De acuerdo a lo expuesto ante la Comisión Permanente del Congreso por la Coordinadora que reúne a unas 17.000 víctimas de la “mafia de los pagarés”, la trama delictiva en la que aparentemente participaron jueces, actuarios, ujieres, oficiales de Justicia y abogados se queda hoy con al menos 51.000 millones de guaraníes mensuales, a través de juicios ejecutivos presuntamente fraudulentos, iniciados y concluidos por deudas ya saldadas o dando curso a documentos falsos y a fotocopias de pagarés sin firma o sin fecha, entre otras canalladas. El hecho implica la persistencia de un saqueo que, según la Coordinadora, se remota a más de una década, en gravísimo perjuicio de miles de familias que cayeron en las garras de unos desalmados que habrían generado más de 120.000 expedientes judiciales.
En su mayoría, las víctimas cuentan con ingresos fijos que sufren un descuento mensual per cápita promedio de tres millones de guaraníes, de acuerdo a su Coordinadora. El senador Colym Soroka (ANR), presidente de la Comisión Permanente del Congreso, mencionó el caso de una docente, que no cobra su jubilación, similar al de tantos otros: “Solo sacó una plancha y ya debe 300 millones de guaraníes”.
Ante el tiempo transcurrido y la magnitud del despojo, que ya habría inducido al suicidio a veintisiete víctimas, no parece mucho que la Corte Suprema de Justicia, presidida por César Diesel –cuyo hermano Óscar es un accionista de la Compañía Administradora de Riesgos SA (Carsa), supuestamente involucrada en la confabulación– haya abierto sumarios administrativos a unos pocos jueces de paz y auxiliares de Justicia y anulado más de 35.000 expedientes irregulares, según dijo en un informe a la Comisión Permanente del Congreso, repudiado por las víctimas.
El senador Soroka puso el dedo en la llaga al afirmar que recibió numerosas llamadas telefónicas para que dicho órgano se abstenga de ocuparse de la “mafia de los pagarés”. Según dijo, “acá hay gente muy poderosa”. Debe tener el valor de identificarla, para prestar un buen servicio a la ciudadanía y al Ministerio Público. Es razonable suponer que esa gente está instalada en las altas esferas de los poderes político y económico, muy influyentes en el putrefacto Poder Judicial, como nadie ignora. Están frescas en la memoria las órdenes impartidas por el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes a jueces y fiscales, así como el rol desempeñado por estos en provecho del usurero Ramón González Daher, según denunció la jueza en lo penal Claudia Criscioni, al pedir disculpas a sus víctimas “por lo que el sistema de Justicia les hizo”. Parece que la historia no ha cambiado.
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Este despiadado sistema sigue castigando a las personas de bien, debido al influjo de “gente muy poderosa”: ellas están indefensas ante los embates de los delincuentes de guante blanco, muchas veces con la complicidad del personal de Justicia, como en el repugnante caso comentado. Cabe preguntarse cómo es que el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, encargado de supervisar los órganos y el personal del Poder Judicial, no advirtió la conjura urdida en gran escala y aún en curso. Se diría que no se dio cuenta de nada hasta que en noviembre de 2024, el abogado Jorge Rolón Luna denunció en su cuenta de X que ujieres de Juzgados de Paz de la capital, que lucían un lujoso tren de vida, fraguaban notificaciones de demandas por el cobro de pagarés, sin que los demandados supieran de ellas, colocándolos en un indignante estado de total indefensión.
Por de pronto, el Ministerio Público ha acusado formalmente a dos jueces, dos exjueces, ocho ujieres, nueve actuarios judiciales, trece oficiales de Justicia y veintisiete abogados. Pero parece ser que ha tocado apenas la punta del iceberg, pues la historia continúa, para desesperación de las millares de víctimas, lo que mucho dice acerca de la Justicia paraguaya y, en particular, de la influencia de esa “gente muy poderosa” que, cabe reiterarlo, debe ser identificada por quien hoy preside la Comisión Permanente del Congreso.
Como bien dice la Coordinadora, el Poder Judicial ha permitido que la mafia siga operando, pese a las denuncias y a los reclamos realizados. Los perversos autores de tanto sufrimiento no deben quedar impunes ni seguir perpetrando sus ruindades. Valga lo que ha venido ocurriendo para apuntar que la selección del personal judicial debe someterse a reglas mucho más estrictas, suponiendo que existan. Es obvio que la administración de Justicia tiene que esforzarse mucho más para evitar parecerse a un antro delincuencial, en el que opera cualquier tipo de mafia.