Finalmente, el cartismo eligió mostrar su peor cara y pedir la pérdida de investidura de la senadora Kattya González, arguyendo la causal establecida en el tercer párrafo del artículo 201 de la Constitución, el “uso indebido de influencias fehacientemente comprobado”.
La peor cara del cartismo no es su concepción autoritaria de la política, que ya de por sí es una cara demasiado desagradable. No. Su peor cara es el ejercicio bruto, burdo, rústico, zafio, del poder, el pisoteo de las normas para demostrar la capacidad de mando. Esa es su peor cara.
Podría decirse que ese modo tosco y grosero de entender el poder forma parte de la concepción autoritaria, pero, sin embargo, es diferente: implica, independientemente de la filosofía de fondo, la reivindicación de la arbitrariedad pura, la glorificación de la discrecionalidad, la reinvención del “vae victis” (¡Ay de los vencidos!) de Breno sobre los romanos, la exclusión por la mera incapacidad de comprender el funcionamiento de las cosas.
El artículo 201 de la Constitución se redactó para garantizar la integridad del Congreso y la independencia de sus miembros. Nunca, jamás, se pensó como instrumento para constituir a las cámaras legislativas en jueces de los títulos de sus miembros para integrarlas.
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En nuestras anteriores leyes fundamentales, 1870, 1940 y 1967, las cámaras eran, efectivamente, jueces de los títulos de sus miembros, es decir, podían excluir a alguno de ellos por decisión política.
Eso se cambió radicalmente en nuestra vigente Constitución, otorgando ese papel a un órgano extrapoder, el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Las cámaras legislativas perdieron esa atribución, pero, a cambio, ganaron mayores garantías para su integridad, como las contenidas en el artículo 201, “De la pérdida de la investidura”, que establece que “Los senadores y diputados perderán su investidura, además de los casos ya previstos, por las siguientes causas: 1. la violación del régimen de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en esta Constitución, y 2. el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado. Los senadores y diputados no estarán sujetos a mandatos imperativos”.
Cualquiera mínimamente dotado de sentido común puede fácilmente comprender que el 201 es un articulo limitante, no habilitante. Restringe los casos en que se puede discutir el título de un legislador, no los expande. Su propósito es, precisa y justamente evitar que las cámaras se conviertan en jueces de los títulos de sus miembros como era antes.
Y lo reconfirma, para los faltos de entendimiento, con su última disposición: “Los senadores y diputados no estarán sujetos a mandatos imperativos”.
El hecho de que eventualmente se haya errado en la aplicación de esta disposición constitucional en anteriores ocasiones no habilita a seguir errando, no autoriza al abuso, como ahora pretenden los cartistas con la complicidad de algunas nulidades capaces de acompañar hasta los más horrendos crímenes por su notoria estulticia.
Tan violento es este golpe contra Kattya González, que los cartistas están obligados a obviar el reglamento que ellos mismos aprobaron el pasado diciembre justamente para evitar lo que ahora van a hacer. Así de puerco. Así de ofensivo.
Ante estos bárbaros y ante esta barbarie, será difícil frenar hoy el zapatazo a la democracia que estarán dando en el curso de esta jornada. Pero pone en evidencia, aún para los que quisieron creer más allá de los hechos, que el cartismo no fue capaz de evolucionar un ápice con respecto a la gavilla de obtusos codiciosos que era en el momento en que Rodrigo Quintana fue asesinado.
El cartismo no cambió. Y en vez de usar esta segunda oportunidad que le dio el pueblo para redimirse, la desperdicia repitiendo lo peor de sí mismo, evidenciando la urgencia de frenarlo ya, haciendo primar la Constitución.