedad y requiere ser dilucidada de una vez por todas, por razones penales e institucionales. Para más, Hernán Rivas ya había renunciado a la presidencia del órgano por “una cuestión estrictamente familiar y particular” –lo que más bien pareció una salida elegante a sus notorios problemas que salieron a luz– que supuestamente le impedía dedicarse plenamente a las actividades propias del cargo. Si se confirmara que, en efecto, no es abogado, ya no podría acogerse a una retirada parcial. Por de pronto, el JEM le instó por mayoría a que pida permiso como representante del Senado, hasta tanto los órganos competentes se expidan acerca de la legitimidad de su título de abogado, pero el legislador se negó a dar ese paso. Mientras la validez de su diploma académico no sea confirmada, pesará sobre él la sospecha de que habrá de juzgar sin el predicamento necesario.

La ley obliga a todo funcionario a “observar una conducta acorde con la dignidad del cargo”, pero la del senador en cuestión nunca ha estado a la altura de la dignidad del cargo de miembro del JEM. Es más que suficiente con que sancione leyes, para lo cual no se requiere ningún título universitario: basta, por ejemplo, con “adorar” a un padrino poderoso, aunque se sea significativamente incapaz, hasta el punto de convertirse en hazmerreír. El excandidato presidencial Santiago Peña restó importancia a los diplomas, así que Hernán Rivas no debería preocuparse.

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