Castro le dijo a Espínola que él “cree” que el gobierno de Lula da Silva abordaría en el primer trimestre de 2024 temas tales como la tarifa de Itaipú para 2024, el acuerdo operativo y la revisión del Anexo C. El diputado paraguayo señaló que le manifestó a su colega su preocupación respecto a la tarifa, porque esta se suele definir en septiembre y ya estamos en diciembre, y agregó que ello es “fundamental”, porque de eso depende “la posibilidad de incrementar las regalías y los gastos sociales”.
Más lamentable aún, textualmente añadió que “cualquier intención de venta de energía de Itaipú significaría la contratación del 50% que nos corresponde, y si sobrevivimos gracias al acuerdo operativo, ¿cómo haríamos para contratar ese 50% y entrar a competir en un mercado eléctrico con todos los riesgos que ello implica?”.
También mencionó que le preguntó a Castro cuál es su visión política en cuanto al objetivo de Brasil con respecto a Itaipú, y que este le contestó que representa solo el 10% de sus recursos hidroeléctricos. Con ello subliminalmente se quiere dar a entender que para nuestro vecino Itaipú no es esencial, algo que no solamente es falso, sino que es una vieja cantinela con la que pretenden insinuar –con muchos adherentes en Paraguay– que Brasil tiene amplias fuentes alternativas de energía y no tiene necesidad de pagar el precio real por los excedentes paraguayos. Es cierto que, a nivel país, la energía de ltaipú representa el 8,5% del consumo de Brasil, pero es casi el 100% del consumo en sus ricos estados del sudeste, incluyendo São Paulo, como lo reconoció el propio director general brasileño, Enio Verri.
Para quienes no están muy interiorizados en el tema, conviene explicar por qué los políticos ponen tanto énfasis en la tarifa y en qué consiste el tan aludido “acuerdo operativo”. Itaipú Binacional es una entidad sin fines de lucro. Por lo tanto, en virtud del Tratado, su tarifa –que es la que le cobra a cada país por la contratación de potencia y retiro de electricidad– debe ser exactamente la necesaria para cubrir sus costos, sean de operación, de mantenimiento o financieros, ni un dólar más, ni un dólar menos.
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En febrero de 2023 Itaipú terminó de cancelar su deuda y, con ello, desapareció de su estructura de costos el alto porcentaje que debía destinar al pago de la misma. Lo lógico y lo establecido es que la tarifa baje en consecuencia, pero ¿qué ocurre? Ambos países negocian un “acuerdo operativo”, eufemismo utilizado para mantener una tarifa por encima del costo (violando el Tratado) y repartirse la diferencia en forma de “gastos sociales”.
A los políticos paraguayos y a los gobiernos de turno no les interesa contar con una central hidroeléctrica ya totalmente amortizada, para utilizarla en el desarrollo nacional y para obtener para el país las rentas que le corresponden por la venta de lo sobrante. Prefieren asegurarse unos montos para gastar a discreción, sin pasar por el presupuesto público, más los altos salarios para la crema de la clientela. Para Brasil esos montos no son significativos, pero le vienen como anillo al dedo para mantener el statu quo, que le es sumamente favorable. Cualquier semejanza con sobornos queda a criterio de los lectores.
Por supuesto que Paraguay debe aspirar a manejar su 50%, ampliar su utilización para su aparato productivo y comercializar sus excedentes, asumiendo cualquier riesgo que ello implique, como debe hacer toda nación soberana con el fruto de sus recursos naturales. Actualmente está obligado a ceder 20 millones de megavatios/hora al año a Brasil (el equivalente a casi todo el consumo de Paraguay) a cambio de una “compensación” muy inferior a su valor, cuando debería cobrar lisa y llanamente el precio de mercado por su energía, ya descontado el costo de producción, que es la tarifa de Itaipú.
En gran medida esto depende de la renegociación del Anexo C y la instauración de nuevas normas de relacionamiento comercial e institucional con Brasil. Ello no puede estar supeditado a la voluntad del gobierno de Lula, que está muy cómodo con la situación y la alargará todo cuanto pueda. Es Paraguay el que debe exigir la ejecución sin demoras de la cláusula expresamente establecida en el Tratado y en el mismo anexo al cumplirse en agosto último sus 50 años de vigencia.
El gran éxito diplomático de Brasil con Itaipú no ha sido ni siquiera el Tratado, firmado en una época y bajo circunstancias muy distintas a las del presente, sino el haber “convencido”–no necesariamente a título gratuito– a los paraguayos de que la gran hidroeléctrica es demasiado grande para el Paraguay y que este no está en condiciones de hacerse cargo de la mitad que le pertenece, con todos los derechos y obligaciones resultantes. Declaraciones y actitudes como las del diputado Espínola, que está muy lejos de ser el único, y el hecho de que el Gobierno no haya movido un dedo para cambiar las cosas a cuatro meses de asumir, en el fondo todos babeando por el “acuerdo operativo”, tristemente demuestran que seguimos en la misma.