El Ministerio de Economía se jacta de haber cerrado el ejercicio 2025 con un déficit fiscal del 2% del PIB, lo que equivale a 1.047 millones de dólares, “el mejor resultado desde 2019”, pero hay al menos cuatro “detalles” que no menciona.
El primero es que no cumplió ni siquiera nominalmente la meta de su propio cronograma de convergencia, según el cual el déficit del año pasado debió haber sido del 1,9% del PIB como máximo.
El segundo detalle que se omite es que el Gobierno no consiguió su meta a pesar de que le ha tocado un ciclo muy favorable de crecimiento económico -ciertamente el mejor desde 2019, antes de la pandemia, que es el año que toma de referencia-, lo que le permitió incrementar fuertemente las recaudaciones, es decir, de dinero extraído a los contribuyentes. Solo en 2025 los ingresos del fisco crecieron 4,5%, impulsados por un aumento del 8,6% en la percepción de tributos, unos 400 millones de dólares. Y esto no incluye los “fondos socioambientales” de Itaipú de los que tanto presumen.
El tercer gran detalle omitido por el Ministerio de Economía es que ese déficit reportado no está teniendo en cuenta altísimas deudas vencidas con contratistas y proveedores del Estado. Solamente el sector farmacéutico reclama 800 millones de dólares, sin considerar intereses, a los que se suman otros 500 millones de dólares que, según afirman, les debe el IPS. Esto en sí mismo ya es más que todo el saldo rojo admitido, con lo cual el déficit cuando menos se duplicaría.
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Además, los contratistas de obras sostienen que se les deben 300 millones de dólares y las empresas que proveen almuerzos escolares en el programa Hambre Cero, otros 110 millones de dólares. A esto hay que agregar una larga lista de reclamos menores. Por ejemplo, funcionarios del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu se manifestaron para exigir la cancelación de beneficios y sueldos atrasados de 2025.
Se podría alegar que se retuvieron los desembolsos para adecuarse a las metas fiscales y que los atrasos se regularizarán en 2026, año en que el déficit, supuestamente, ya debe regresar al tope del 1,5% del PIB establecido en la ley de responsabilidad fiscal, pero no parece ser ese el caso.
De acuerdo con Édgar Villalba, vocero de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, en la reciente reunión con el sector, el Gobierno les propuso pagarles 150 millones de dólares en el primer trimestre, lo cual solo cubriría los nuevos encargos del Ministerio de Salud, que son de 50 millones de dólares por mes, y no tendría incidencia en la deuda pendiente.
Un cuarto detalle es el endeudamiento público formal, que no para de crecer. Según las calificadoras de riesgo, la reducción del déficit se tiene que traducir en un paulatino alivio del peso de la deuda estatal, pero no es lo que se observa. A noviembre de 2025 (último dato divulgado), el saldo era de 19.919 millones de dólares, 1.836 millones más que en 2024, y alcanzaba el nivel récord del 41,1% del PIB, frente al 36,3% al momento en que Santiago Peña asumió el poder.
Todo lo anterior indica que no existe en realidad tal reducción del déficit fiscal, a pesar de que Santiago Peña ha dispuesto de muchos más recursos que su antecesor. La razón es que no ha controlado el gasto y eso está a la vista. ¿Alguien escuchó que se dio de baja a planilleros o nepobabies, que se liquidó alguna empresa estatal en quiebra? Tardíamente el Gobierno se acordó de la Caja Fiscal, que sin dudas es un gran barril sin fondo de dinero público, pero, con eso solo, no será suficiente.