En una entrevista brindada la semana pasada por el presidente de la República, Santiago Peña, no tuvo otra idea que burlarse de las reglas básicas de la economía financiera, y decir que la mejor forma para que a los paraguayos les sobre “plata en el bolsillo” es cambiar a sus hijos de un colegio privado a uno público.
“Si hay más niños que anteriormente sus padres pagaban una cuota para mandarle a un colegio privado y hoy sus padres deciden ir a un colegio público, quiere decir que esa gente va a tener más plata en sus bolsillos”, sostuvo, con la convicción de que había dado la mejor lección de administración de su vida.
Estas declaraciones, que solo muestran el “mundo paralelo” en el que quiere hacer creer el presidente que viven los paraguayos, desató toda serie de memes y burlas, pero más allá de lo jocoso que pueda resultar, no deja de ser preocupante la desconexión de la realidad que mantiene constantemente aquel que juró que todos, y no solo un grupo selecto, iban a “estar mejor” en su gobierno.
Entre las cosas que olvida el presidente es el nivel de la educación en Paraguay, con escuelas cuyos techos se derrumban, profesores que no pasan el nivel mínimo de exigencia en exámenes de concurso, el analfabetismo funcional y la corrupción en programas de gobierno ligados al sector educativo. Es cierto que estas deficiencias no pueden atribuirse todas a su Gobierno, pero es evidente que la realidad poco ha cambiado bajo la actual administración.
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Es triste recordar que en el último concurso del año 2025 para acceder al Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE), el Ministerio de Educación examinó a 5.234 profesores en el departamento de Caaguazú, sin embargo, solo 484 educadores lograron pasar la prueba, lo que representa a un 91% de aplazos. Igual nivel de descalificación se obtuvo en Canindeyú, aunque el porcentaje más bajo en cuanto a nivel de competencia se dio en Guairá, con un 95% de aplazos de aquellos que, según Peña, son la solución a la economía familiar. ¿Qué tipo de enseñanza recibirán los niños y niñas con tal de que “sobre plata en los bolsillos”?
Según el banco de datos, Concepción registró un 87% de aplazos, San Pedro norte y Caazapá 80%, Cordillera 79%, San Pedro sur 78%. En Capital, Central, Alto Paraná y Ñeembucú el 70% reprobó la evaluación. Es decir, solo un nivel mínimo de educadores paraguayos de escuelas y colegios públicos se encuentran capacitados para brindar lo básico de la enseñanza escolar a los niños y jóvenes en Paraguay, ni hablar de otro tipo de destrezas que los posicionarán en un alto nivel de competitividad.
Además de ello, no se puede olvidar los serios indicios de fraude en los exámenes de agosto pasado que motivaron al ministro de Educación a anular las pruebas de concurso de los departamentos de San Pedro (sur), Canindeyú, Guairá y Cordillera. Es decir, el gran porcentaje de educadores que no está capacitado en matemáticas y castellano, tampoco lo está en ética, ya que si pretenden ser elegibles como maestros copiando en los exámenes, ¿qué podrán exigir a los alumnos?
En lo que respecta a infraestructura: la negligencia, la mala gestión y la falta de inversión han pasado la factura a niños y docentes, poniendo en riesgo su integridad física e incluso la vida en varias ocasiones. Según reportes oficiales, de los 7.500 establecimientos educativos públicos en Paraguay, 2.455 aulas se encuentran en peligro de derrumbe y 4.219 centros educativos públicos se encuentran en mal estado. ¿Plata en el bolsillo a costa de la vida de los niños? Eso ya ni siquiera suena a una desvergonzada ecuación financiera, sino a un silogismo criminal.
Aparte de la pésima infraestructura del 56% de las escuelas y colegios públicos del país, la deficiente accesibilidad por falta de caminos, lejanía y falta de locomoción hacen que los estudiantes deban sortear puentes improvisados, ríos o caminos peligrosos para llegar a las escuelas. La odisea de los niños para acceder a educación se volvió un “deporte extremo” muchas veces. En el km 4,5 de Ciudad del Este más de 400 niños deben cruzar un puente improvisado de metal para atravesar un arroyo y llegar a sus escuelas, arriesgando sus vidas. Mientras tanto, encender un arbolito de Navidad de 700.000 dólares resulta más importante que encender las mentes de los niños esteños a través de una educación digna y segura.
Si esto ocurre en la segunda ciudad de mayor desarrollo económico del país, las penurias que padecen los pobladores rurales para el acceso a educación de calidad se cuentan solas. La discriminación estructural que sufren los pueblos indígenas se evidencia especialmente en la educación. Según datos oficiales 3 de cada 10 niños indígenas en edad escolar no acceden a educación.
Informes de organizaciones sociales señalan que el analfabetismo en la población indígena de 15 años y más de edad es del 27,1%. Esto incluye a aquellas personas que no concluyeron el 2° grado de la educación escolar básica. Mientras que el promedio de años de estudio de la población indígena es de 4 años.
Pero si con suerte llegan a acceder a escuelas que no se derrumben, tienen la suerte de recibir un vaso de leche, lograron sortear puentes, caminos de tierra o la precariedad del transporte público y el profesor que les enseña matemáticas logró pasar el examen sin copiar, saben que tendrán que dar clases sobre pupitres que huelen a corrupción, con la preocupación de que el senador Silvio “Beto” Ovelar interrumpa sus clases para exigirles que coreen un agradecimiento al “Señor Presidente de la República del Paraguay” por la gentileza de hacerles llegar unos pupitres de oro y un multimillonario almuerzo.
Total, lo importante es que el paraguayo sienta que “le sobra plata en el bolsillo”, porque no conviene que tome conciencia de la realidad.