Al presidente Santiago Peña le correspondía la misión histórica de reivindicar los legítimos derechos largamente postergados de Paraguay en Itaipú. Juró como presidente de la República el 15 de agosto de 2023, dos días después de verificarse el requisito de la cláusula VI del Anexo C del Tratado: “Las disposiciones del presente Anexo serán revisadas después de transcurrido un plazo de cincuenta años a partir de la entrada en vigor del Tratado, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el grado de amortización de las deudas contraídas por Itaipú para la construcción del aprovechamiento y la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países”.
Coincidentemente, en febrero de ese mismo año 2023, se canceló la última cuota de la exorbitante deuda por la construcción de Itaipú, que terminó costando probablemente diez veces más que lo razonable. La enorme carga financiera también fue altamente beneficiosa para el Brasil, que se embolsó la mayor parte de los intereses. Como sea, Itaipú hoy está totalmente amortizada, por lo que ha dejado de existir la tradicional (y falaz) excusa de que, hasta tanto se pagaran las deudas, Brasil debía quedarse con la mayor parte del aprovechamiento por encargarse de construir la central, mientras que Paraguay “solo puso el agua”.
No obstante, ya ha transcurrido la mitad del mandato de Santiago Peña y, de manera muy decepcionante, el presidente no ha hecho valer nada de esto. Primero, en vez de concentrarse en reclamar la plena restitución de los derechos paraguayos, que se resumen en la libre disponibilidad y en un precio justo por la energía que le corresponde al país, se empeñó en negociar un aumento de tarifa por encima del costo básico, con el fin de generar una diferencia en forma de “fondos socioambientales” a ser dividida en partes iguales entre los dos países.
El Poder Ejecutivo pudo contar así con un dinero para uso discrecional hasta 2027, financiado parcialmente por la ANDE, es decir, por los consumidores domésticos de electricidad, cuyo monto real es un misterio, lo mismo que la ejecución, que se realiza al margen del presupuesto público y de las normas y controles institucionales de la República.
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Pero, sobre todo, la movida resultó en un grave error estratégico, porque le proporcionó al Brasil el pretexto perfecto para postergar lo principal, que es la renegociación de los términos del Tratado, y para mantener invariable un statu quo que le es sumamente favorable.
Luego, insólitamente, fue el propio Gobierno paraguayo el que suspendió unilateralmente las conversaciones sobre el Anexo C, a raíz del sonado incidente del espionaje (precisamente, el Gobierno brasileño estaba preocupado por saber cuál iba a ser la posición paraguaya ante la negociación que debía entablarse), que pudo muy bien manejarse de otra manera y no de una que le fuera perjudicial al país y le calzara como anillo al dedo a la contraparte.
Y cuando parecía que el camino por fin estaba allanado, surgió un distanciamiento entre las administraciones de Peña y Lula, que se vio reflejada en la inauguración por separado del “Puente de la Integración” y en la ausencia del mandatario brasileño en el acto de firma, en Asunción, del tratado entre el Mercosur y la Unión Europea. Suena a otro pretexto perfecto. La única verdad es que Brasil ya va por el tercer año adicional en el que puede quedarse con la parte sobrante paraguaya sin siquiera tener que ajustar la ínfima “compensación” de alrededor de 10 dólares el megavatio/hora.
Paraguay es dueño del 50% del recurso natural y de la central hidroeléctrica de Itaipú, por la que ya no se debe un centavo. Si Brasil no quiere negociar nuevos parámetros de distribución, entonces a nuestro país solo le resta disponer de su energía y comercializar sus excedentes al mejor postor, a precio de mercado. Tiene a su favor todos los argumentos legales y morales para ello. Lo que le falta es un Gobierno que no se conforme con migajas y que asuma con coraje y determinación su deber de hacer respetar la soberanía nacional.