La experiencia con la Ley Hambre Cero debería hacer reflexionar y replantearse sus tácticas al presidente Santiago Peña y a sus principales colaboradores y asesores. El Gobierno se valió de su mayoría parlamentaria y consiguió hacer aprobar la ley, pero se puso a amplios sectores de los grupos involucrados y de la sociedad en contra. Si hubiese procedido de otra manera y hubiese convocado, escuchado y tenido en cuenta antes, no después, a representantes de sectores potencialmente afectados, si hubiese dado suficientes explicaciones previas a la ciudadanía y hubiese buscado consensos con la oposición, quizás habría obtenido mejores resultados y se habría ahorrado una pérdida innecesaria de energía y de capital político.
Es muy importante que revisen sus procedimientos porque el Gobierno tiene por delante reformas mucho más complicadas. El Presidente apenas lleva nueve meses en el poder, pronto habrá perdido las ventajas propias del inicio del mandato y entonces comenzarán a multiplicarse sus frentes de conflicto, no solamente entre quienes de por sí no le son o tienden a no serle afines, sino dentro de su propia administración y dentro de su propia facción del Partido Colorado, tal como ha demostrado una y otra vez nuestra historia democrática.
Por lo tanto, no debería dilapidar tan rápida y gratuitamente sus bases de apoyo y, al contrario, debería intentar ampliarlas, porque las va a necesitar, al menos si realmente pretende dejar una huella positiva y crear condiciones para potenciar a mediano y largo plazos el bienestar de la población y el desarrollo nacional. Sería muy ingenuo de su parte creer que le va a bastar de manera ilimitada y por tiempo indefinido el sostén de su mentor político.
Si no lo sabe, debería enterarse que ya hoy mismo, en los pasillos y al interior de su propio Gobierno, se comenta mucho y cada vez menos disimuladamente la actitud de soberbia tecnocrática que predomina en ciertos niveles, sobre todo en el ámbito del Ministerio de Economía. De más está decir que no tiene nada de malo la adopción de criterios técnicos para la toma de decisiones, todo lo contrario. Pero saber teóricamente lo que hay que hacer no es suficiente. Justamente la tarea de la política es gestionar esas decisiones, aun si son impopulares en lo inmediato, pero necesarias para el futuro, y especialmente en esos casos, para poder llevarlas a la práctica.
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La movilización estudiantil y ciudadana por la desconfianza que generó la ley llamada de Hambre Cero es solo el último de reiterados ejemplos que ya se han suscitado en el corto tiempo que lleva esta administración, con costos no solamente para la imagen del Presidente y del Gobierno, sino en términos de postergación o paralización de esas medidas. Un caso notorio es el de la superintendencia de pensiones. Poca duda cabe de la imperiosa importancia de supervisar profesionalmente los sistemas previsionales, pero el proceso se condujo tan mal, que la ley fue aprobada y hasta hoy no ha sido implementada por la reacción negativa que genera.
Otro ejemplo es el de la reestructuración administrativa del Estado, que pretendía fusionar a distintos entes públicos para evitar la ineficiente y costosa superposición de funciones en la administración pública, sobre todo en la esfera del Poder Ejecutivo. Ello es muy necesario, pero es obvio que el Gobierno ni siquiera convenció a su propio equipo político, ya que la mayoría oficialista en el Senado, para no contradecir del todo al Presidente, le dio media sanción al proyecto de ley, pero desnaturalizándolo completamente y convirtiéndolo poco menos que en una recomendación general de estudiar caso por caso “de manera gradual y progresiva”. Léase: al archivo.
Hay reformas de enorme relevancia que están paralizadas debido a lo que, en definitiva, es una seria falencia en la capacidad de gestión. Por citar dos de suma importancia, nada proactivo se está haciendo para explicar, comunicar, buscar acuerdos para la nueva ley de la función pública y de la carrera civil, ni para detener el déficit galopante de la Caja Fiscal.
Está claro que la soberbia, y hasta la prepotencia que se observa, no es privativa del Poder Ejecutivo ni de sus estamentos técnicos, sino que pareciera una característica del grupo político que en este momento detenta la mayoría, lo que lo ha llevado a cometer verdaderos atropellos. Por el bien del país, ojalá que esta última experiencia les sirva de lección.