Aunque esté “prácticamente en quiebra” y sea “muy complicado” invertir en ella –según lo reconoció él mismo–, Santiago Peña dijo que no planea vender ni cerrar la Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (Copaco), cuyo único socio es el Estado corrupto, derrochador e ineficiente. Según su nuevo titular y único miembro del Directorio (!), Óscar Stark, el año pasado perdió nada menos que 200.000 millones de guaraníes (27,8 millones de dólares), y su deuda acumulada asciende a 813.000 millones (casi 113 millones de dólares). A ello se suma que la devastada firma es incapaz de pagar mensualmente unos 14.000 millones de guaraníes (1,9 millones de dólares) a sus tres mil empleados, quienes serían los más afectados por la “debacle administrativa, económica y financiera”, según la errónea opinión del presidente de la República (a quienes las víctimas pidieron “clemencia”), ya que los más perjudicados son desde ya los contribuyentes en general, que costean las pérdidas y a los que tarde o temprano se recurriría para pretender reflotar el barril sin fondo, a costa de otros servicios públicos.
Sin entrar en detalles, Santiago Peña anunció que si hay que “inyectar más dinero”, será inyectado tras “estabilizar” la fallida empresa estatal, que cuenta con cada vez menos usuarios en su arcaica red de telefonía fija: si en 2017 eran 160.000, hoy no pasan de 127.000, incluyendo las entidades públicas, en tanto que su recaudación mensual de 19.000 millones de guaraníes va disminuyendo. Su filial de telefonía móvil Hola Paraguay (Vox), que no puede financiar su funcionamiento básico, solo tiene algo más de 300.000 abonados, lo que equivale a un exiguo 4% del mercado. El primer mandatario culpó del desastre al Gobierno anterior, de Mario Abdo Benítez, y afirmó que el de Horacio Cartes había logrado estabilizarla, olvidando que ya en 2015, alarmado por la fuga de clientes de la telefonía fija hacia las tres firmas privadas de telefonía móvil, el Consejo Nacional de Empresas Públicas había pedido a la Copaco un plan para sanear sus cuentas y, en especial, reestructurar el área de recursos humanos. Si fue concebido y ejecutado, nada se logró, pues la ruinosa empresa y su filial fueron de mal en peor: en 2019, la primera tuvo que asumir una deuda de Vox de 4.754.590 dólares, aún impaga.
En cuanto a los débitos, el jefe de Estado dijo que se investigará el destino del dinero y que resulta sorprendente cómo la Copaco pudo endeudarse tanto bajo su antecesor y el sector privado proveer de servicios a una firma que “no tenía las condiciones financieras ni la visión clara”. Desde luego, es hora de que la Secretaría Nacional Anticorrupción, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público traten de averiguar lo ocurrido y no solo en el periodo 2018-2023, ya que la catástrofe es de más larga data. De hecho, se viene arrastrando desde que en el año 2000 la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antelco) cambió de nombre y de figura jurídica, para convertirse en la primera empresa pública a ser privatizada, a un precio básico de 200 millones de dólares. Y bien, su único dueño sigue siendo el Estado. Por de pronto, no está mal que la Copaco haya presentado el último noviembre una denuncia penal innominada por la comisión de varios delitos, entre ellos la de conducta conducente a la quiebra, que afecta a la gestión del ingeniero Sante Vallese.
El primer presidente designado por este Gobierno, ingeniero Rodrigo Ferreira, fue destituido tras solo cuatro meses de gestión, porque no habría sabido qué hacer para arreglar las cosas. El actual titular –exadministrador del metrobús, exdirector general de Finanzas del Ministerio de Educación y Ciencias y exviceministro de Comercio– se limitó a pedir quince días de tiempo para revelar las medidas concretas a ser aplicadas, aunque no ignora que deben ser “drásticas”, pues la Copaco no podría continuar así; habló de un recorte de gastos “muy importante” y de que los ingresos deben ser “recuperados”, necesidades que cualquiera podría imaginarse.
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Lo que se debe hacer es arrojar por la borda semejante lastre, pero es evidente que el Gobierno de hoy quiere seguir en lo mismo de siempre, o sea, permitir que en una empresa estatal se practiquen el derroche, la corrupción y el prebendarismo, como en toda la administración pública, sin atender la eficiencia que también ella requiere para competir con éxito en el mercado, satisfaciendo la demanda con calidad y buenos precios. Vale la pena repetir lo afirmado en nuestro editorial del 31 de agosto de 2023: “La liquidación o la privatización de la Copaco resulta cada vez más imperiosa”, porque el Estado es un pésimo empresario que malgasta tiempo y dinero en emprendimientos que le privan de fondos para atender la salud, la educación y la seguridad interna, entre otros servicios públicos relevantes.
“Inyectar más dinero” en una empresa que ya habría llamado a un concurso de acreedores si fuera privada supondrá dilapidar aún más recursos que pueden tener destinos mucho mejores que el de servir a los mandamases de turno y a su clientela, con el burdo pretexto de que la Copaco es “nuestra” y tendría un valor “estratégico”. ¡¡¡Pamplinas!!!