Santiago Peña intenta justificar trasgresiones de sus amigos

Este artículo tiene 1 año de antigüedad

Probablemente, el caso de la incorporación de Alejandro Ovelar en el Congreso, cuyo presidente es su padre, Silvio “trato apu’a” Ovelar (ANR, cartista), y la indignante justificación que dio este sobre el caso, haya batido el récord de repudio generalizado en las redes sociales en nuestro país, muy superior, tal vez, al que se le prodigaba al expresidente Mario Abdo Benítez, blanco de frecuentes burlas bajo su gestión. También mereció muchas críticas la designación de Montserrat Alliana, la hija del vicepresidente Pedro Alliana (ANR, cartista), “en un cargo de confianza que me dio (Raúl) Latorre”, titular este de la Cámara de Diputados. Otros vástagos y familiares de altos funcionarios también fueron ubicados en importantes cargos, lo que hace presumir que todos ellos “están mejor”. E irrita aún más a la ciudadanía la justificación de esos hechos que realizó el presidente Santiago Peña.

Probablemente, el caso de la incorporación de Alejandro Ovelar en el Congreso, cuyo presidente es su padre, Silvio “trato apu’a” Ovelar (ANR, cartista), y la indignante justificación que dio este sobre el caso, haya batido el récord de repudio generalizado en las redes sociales en nuestro país, muy superior, tal vez, al que se le prodigaba al expresidente Mario Abdo Benítez, blanco de frecuentes burlas bajo su gestión. También mereció muchas críticas la designación de Montserrat Alliana, la hija del vicepresidente Pedro Alliana (ANR, cartista), “en un cargo de confianza que me dio (Raúl) Latorre”, titular este de la Cámara de Diputados, según propias palabras de la joven. Otros vástagos y familiares de altos funcionarios y jefes políticos también fueron ubicados en importantes cargos, lo que hace presumir que todos ellos “estarán mejor”. E irrita aún más a la ciudadanía la justificación de esos hechos que realizó el presidente Santiago Peña.

Según la Constitución, el Jefe de Estado tiene a su cargo la administración general del país, y por ende, debería conocer al menos las más importantes normativas que la rigen, como la Ley N° 1626/00, de la Función Pública. Es que si hubiera tenido noticias de sus disposiciones sobre los cargos de confianza y las contrataciones de personas físicas, en efecto, no habría tratado de excusar con tanta torpeza que el hijo del senador Ovelar haya sido contratado para prestar servicios administrativos en la Dirección de Audiencias de la Cámara de Diputados.

Santiago Peña dijo que no existen reglas claras para la “contratación de cargos de confianza”. Sin embargo, de ellas trata el art. 8 de la ley citada, que de ninguna manera peca de oscura: las enumera taxativamente en cinco incisos, incluyendo entre ellos a los ocupados por los ministros del Poder Ejecutivo, el procurador general de la República, los secretarios de la Presidencia de la República y los directores administrativos, jurídicos o similares de las entidades estatales, esto es, a los jerarcas del aparato estatal.

Por cierto, no parece ser “de confianza” el cargo hoy ejercido por Montserrat Alliana, la mencionada hija del vicepresidente de la República e hijastra de la diputada Fabiana Souto (ANR, cartista), comisionada desde el Ministerio de Justicia para triplicar su sueldo en la Cámara de Diputados, como coordinadora de Liquidación de Personal. Si cargos tan insignificantes fueran “de confianza”, es de presumir que cada vez vayan apareciendo más y más de ellos para incrementar salarios a los bendecidos por el poder.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el vástago del senador del “trato redondo” no tuvo que superar un concurso público de oposición para ser funcionario, ya que solo fue contratado. Con todo, ingresó por la puerta trasera, ya que el art. 24 de la Ley N° 1626/00, autoriza dicha modalidad solo cuando haya que “atender necesidades temporales de excepcional interés para la comunidad”, como “combatir brotes epidémicos, realizar censos, encuestas o eventos electorales, atender situaciones de emergencia pública y ejecutar servicios profesionales especializados”. No vemos que haya existido ninguna de estas contingencias. Las circunstancias para la contratación están perfectamente enumeradas, por lo que el presidente Santiago Peña no necesita escudarse en una supuesta falta de reglamentación de la ley para tratar de justificar lo injustificable.

El agraciado a costa de los contribuyentes –hoy renunciante– no estaba haciendo nada de lo enumerado. Pero dada la evidente ilicitud, el contrato debió ser anulado sin esperar la renuncia, y el perjuicio infligido al erario reparado por quienes lo nombraron o mantuvieron en el cargo. Pero ocurre que la Ley de la Función Pública es ignorada con sumo entusiasmo en el mismo órgano que la sancionó, porque para los congresistas el prebendarismo pesa mucho más que la legalidad.

Si no está a su alcance o no quiere combatir las groseras violaciones de la ley que se producen en nuestro país, el presidente Santiago Peña debe mejor dejarse de justificar las trapisondas de sus correligionarios, lo que desdibuja su figura. Está cumpliendo un triste papel.