El reciente episodio ocurrido en el estadio de los Defensores del Chaco, en el que dos barras del club Cerro Porteño se enfrentaran en las gradas, hasta con exhibición de armas de fuego, es el corolario de lo que ha venido ocurriendo de un tiempo a esta parte, sin que se le diera la atención que se merece el grave problema. La cuestión se ha venido agravando, a todas luces incentivada por el consumo de drogas, aparentemente con la participación de delincuentes dedicados a ese sucio negocio. La actuación de la Policía Nacional (PN) en el episodio solo puede calificarse de lamentable, aunque en su descargo sus voceros alegan que por una supuesta disposición de la FIFA los antimotines no pueden ingresar al estadio, sumado a que los portones de acceso a las gradas estaban candadeados. En ese caso, la grave responsabilidad recaería sobre las autoridades deportivas.
Haciendo un poco de historia, se puede recordar que en octubre del año pasado, dos policías resultaron heridos en un enfrentamiento con “hinchas” en los aledaños del estadio del Sportivo Luqueño, y tres de cuyos vehículos sufrieron daños. Once de los presuntos agresores están imputados por el Ministerio Público. En otro episodio, hace dos semanas, en un barrio de Ñemby donde circulan estupefacientes, un hincha olimpista murió de un balazo en la espalda, en el curso de un enfrentamiento con cerristas, que duró varios minutos; el supuesto autor está imputado.
Durante alrededor de una hora del último lunes, los patoteros disfrazados de hinchas causaron serios incidentes en el Defensores del Chaco, y la excusa de la Policía Nacional (PN) a su tardía intervención es que el acceso al recinto estaba clausurado, como si sus agentes no hubieran podido forzar la entrada ante la comisión de delitos. Por de pronto, veinticinco de los participantes ya habrían sido identificados, gracias a las cámaras de seguridad. Valdría la pena conocer en qué terminan estos procesos judiciales.
Tras este nuevo incidente, y como una de las posibles soluciones para que no se repitan, el comandante de la PN, comisario general Carlos Benítez, dijo que se tratará de identificar a los delincuentes organizados con “antecedentes” u órdenes de captura, en los puntos de partida de los buses que los trasladan al escenario de sus desmanes. Para comenzar, ya es cuestionable que el historial de una persona baste para coartar su libertad de tránsito. Además, los delincuentes pueden abordar el colectivo no solo en las paradas, y otros pueden llegar al estadio en sus propios vehículos. Habría que concebir entonces otras medidas para remediar este creciente problema.
Con evidente hipocresía, los dirigentes del popular deporte se rasgan las vestiduras cada vez que los adictos al club y a algo más practican el vandalismo, mientras perseveran en la aberrante práctica de regalarles “entradas de gentileza” para que alienten al equipo, como si no supieran que el supuesto amor a la camiseta es solo un pretexto para desatar la barbarie, según lo demuestran las riñas entre los simpatizantes de unos mismos colores. Falta nomás ya que sean contratados para alentar en manifestaciones políticas, tal como ocurría en la Argentina, pero ya se llega al colmo de que, desprotegiendo a la población ajena al conflicto entre bandas, se movilicen hasta unos 2.500 policías en el marco de un partido de fútbol, incluidos los que escoltan hasta a los buses que transportan a los propios pendencieros, para no ser atacados por otros que hasta se permiten dirigir el tránsito. A este punto hemos llegado.
Pasan los años, pero los dirigentes del fútbol siguen fomentando la violencia con su “cortesía” y la PN aún se muestra impotente, en tanto que la Secretaría Nacional de Deportes (SND) y la de la Juventud (SNJ) poco o nada hacen para contribuir a poner coto al salvajismo reiterado. En cuanto a los primeros, la Ley N° 1866/02 les ordena que registren los datos personales de los “hinchas organizados” y que los entreguen a la PN, siendo las entidades deportivas solidariamente responsables por los actos ilícitos individuales cometidos en los estadios y en los lugares públicos que estén dentro de un radio de 500 metros de los estadios del área metropolitana de Asunción y de 200 de los del interior del país. ¿Dispone la PN de esos datos a ser proveídos según la ley? Por lo demás, se ignora que algún club haya reparado los daños producidos por su tropa de choque, dentro o fuera de los estadios.
Los energúmenos deben ser combatidos en el marco de la ley, aplicándoseles con todo rigor las penas que correspondan. La sola prohibición de ingresar por un tiempo a los estadios es irrelevante, a la par de que, según comentarios emitidos, estos delincuentes hasta falsifican su identidad para eludir dicha débil sanción. Por su parte, los dirigentes deben dejar de lado su hipocresía y de mimar a los violentos, mientras la PN debe munirse de todos los elementos para intervenir cuando se la necesite y no a posteriori.
A esta altura, ya se conoce a fondo la problemática de la violencia en el deporte, de modo que ya no basta con instalar una “mesa de trabajo” como la de 2019, entre el Ministerio del Interior, la Asociación Paraguaya de Fútbol y las federaciones de deportistas no profesionales que, como todo indica, no sirvió absolutamente para nada. Si no se actúa con rapidez y firmeza, se va a matar una de las grandes actividades de recreación de chicos y grandes en nuestro país.