En la grotesca sesión extraordinaria del miércoles, ignorando que su reglamento interno vigente –aprobado también con mayoría cartista en diciembre último– exige que la pérdida de investidura de un miembro sea aprobada por al menos treinta de sus pares, la Cámara Alta –constituida en comisión– despojó de la suya a la senadora Kattya González (PEN), sin que la acusada de un supuesto uso indebido de influencias –no comprobado– hubiera podido ejercer su derecho a la defensa, por no haber recibido el libelo acusatorio presentado por Dionisio Amarilla (PLRA, cartista), este, a su vez, expulsado del Senado en junio de 2019, tras perder su investidura acusado de traficar influencias en favor de una empresa para vender equipos de seguridad al Instituto de Previsión Social (IPS).
Los confabulados tiraron así por la borda el derecho a la defensa, inherente a todo ciudadano en un Estado de Derecho.
Con toda evidencia, la arbitraria expulsión dispuesta con los veintitrés disciplinados votos de los cartistas y de sus satélites apuntó a silenciar en sede parlamentaria una voz que criticaba con dureza los errores y los escándalos del Gobierno presidido por Santiago Peña y teledirigido por Horacio Cartes. Si esa mayoría decidió expulsarla es porque estimó necesario realizar una demostración de fuerza para que la ciudadanía sepa quién manda aquí.
En verdad, quien manda aquí es el que hace unos días realizó una demostración de fuerza ante dirigentes de Itapúa, en presencia del propio Santiago Peña, diciendo que “presenten sus problemas, los espero en la Asociación Nacional Republicana...”, que él preside. Y reforzando su aclaración de quién es el mandamás en el país, para el caso de que un ministro no quiera abrir las puertas de su institución, les dijo que “El Partido Colorado golpea las puertas y se abren las puertas”, pudiéndose entender que es él el que da las órdenes. De lo cual, a estas alturas, es difícil dudar. El presidente en funciones, siempre sonriente, realiza apariciones en actos nimios, mientras las cosas importantes se cocinan entre bambalinas. Por las dudas, cuando se perpetraba en el Senado un atraco a la Constitución para expulsar a Kattya González, Santi estaba en Buenos Aires para tratar con su colega Javier Milei asuntos generales, según lo que se dio a conocer.
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La brutal intolerancia demostrada al servicio del “patrón”, al decir de la víctima, acentuará la polarización política. También agravará la inseguridad jurídica, hasta el punto de afectar a la economía, pues no sería razonable invertir en un país donde un organismo se creería autorizado a aplicar o no una ley según “la cara del cliente”. Así actuó el Senado, al violar una norma que él mismo se aprobó: ni siquiera creyó oportuno modificarla antes para que la prepotencia fuera menos evidente.
En un Estado de Derecho no debe existir un Gobierno paralelo, incluso más fuerte que el constitucional. Solo debe ejercer la primera magistratura quien ha recibido para ello un mandato del electorado. Está visto que el servilismo va más allá de los colores y que hasta un imputado como Erico Galeano y un “abogado” como Hernán Rivas –desaforado ahora por el Senado para ser sometido a proceso en el caso de presunto título falso– pueden privar de una investidura senatorial, aunque no se haya comprobado fehacientemente una de las causales previstas en la Constitución. No hacía falta, pues el atropello perpetrado el miércoles tuvo el propósito de excluir a una legisladora por su férrea oposición al Gobierno y al poder detrás del trono.
Ciertamente, hay motivos para alarmarse ante una marcada tendencia al autoritarismo y al control sectario de las instituciones, como se ha venido observando en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en el Consejo de la Magistratura y, desde luego, en el Congreso. En su última intervención en la Cámara Alta, Kattya González afirmó que “nuestra preocupación debe centrarse en lo demacrada y golpeada que está nuestra democracia, todo ello debido a una mayoría coyuntural, funcional al crimen organizado, que decidió que debe eliminar una voz disidente y todo tipo de control al poder”.
El inquietante mensaje dista mucho de ser descabellado, de modo que urge que la ciudadanía vuelva a ponerse de pie, como lo ha hecho en ocasiones anteriores en defensa del sistema democrático socavado.