Hay versiones de que en el Instituto de Previsión Social se pagó “aguinaldo extra” a los funcionarios en los primeros días de enero y, aunque la gerente financiera, Gladys Vera, buscó negarlo, alegó que el beneficio “está dispuesto en el contrato colectivo”. Esto confirmaría que aquel abusivo contrato colectivo que mereció en su momento la condena masiva de la población, y de los asegurados en particular, fue sigilosamente puesto en vigencia por este Consejo de Administración, presidido por Jorge Brítez, en connivencia con los sindicatos y con la anuencia del presidente Santiago Peña, ocultándolo a la opinión pública, lo que constituiría otro escandaloso despojo a los trabajadores y empleadores aportantes.
En 2023 saltaron a luz los increíbles términos del nuevo contrato colectivo que se había firmado en el IPS, con beneficios exagerados hasta el límite de lo insólito. Tras la enorme controversia que se generó, se dijo que el mismo estaba “ad referéndum” del Presupuesto General de 2024 y se aseguró que quedaría sin efecto.
Sin embargo, nunca desde entonces las autoridades del IPS, como tampoco del Gobierno, quisieron corroborar si el instrumento había entrado o no en vigor. O directamente guardaron silencio o contestaron con evasivas los insistentes requerimientos de la prensa cada vez que surgían indicios de que se habían confabulado para meter el acuerdo por la ventana, incluyéndolo calladamente en el Presupuesto General, a espaldas de los asegurados.
Por ejemplo, en marzo de 2024, con la intención de desmentir que habían recibido una asignación complementaria, como figuraba en una planilla del Ministerio de Economía y Finanzas, funcionarias de la sección Tasaciones y Documentaciones Inmobiliarias señalaron que ellas solo habían cobrado el “aguinaldo extra” al igual que todos en el IPS. Esto implicaba que el Consejo de Administración, ya encabezado por Jorge Brítez y bajo el gobierno de Santiago Peña, estaba ejecutando el polémico contrato colectivo. Jamás lo aclararon.
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Entre otras generosas repartijas del dinero de los asegurados, el contrato de 2023 estableció una “gratificación especial” equivalente al 100% del salario, a ser pagada el primer mes del año, o aguinaldo extra, para los nada menos que 27.000 funcionarios (¡!) permanentes y contratados que tiene el IPS. Cabe suponer que también están incluidos los directivos.
Y eso no fue todo. Se estipuló un aumento salarial automático e indiscriminado de un mínimo de 5% anual para todos, independientemente del desempeño, un privilegio del que no goza ningún otro trabajador del país, ni público ni privado, todo con la plata de los aportantes.
Además se contemplaron altas bonificaciones por los más variados y superpuestos motivos, como ayuda por hijo, aporte familiar, grado académico, posgrados, formación de mandos medios, ayuda alimentaria, becas y permisos de estudio de hasta cuatro años con goce de sueldo, sin análisis de caso por caso. Asimismo, una inaudita lista de licencias pagadas que, sumadas, pueden alcanzar 266 días por año, más que el total de días laborables.
Por lo que declaró la mencionada gerente financiera, se puede deducir que este contrato colectivo, tremendamente lesivo para los intereses y las finanzas del instituto, está en plena vigencia. Sería la primera alta funcionaria en reconocerlo públicamente.
Dijo que “ahora estamos cargando el presupuesto, calculando los recursos que tenemos, porque también dependemos de los ingresos” para pagar el “segundo aguinaldo o sueldo catorce, como se lo conoce”. Añadió que también se requiere una resolución favorable del Consejo de Administración.
No hay nada que “calcular”. El IPS está en crisis, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones entró en déficit veinte años antes de lo previsto y se estima que sus activos y reservas se agotarán totalmente antes de mitad de siglo, en tanto que el Fondo de Enfermedad y Maternidad, o fondo de salud, hace rato está en quiebra técnica, bicicleteando enormes deudas muy por encima de sus posibilidades y de su viabilidad.
Si, en medio de este grave panorama, se pagó o se va a pagar el “aguinaldo extra”, si se aumentaron automáticamente un 5% los salarios, además de otros abusos con la plata de los aportantes, el presidente de la República, Santiago Peña, y los miembros del Consejo de Administración tienen que hacerse cargo y asumir responsabilidades ante los asegurados y la ciudadanía. Ellos son, en representación del Gobierno, Jorge Magno Brítez, Gustavo González Maffiodo y Carlos Pereira Oviedo, y en “representación” de los jubilados, trabajadores y empleadores, respectivamente, José Jara Rojas, Víctor Insfrán Dietrich y José Emilio Argaña Contreras.