El último 28 de enero, y al cabo de tres días de internación, el asegurado Braulio Vázquez, sonidista de un canal de televisión, falleció en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) porque los equipos necesarios para un cateterismo cardiaco de urgencia estaban fuera de servicio debido a desperfectos. Como el nosocomio no contaba con insumos para el tratamiento, los familiares del paciente habían tenido que comprarlos por valor de unos once millones de guaraníes. La Superintendencia de Salud reaccionó anunciando una auditoría “técnica y científica”, que concluirá dentro de un mes, para “evaluar la calidad, oportunidad y seguridad de la atención médica” allí prestada. Que no sean como los sumarios, cuyos resultados no se conocen y se olvidan.
Entretanto, los familiares de otro asegurado, Hermenegildo Ríos, que también requiere un cateterismo cardiaco, están muy angustiados. Le dijeron que “la máquina no funciona desde hace tres días”, pero la espera ya dura más de veinte, según su esposa. Una hija reveló que, como los fármacos e insumos no son proveídos por el IPS, la familia tuvo que recaudar fondos, incluso con rifas.
Resulta escandaloso que los aportantes deban recurrir al auxilio de parientes y amigos para solventar un tratamiento que debe ser gratuito, pero de hecho ocurre que la cuestión se ha “normalizado”. Si a ello se agrega que la entidad previsional no mantiene en buenas condiciones sus equipos, por lo demás insuficientes, resulta que una internación en el ente previsional puede suponer un riesgo mortal. Una muerte que no fue evitada debido a la falta de mantenimiento de equipos médicos podría implicar una negligencia culposa. Como dijo el superintendente de Salud, Roberto Melgarejo, compete al Ministerio Público determinar las eventuales responsabilidades penales. Es presumible que el IPS tenga fondos presupuestados para dicha labor, así como para las reparaciones oportunas que sean necesarias, de modo que el presidente del Consejo de Administración, Jorge Brítez, debería explicar por qué aún no han sido hechas las requeridas para el cateterismo.
El año pasado, la esposa de un paciente preguntó “para qué uno aporta”, pues él no pudo ser operado en el Hospital Central por falta de guantes quirúrgicos y de otros insumos básicos. Se trata de uno de los tantos dramas que se registran en ese “barco hundido”, como cierta vez lo llamó su exgerente de Salud, Carlos Morínigo. Más allá del naufragio del IPS, el superintendente de Salud, Roberto Melgarejo, apuntó al propio sistema sanitario nacional, señalando con franqueza que hay casos diarios de fallecimientos “evitables”, por falta de medicamentos y demoras en intervenciones quirúrgicas o en tratamientos oncológicos. Sostuvo que “no podemos permitir que las debilidades del sistema adelanten esas muertes” e instó a los políticos y a las autoridades sanitarias a reformarlo a fondo, empezando por la Ley N° 1032/96, que crea el Sistema Nacional de Salud, nunca aplicada integralmente y que hoy resulta “obsoleta”. En especial, la ministra del área, tan propensa a ufanarse de inaugurar obras a medio terminar, debería tener en cuenta la severa autocrítica.
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Las muertes “evitables” de cada día son atribuibles a la ineptitud y a la corrupción de muchos de los que están a sueldo de sus propias víctimas: el Estado paraguayo está muy lejos de garantizar la protección del derecho a la vida, también por culpa de la podredumbre de la salud pública. Sanearla es una cuestión de vida o muerte –en el sentido literal de la frase–, sobre todo para los sectores de menores ingresos. En suma, es cuestión de hacer efectivo el mandato constitucional de que nadie sea “privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas, y de socorro en los casos de catástrofes y de accidentes”. No se trata de una ridícula expresión de deseos, como parecen creerlo muchos funcionarios del IPS y del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
La crisis sanitaria, tan grave como la educativa, exige un proceso de transformación que, según el superintendente de Salud, debe proyectarse a un plazo de cinco a siete años. No hay tiempo que perder, para intentar seriamente que no se repitan casos tan lamentables como los referidos. Sería indigno de este pueblo habituarse a ellos, como si fueran irremediables.