Fitch Ratings mantuvo la calificación soberana de Paraguay en BB+ con perspectiva estable y algunos lo han considerado como un hecho favorable. Ciertamente es mejor mantenerse que retroceder, pero la verdad es que se trata de un freno de mano por parte de las calificadoras internacionales de riesgo en relación con el país. El año pasado habían manifestado una impresión mucho más optimista y lo habían dejado a un paso del tan ansiado “grado de inversión”, toda vez que se hicieran bien los deberes. Está claro que aquellas expectativas se han ido disipando y ese objetivo queda cada vez más lejos.
Fue muy publicitada a mediados de 2022 la evaluación de Moody’s Investor Services, que, tras su revisión anual, también había mantenido la calificación de Paraguay en Ba1, pero había elevado su percepción de “estable” a “positiva”, por considerar que el país había capeado bastante bien los shocks externos, había sostenido cierta disciplina fiscal pese a las condiciones adversas, sobre todo en comparación con la región, y que, si bien había mucho por corregir, si se concretaba un paquete de reformas que ya estaban encauzadas, había margen y tiempo para aspirar a una progresión en el ranking.
La escala de Fitch va de AAA, que es la mejor y principal, con riesgo cero o casi cero, a D, que indica bancarrota y cesación de pagos. La BB+, donde se ubica Paraguay, todavía está dentro del “grado de no inversión especulativo”. Por su parte, Moody’s tiene una escala de 21 categorías, de AAA a C, donde la Ba1 ocupa el lugar 11, también dentro del grado especulativo. Pero en ambos casos Paraguay está a un escalón del rango medio inferior del grado de inversión, BBB en el caso de Fitch y Baa3 en el caso de Moody’s.
A modo de comparación, la calificación Ba1 es mejor que la de Brasil, catalogado por Moody’s como Ba2, y mucho mejor que la de Argentina, que es Ca, al borde del default, lo cual de alguna manera le da al país una ventaja comparativa y una buena imagen relativa que hace que sea visto con buenos ojos por agentes económicos del exterior interesados en esta región.
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Las calificaciones otorgadas por estas grandes consultoras, como Fitch, Moody’s, Standard & Poor’s y otras, son tomadas como los principales marcos de referencia por los bancos, las casas bursátiles y, a través de ellos, los inversionistas para adoptar sus decisiones de incluir o no a un país en sus portafolios, tanto en toma de bonos y otros instrumentos como en la radicación de potenciales inversiones directas, de ahí su importancia.
Alcanzar el grado de inversión implicaría una ventaja determinante. Para empezar, tendría un efecto directo en la tasa de interés que paga el Paraguay en los mercados de capitales, tanto a nivel público como privado, pero también en el tipo de inversionistas y la calidad de las inversiones que se verían atraídas hacia el país, lo que en sí mismo significaría grandes oportunidades para decenas de miles de compatriotas y para el desarrollo nacional.
Pero ello estaba sujeto, además de la restauración del equilibrio macroeconómico, a la aprobación y, sobre todo, la implementación de una serie de leyes y reformas, tales como la del servicio civil, la de contrataciones públicas, las que completan el marco de prevención del lavado de dinero, las relativas a la Caja Fiscal y otras, para asegurar la sostenibilidad y mejorar la eficiencia del gasto público, así como potenciar nuestro perfil de crecimiento.
Agregamos nosotros que también se requieren reformas estructurales en lo laboral, en lo previsional, en el sector eléctrico, así como una negociación exitosa en Itaipú y un saneamiento de la deuda de Yacyretá, para asegurar un flujo de ingresos conforme con lo que legítimamente le corresponde al país y disponibilidad de energía limpia y barata para emprendimientos productivos.
Sin embargo, en casi ninguna de esas áreas se ha avanzado. En el campo fiscal, el Gobierno actual se ha encargado de señalar que la contabilidad oficial estaba maquillada y que la situación de las finanzas públicas es mucho peor de la que se creía, a la par de “patear” para dentro de dos años el plan de convergencia del déficit. La nueva ley de adquisiciones no se aplica por falta de reglamentación. El proyecto de ley de la función pública duerme en el Congreso. Sobre la Caja Fiscal no hay ninguna novedad más que un “compromiso de buscar consenso”, lo mismo que con la supervisión del sistema previsional. Ni siquiera se ha conformado un equipo negociador para Itaipú ni se han establecido los objetivos estratégicos. Se presentó una ampliación presupuestaria sin precedentes, tanto en contenido como en forma, para 2023; el proyecto de presupuesto para 2024 no ofrece ningún cambio significativo, con 1.000 millones de dólares más de gastos, y el propio Presidente de la República admite que envió una adenda de suba salarial a congresistas bajo extorsión.
Santiago Peña ha tenido varios importantes resbalones en el corto lapso de menos de tres meses que lleva en el poder. Quizás su inexperiencia le esté pasando factura, quizás no tenga buenos consejeros, quizás no los escucha o quizás escuche a las personas equivocadas. Pero se tiene que despabilar rápido y tomar las riendas antes de perder irremediablemente la confianza de propios y extraños.