El cartismo y sus “satélites” lograron ayer expulsar del Senado a Kattya González, que había sido una de las ciudadanas más votadas para integrarlo, instrumentando el artículo 201 de la Constitución, que regula la pérdida de investidura de los miembros del Congreso.
Los hechos son los siguientes: en diciembre, el cartismo apoyó poner en vigencia una norma reglamentaria, la Resolución 429 de la Cámara de Senadores, que establece la necesidad de reunir una mayoría calificada de 30 votos para aprobar la pérdida de investidura de cualquier senador.
Sin abrir juicio de valor alguno sobre la norma, ella fue aprobada y está vigente, y el Reglamento del Senado establece un procedimiento reglado para derogarla o para derogar cualquiera de sus disposiciones.
Lo cierto es que los cartistas y aliados, validos de una apretada mayoría de 23 votos, simplemente violaron las disposiciones reglamentarias sobre el procedimiento derogatorio de una norma vigente, y abiertamente desconocieron la que ellos mismos habían impulsado, para lograr la expulsión de Kattya.
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Estos son los hechos. No son reflexiones, no son opiniones, no son especulaciones. Son hechos. Y estos hechos le confirman al Paraguay, al pueblo paraguayo, que el cartismo prefiere la arbitrariedad al Derecho, la discrecionalidad a la razón y que, por tanto, entra de lleno en la definición de lo que se conoce como autoritarismo.
El autoritarismo se define, y su nombre lo señala, como la prevalencia de la autoridad, el que “manda”, sobre el Derecho. Este queda supeditado a la autoridad, está vigente en tanto la autoridad lo considere conveniente y nada más.
Es lo contrario a lo que conocemos como Estado de Derecho, donde la norma sujeta y limita a la autoridad, que está tan sometida a ella como cualquier común.
Los hechos de ayer, según señalaron varios oradores durante la sesión, confirman la opción preferencial por el autoritarismo de Horacio Cartes, incluso en sus extremos más aberrantes, como por ejemplo que muchos senadores integrantes del grupo votaron en contra de lo que sostuvieron públicamente siempre, empujados por alguna extraña fuerza que evidentemente no respeta ni la conciencia de sus agentes.
Cualquiera que esté mínimamente interiorizado del modelo institucional que el cartismo tiene como ideal político y constitucional sabe que puede resumirse en restablecer en nuestro país la Carta Política de 1940, que sintetiza la voluntad dictatorial de quien manda o de quien mueve los hilos tras bambalinas, y que no es otra cosa que un Poder Ejecutivo hegemónico, un Poder Legislativo ornamental y un Poder Judicial complaciente.
Este proyecto retardatario que busca retrotraernos a una época felizmente superada, recibió un maquillaje de modernidad que le realizaron los asesores chilenos de Cartes, especialmente Felipe Larraín, quien replanteó con términos actuales el arcaico modelo del 40, que es semejante al que, por las mismas razones de Estigarribia, impuso Augusto Pinochet en Chile.
El maquillaje se armó con algo especialmente atractivo para muchos actores de la sociedad económica nacional, a saber el desarrollo económico realmente significativo logrado en Chile bajo este esquema institucional retrógrado, aunque ocultan muy bien que no por su causa, y este es el cebo que usa el grupo político Cartes para tratar de obtener soporte social para su proyecto.
El presidente Santiago Peña es el mascarón publicitario del modelo que desean implementar: un supuesto técnico, joven de buena presencia que, sin embargo, encubre y desarrolla, en calidad de cómplice importante, la destrucción del Estado de Derecho, el establecimiento de la inseguridad jurídica, del abuso y del pisoteo de las normas. Santi sirve para engañar al pueblo paraguayo sobre lo que en realidad están haciendo desde el equipo político de Cartes.
El cartismo mostró ayer su verdadero rostro horrendo, jurásico, en el que el derecho es pisoteado con descaro y en el que los negocios de cada paraguayo están en riesgo por la voracidad de su patrón.