El reciente motín desatado en la penitenciaría de Tacumbú muestra que la mafia está en vías de tomar el control del sistema penitenciario, ante el evidente desconcierto del inútil ministro de Justicia, Ángel Barchini. Por de pronto, solo cinco celadores prestan servicios en el superpoblado establecimiento que alberga a 2.763 reclusos, siendo su capacidad oficial de 1.500. Si muchos de los mal equipados carceleros se niegan a volver a sus labores por falta de garantías de seguridad, es porque el “Clan Rotela” se apoderó del mayor presidio del país, mientras las autoridades competentes hacían la vista gorda. El guardiacárcel sindicalista José Espínola dijo que ya “se negoció” muchas veces con el clan y que con los internos “se trabaja bien”, es decir, el Estado “negocia” en tren de igualdad con los delincuentes organizados, cuyo líder –Armando Javier Rotela– funge desde hace años como el verdadero dueño de un pabellón que ni siquiera el director del penal puede visitar sin su permiso, según se comenta.
La revuelta fue acompañada del asesinato de un reo que se negó a sumarse, así como de borracheras, cuchilladas y consumo de drogas, señal notoria del descontrol imperante. Para ponerle fin, el jefe mafioso exigió que ochenta de sus “soldados” detenidos en el Departamento Judicial de la Policía Nacional (PN) sean trasladados de inmediato a la prisión donde reina como amo y señor; con toda humildad, el Gobierno le pidió un plazo de treinta días, que la otra parte tuvo a bien reducir a quince: vencerá el 27 de octubre. El clan buscaría así reforzar sus filas en el penal desde donde, aparentemente, dirige el intenso tráfico del crack en la Gran Asunción e incluso controla algunas zonas como el Bañado Sur, donde hace poco una patrullera policial dejó de perseguir dos vehículos debido a la oposición de unos cincuenta pobladores, algunos de los cuales la apedrearon. Quienes reparten productos a domicilio (delivery), angustiados por la inseguridad rampante, tienen identificadas en la capital otras tres áreas “rojas”: el cruce de las avenidas Perú y Artigas, Itá Pytã Punta y Tacumbú. Esta parte de la cuestión ya compete al Ministerio del Interior (Policía Nacional), a cargo de Enrique Riera, quien al parecer no está a la altura de las circunstancias.
Es pertinente apuntarlo porque el marcado aumento de los atracos callejeros y domiciliarios mucho tiene que ver con el microtráfico de drogas, manejado por el temible clan, en libre comunicación tras las rejas para ordenar fechorías mediante la telefonía móvil. El último amotinamiento habría respondido a que miembros del grupo criminal estaban siendo trasladados a otros sitios, pues la PN cree que podría recuperar la prisión de manos de Armando Javier Rotela solo si los reclusos no fueran más de 1.500, empleando para ello al menos 4.000 efectivos; por lo visto, la resistencia sería considerable, aunque la población penal disminuyera en gran medida.
Por cierto, los cabecillas del Primer Comando da Capital (PCC) –el otro gran integrante del espectro delictivo nacional– fueron destinados a la cárcel de Cambyretá, luego de que diez miembros del clan contrario fueron ultimados en la sede penitenciaria de San Pedro.
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El sistema carcelario, que incluye a unos 17.500 internos y sirve sobre todo como centro de reclutamiento del crimen organizado, es “una bomba de tiempo que no da para más”, según el defensor del Pueblo, Rafael Ávila. El propio jefe de Estado, Santiago Peña, lo admitió tácitamente, antes de su último viaje al exterior: “La problemática de las penitenciarías claramente la sabemos desde hace muchísimos años; cuando tomamos la decisión de iniciar los estudios para el diseño de las cárceles, sabíamos que la población está totalmente superada en la capacidad que tiene”. En verdad, eso ya se sabe desde hace años, pero pasa el tiempo y la situación no ha merecido la atención que requiere sino, por el contrario, se va agravando con cada Gobierno que pasa. Con el actual, en la primera escaramuza seria que ha enfrentado, la de la cárcel de Tacumbú, al parecer los delincuentes han ganado por goleada. El presidente Peña y sus colaboradores deben convencerse que su acción no debe concentrarse en la economía o en la política, sino que la seguridad es también una pata importante de la plataforma para desarrollar toda gestión. En ese campo, se necesitan acciones concretas, pues, a estas alturas, las palabras ya están de más. Ya no queda margen para la demora: la inserción social del crimen organizado y el aumento de la inseguridad, así como del consumo de estupefacientes, son el pan de cada día que mantienen en zozobra y angustia a la población. Y la preocupación sube de tono cuando aparecen personas de negro pelaje posando junto a candidatos presidenciales y otros políticos, como ha venido ocurriendo, o que personas buscadas por la Justicia hasta entren a jugar fútbol en la residencia presidencial.
Repetimos: el interés general no se debe limitar a la economía o a los problemas políticos y sociales. La respuesta en materia de inseguridad debe ser también enérgica, de modo que la gente común tenga ganas de trabajar para su bienestar y no para entregar el fruto de su esfuerzo a los agentes de la delincuencia.