Por lo que se sabe, en los últimos ocho años y presumiblemente a cambio de un soborno adecuado, el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional (DIPN) –socavando la seguridad interna y la de otros países– entregó documentos de contenido falso al prófugo “paraguayo” Íbar Pérez Corradi, al exfutbolista “compatriota” Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho) y a un hermano de igual nacionalidad fraguada, así como a al menos otros diez extranjeros, entre ellos dos pakistaníes, favorecidos por la intervención de unos veinte funcionarios policiales.
En junio de este año, la jefatura interina fue asumida por el comisario principal Sergio Insfrán, sin que desde entonces se hayan vuelto a conocer casos similares de extrema gravedad, pero sí graves fallas reiteradas en la expedición de pasaportes y de cédulas de identidad a compatriotas en general, sin antecedentes como los anteriores, debido a fallas técnicas: a inicios de noviembre y tras un corte de la energía eléctrica seguido de un “pestañeo” que dañó el sistema de identificación automática por huellas dactilares, según se dijo, hubo que imprimir los documentos en forma parcial y aleatoria, abusando de la paciencia de centenares de solicitantes; el 25 de noviembre el comisario principal León Almirón, portavoz del DIPN, informó que la proveedora de insumos, el consorcio Asucom, ya había sustituido los equipos dañados del Sistema de Identificación Automática para Huellas Dactilares, aunque no estaban funcionando a pleno y los usuarios continuaban padeciendo las deficiencias, pues hasta entonces se había expedido solo la mitad de los salvoconductos, quedando rezagados unos quince mil.
Y bien, en la mañana del martes, el sistema volvió a quedar del todo paralizado ante la indignación de los requirentes. Al vocero de la DIPN solo se le ocurrió lavarse las manos: “Nosotros estamos bien en Identificaciones (!); el tema es el sistema, que no está en manos de la Policía. El consorcio debe solucionar el problema”, que se repite desde hace siete años. El contrato vence dentro de dos años, de modo que habría que esperar hasta entonces para que el programa informático esté finalmente desarrollado. Una verdadera vergüenza para una institución tan importante, la que, por lo visto, al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional les importa un bledo. No es posible que un problema que, de buenas a primeras parece de fácil solución, persista por tantos años. Solo puede sospecharse de desidia o corruptela.
Surge la pregunta de por qué el consorcio fue contratado directamente en 2017, por vía de excepción, pues la ley vigente ordenaba que al evaluar las licitaciones se usen criterios combinados que incluyan, entre otros factores, la eficiencia del oferente, de la que con toda evidencia carecía según lo relatado. Por lo demás, la actual Ley de Suministro y Contrataciones Públicas incluye entre las causas de terminación del contrato por culpa del proveedor el incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales, siendo presumible que el contratista las esté violando con toda impunidad, en claro perjuicio de quienes, entre otras cosas, no pueden viajar al exterior, en claro atentado contra el derecho constitucional de la libertad de tránsito, aparte de tener que llegar a la madrugada para intentar conseguir los documentos, antes de que caiga el sistema. Hace poco también una asegurada del Instituto de Previsión Social (IPS) se quejaba de que por culpa de una cédula que no podía actualizar se le imposibilitó usar los servicios de la previsional. Increíble que estas cosas sucedan aún.
El Gobierno tiene la función primordial de precautelar la seguridad interna, para lo cual importa que la población esté documentada. Ciertamente, no basta con tener un buen sistema informático para renovar o expedir pasaportes y cédulas de identidad, ya que también es preciso que el personal del DIPN no pida ni acepte sobornos. Bien se sabe que su historial dista de ser impecable en tal sentido, también en detrimento de la seguridad de otros países.
Ya han pasado al menos siete años desde que al consorcio Asucom se le encargó que la ciudadanía pueda ejercer el derecho y cumplir con el deber de estar documentada, pero esta es la hora en que el Estado aún no ha creído necesario intervenir para poner fin a la notoria negligencia o ineptitud del mismo, como si la cuestión solo implicara algunas pequeñas molestias para la gente. Dado que el contratista no puede prestar el buen servicio requerido, urge que se prescinda de sus servicios, quizá ofrecidos y aceptados a cambio de ciertos oportunos desembolsos. Es mucho lo que aquí está en juego, como para seguir sobrellevando tantos trastornos y soportar el siguiente inexplicable consuelo transmitido por el vocero del DIPN: “Este es un servicio técnico que, que como le llaman ellos (los de Asucom), está todavía en desarrollo por la instalación de los sistemas y del software”. En síntesis: utilizaron como “conejillos de Indias” a los paraguayos que necesitaban y necesitan documentos. Tan grave asunto, que ya lleva mucho tiempo, a esta altura por lo menos ya hubiera ameritado que rodaran algunas cabezas, pero ¡nada! O el consorcio tiene muy buenos padrinos o más abajo tiene muchos paniaguados.