La ciudadanía paraguaya tiene la desdicha de soportar un Poder Legislativo cuyos miembros gozan de numerosos privilegios, y algunos que van más allá y ya abusan de tan envidiable situación, mediante lo que parece ser un uso indebido de influencias, con la complicidad de las autoridades de las respectivas Cámaras. En este afortunado panorama, ajenos a la indignación ciudadana y sin temor a castigo alguno, instalan sin concurso a sus allegados en puestos públicos, utilizan en provecho propio a personal nombrado en el Congreso, se apropian dudosamente de bienes del Estado, utilizan a entidades públicas en su beneficio, y lo más reciente que salió a luz, utilizan bienes incautados con fines particulares. Es decir, el aparato estatal en su beneficio, mientras grandes sectores de la población sufren enormes carencias. Al no distinguir entre lo público y lo privado, a pesar de ser quienes están produciendo las leyes para el resto de la población, evidentemente creen que ocupar una banca les permite disponer a su antojo de los recursos humanos y materiales del Estado, sin tener conciencia del delito ni de la inmoralidad. Y los más mimados para usufructuar beneficios y prebendas son quienes pertenecen a las corrientes gobernantes de turno y los tránsfugas de otros grupos políticos que se adhieren a ellos.

Dos casos notables que involucraron a miembros del Congreso en los últimos días son los de las senadoras Noelia Cabrera y Zenaida Delgado, la primera de las cuales había sido expulsada del PLRA, y la segunda renunciante del Partido Cruzada Nacional, respectivamente, y hoy adheridas al cartismo. La primera dirige la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales; en tal carácter, dispone de una lujosa camioneta asegurada y mantenida por el Estado, que la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Decomisados (Senabico) decomisó al presunto traficante de armas Diego Dirisio. Pues bien, la senadora Cabrera usó el vehículo para ir de compras a una ferretería de Lambaré, algo que el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), presidente del Congreso, estimó irreprochable, ya que en su cínica opinión, también podría usarlo para ir a la peluquería. Sirva de consuelo que al menos el senador Derlis Maidana (ANR, cartista) sostuvo que el uso dado “no corresponde”, pues debe tener fines institucionales. La usufructuaria invoca en su defensa un convenio –nunca divulgado– entre la Senabico y el Congreso, que no impediría que emplee la camioneta también para almorzar en un restaurante o comprar en algún otro local. Si hubiere tal acuerdo, se opondría claramente al art. 39 de la Ley 5876/17, según el cual la Senabico puede entregar a entidades del Estado vehículos, aeronaves, inmuebles y otros bienes en depósito para su uso provisional, dando “preferencia” a las relacionadas con la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y el crimen organizado, para garantizar su conservación y mantenimiento.

Por su parte, a la senadora Zenaida Delgado, que cobraría un millón y medio de guaraníes mensuales para comprar combustible, le pareció bien trasladarse a Tacuatí (San Pedro) en un minibús de la Cámara Alta conducido por su pareja, Gustavo Vera Santander, y acompañada de un custodio policial que bien podría estar prestando servicios en algún lugar acuciado por la inseguridad. El accidente, además, ocurrió el viernes a las 9.00 de la noche, de modo que la senadora debe ser muy diligente para trabajar tan tarde, en un lugar bastante peligroso. Pero, ¡oh casualidad!, resulta que Gustavo Vera es oriundo de esa zona y habría que ver si no le entró deseos de visitar su terruño en compañía de la legisladora. Total, sobran tiempo, combustibles, quizás reciban algún viático y tienen un guardia a su servicio, que los paga Juan Pueblo. Faltan por doquier ambulancias y patrulleras policiales, pero ciertos parlamentarios, con el aval de quien preside el Congreso, utilizan con fines particulares vehículos incautados, demostrando cuán poco les importan la salud y la seguridad públicas.

“Este es un país de maravillas”, diría si viviera aún el famoso sindicalista Sotero Ledezma, de la época de la dictadura de Stroessner, un privilegiado que, por supuesto, no veía las violaciones de derechos humanos y las libertades que estaban conculcadas. Hoy eso puede traducirse en “estamos mejor”, atribuible a quienes les caen beneficios de todo tipo por alinearse con el poder. Solo una ciudadanía movilizada, firme y sostenidamente, siempre dentro de la ley, puede cambiar esta deplorable situación.