Ni bien el país termina de digerir el escándalo suscitado por la presunta compra irregular de pupitres a través de un llamado a licitación con tufo a corrupción por parte de Itaipú Binacional, favoreciendo a una empresa china vinculada al vicepresidente de la República, Pedro Alliana, con fuertes indicios de precios sobrefacturados y adjudicaciones direccionadas, según la denuncia realizada ante el Ministerio Público, ahora el pueblo paraguayo enfrenta un nuevo bochorno, que probablemente constituya un camino sin retorno hacia la implantación de una dictadura bajo el viejo y trillado argumento de la seguridad nacional y la lucha contra el crimen organizado.
Recientemente se ha dado a conocer un “concurso de precios” bajo la cortina de “proceso licitatorio” por parte de Itaipú, de la compra de equipos de “escuchas telefónicas” para la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), sin embargo, los requisitos plasmados en el pliego de bases y condiciones direcciona a una empresa vinculada al presidente Santiago Peña.
En sesión parlamentaria de esta semana, el diputado colorado disidente Mauricio Espínola afirmó que el proceso licitatorio está direccionado para favorecer a firmas en las cuales Peña tiene bonos y es accionista, entre ellas la empresa ITTI. Esta ventaja no solamente redundaría en buenas ganancias económicas para Peña sino que además daría el poder absoluto de contar con información privilegiada a través de las escuchas telefónicas, según denunció.
Conforme al trabajo investigativo de la prensa, la empresa ITTI fue adquirida por el Grupo Vázquez, que también posee otras unidades como Ueno Bank y Ueno Holding, donde Santiago Peña posee acciones, según su propia declaración jurada de bienes. Una vez lograda la presidencia, lo más rentable para el hábil economista, ahora Presidente de la República, sería adjudicarse la mayor cantidad de negocios del Estado, empezando con la provisión de impresoras al Banco Nacional de Fomento (BNF) y luego la provisión de un software bancario con precios que cuadruplicarían su valor de mercado.
El diputado Espínola también ha destacado el llamativo ascenso de la empresa Technoma en la adjudicación de numerosos contratos públicos a partir de la asunción del presidente Peña. La misma está “hermanada” con el Grupo Vázquez a través de personas que formaron parte de varias firmas del conglomerado. Se trata de una sociedad con tradición y años de provisión al Estado que le facilita su participación en concursos licitatorios y evita que suceda lo mismo que pasó con la empresa china y los pupitres “de oro”.
Llamativamente, de un tiempo a esta parte se han registrado adjudicaciones en procesos licitatorios multimillonarios a empresas relacionadas al Presidente de la República, al vicepresidente y su entorno cercano, en especial, los negocios vinculados a la tecnología, desplazando con esto a otros oferentes de competir en igualdad de condiciones, evitando un control de precios y calidad, y por sobre todo, dejando en manos del Gobierno actual información privilegiada que mal utilizada, lo que no sería extraño dadas las persistentes señales de autoritarismo del grupo en el poder, podría atentar contra el derecho a la protección de datos personales, comunicaciones privadas y ventajas sobre información confidencial.
El negocio de los equipos de escuchas telefónicas, licitado por el Parque Tecnológico Itaipú (PTI), entidad sin control de ninguna institución del Estado ni de la ciudadanía, no solo puede traer el perjuicio de una supuesta sobrefacturación o una licitación amañada, sino que además presenta un riesgo de “espionaje estatal”, que, según experiencias pasadas, es la antesala de un gobierno dictatorial, más aún con el desafiante avance tecnológico de la actualidad. Varios legisladores opositores han denunciado públicamente haber sido objeto de espionaje telefónico y advirtieron que la compra en ciernes no asegura la trazabilidad del “trabajo” que estaría en manos del grupo que maneja los hilos del poder político, para una fiscalización posterior.
Según expertos en materia informática, los riesgos del software de estos equipos pretendidos por el Gobierno implican además una vigilancia retrospectiva sobre las personas, es decir, se podría manejar un archivo de fotografía histórica y el nivel de sensibilidad no se limitaría solo a las escuchas telefónicas, lo cual de por sí ya es grave, más aún teniendo en cuenta que se necesita la cooperación de empresas telefónicas, sino que además se podría realizar intercepciones de antenas, reconocimiento facial, monitoreo de redes sociales, inhibición de señales y control acústico.
Ante tales avasallamientos y posibles estructuras de espionaje gubernamental en puertas, además de serios indicios de corrupción en todas sus modalidades, el último bastión de contrapeso que le queda al pueblo paraguayo es la Constitución Nacional, que en su artículo 237 dice claramente que ni “el presidente de la República (ni) el vicepresidente puede ejercer cargos públicos o privados, (sean estos) remunerados o no, mientras duren en sus funciones. Tampoco pueden ejercer el comercio (sea de manera directa o indirecta), la industria o actividad profesional alguna, debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones”.
La Carta Magna es muy clara, ni el Presidente ni el vicepresidente pueden participar en procesos licitatorios del Estado, a través de empresas a las cuales están vinculados, sin embargo, el Gobierno tiene el absoluto control de las mayorías en el Congreso y en el Poder Judicial, que, al igual que la Contraloría, deberían ser los órganos de contrapeso y control del Ejecutivo para evitar la violación constitucional o el conflicto de intereses, que recordemos, fue la primera ley mutilada por Santiago Peña ni bien entraba al Palacio de López.
Sin contrapesos, sin control, sin posibilidades de investigación fiscal y sin esperanzas en la justicia… ¿Quién podrá defendernos?