Según el más elemental sentido común, para que las normativas sean cumplidas en tiempo y forma, los sujetos obligados deben conocerlas o al menos tener la posibilidad de enterarse de su contenido; por eso mismo, las leyes y los decretos solo rigen desde que son publicados por el Poder Ejecutivo, en la gaceta oficial. Claro es que como el común de los ciudadanos no accede a dicha publicación, es justo y necesario que los órganos competentes, como el pomposo Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) o las direcciones de Comunicaciones y de Relaciones Públicas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), informen con tiempo suficiente a la población de las disposiciones que en breve entrarán en vigencia. Pero, son unas más de las ineficientes instituciones y dependencias que componen la frondosa e inútil burocracia de nuestro país.
Por su parte, el órgano de ejecución debe tomar las medidas que correspondan para que la aplicación de las nuevas disposiciones no tropiecen con serios obstáculos. Es lo que no ha ocurrido en el caso del brusco aumento, de entre cinco mil y dieciocho mil guaraníes, del costo del peaje para todo tipo de vehículos, aplicado precisamente desde el 1 de enero, es decir, desde uno de los días en que el tráfico resulta más intenso. Fue un desagradable regalo de fin de año, tanto por el monto de la carga –que hace poco ya tuvo un aumento– como por la desastrosa e imprevista forma en que fue aplicado.
Es obvio que el MOPC debía saberlo, más aún porque la firma concesionaria Rutas del Este le informó que más de cuarenta mil vehículos pasarían por el puesto de peaje de Ypacaraí. Y bien, no tomó las previsiones necesarias para evitar que el tránsito haya colapsado a lo largo de al menos doce kilómetros en el carril de entrada a Asunción, debido a que los conductores debían esperar a veces hasta más de media hora para abonar la tasa: los seis puestos habilitados –cuatro para el carril de salida y dos para el de entrada a la capital– fueron insuficientes, algo inesperado por los funcionarios ministeriales pese a la oportuna advertencia.
El inspector Ronald Cardozo, jefe del destacamento de la Patrulla Caminera, atribuyó el embotellamiento a que los conductores –que generalmente ya tienen preparada la suma exacta a pagar, para no perder tiempo– ignoraban el aumento de la tarifa desde el primer día del año: se enteraron del nuevo precio recién al entregar el monto acostumbrado, lo que habría causado una situación engorrosa. Por su parte, la inspectora Vanessa Llanes, del Departamento de Relaciones Públicas de la misma dependencia del MOPC, dijo que se controló que las bocas de cobranzas, que por lo visto no eran bastantes, estén abiertas y que se lanzó una campaña por las redes sociales para descentralizar el horario de retorno, lo que no habría ocurrido ¡debido a las inclemencias del tiempo! Esto significa que a la Patrulla Caminera se le escapó el detalle de que bien podía llover, suponiendo que los viajeros hayan consultado las redes sociales para tener en cuenta que debían salir antes.
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Su director de Educación y Seguridad Vial, inspector Andrés Benítez, hizo un gran hallazgo al emitir una tercera opinión: “La cantidad del parque automotor es muy grande”, algo que por lo visto hasta ayer ignoraba la Patrulla Caminera y que ahora le induce a él a sugerir que se instalen más bocas de cobranzas. Se advierte que los citados funcionarios no coinciden acerca del motivo del atascamiento. Pero, en verdad, la Policía Caminera está mayormente para hacer cumplir las reglas del tránsito, debiendo corresponder las tareas de planeamiento y disponer la ejecución de los planes a los “craneócratas” del MOPC.
Por lo menos, el coordinador de Proyectos Estratégicos del Ministerio, Ing. Javier Recalde, tuvo a bien reconocer en reunión de prensa la responsabilidad institucional al señalar que bien se pudo haber hecho un trabajo similar al “Operativo Caacupé”, cuando parte del tráfico se desvió por rutas alternativas, a fin de evitar las penurias de la ciudadanía. Pero siguen “recogiendo experiencias”, como se dice.
Lo que la opinión pública puede concluir, en todo caso, es que los conductores no sabían del aumento de la tarifa y que la campaña referida vía redes sociales no tuvo efecto alguno. Que los sujetos obligados desconozcan el monto de la tasa que deben abonar muestra cuán chapucera es la administración pública.
La pura ineficiencia no es menos dañina que la corrupción y el despilfarro. Las supuestas diversas causas del atasco vehicular, alegadas por tres funcionarios de un mismo órgano, podrían haberse evitado si el MOPC no fuera tan torpe, o sea, si no fuera el receptáculo, como la mayoría de los entes estatales, de operadores políticos, parientes y allegados de los que mandan. Es como para afirmar que carecen de las condiciones mínimas requeridas por la ley para ocupar un cargo público, pero allí están, despreciando cada día a quienes les pagan sus sueldos mal ganados: una vergüenza nacional.