Siendo dueño del 50% de Itaipú y Yacyretá, desde que las dos usinas comenzaron a producir, en 1984 y 1994, respectivamente, Paraguay ha consumido apenas el 10,38% de la primera y el 8,47% de la segunda. Todo su sobrante lo cedió a sus socios/vecinos a cambio de una ínfima y arbitraria “compensación”, muy lejos de cualquier precio razonable de “exportación”, situación que se mantiene invariable hasta el día de hoy.
Solamente en Itaipú, Paraguay ha cedido 1.238 millones de megavatios/hora de energía paraguaya al Brasil en las últimas cuatros décadas, un volumen gigantesco, suficientes para cubrir la demanda actual del país por 64 años. En promedio, Brasil le ha pagado a Paraguay para quedarse con su energía la irrisoria suma de 4,4 dólares el MWh, cuando el precio presente en el mercado regional supera los 100 dólares, y ni hablar si se lo compara con el llamado “precio de sustitución”, que representa el costo de reemplazar esa energía por fuentes fósiles.
Obviamente, esto no es culpa de Santiago Peña, quien aún no había nacido cuando se firmaron los tratados. Pero el que todo continúe tal cual como siempre, sin siquiera un reclamo del Gobierno paraguayo, y que el sistema eléctrico nacional esté al borde del colapso, sí lo es.
La administración Peña tenía todo en sus manos para impulsar la revisión de los términos del Tratado de Itaipú por dos razones. La primera era que, cuando asumió, en agosto de 2023, la deuda por la construcción de la central ya se encontraba totalmente cancelada, lo cual eliminaba la excusa histórica (justificada o no) utilizada por Brasil, y por Argentina en Yacyretá, para imponer su “derecho de preferencia” sobre los excedentes paraguayos sin pagar el precio real de esa energía.
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La segunda razón que le abría de par en par las puertas a este Gobierno para exigir al Brasil una renegociación de los parámetros contractuales en Itaipú era que el 13 de agosto de 2023, dos días antes de jurar Peña como presidente, se venció el plazo de revisión del Anexo C del Tratado, que es justamente donde se establece la figura de la “cesión” usada para la virtual apropiación de la energía paraguaya.
Pero Santiago Peña no hizo nada de eso. En vez de concentrarse en la restitución de los legítimos derechos del Paraguay, puso todo su énfasis en elevar la tarifa de Itaipú (perjudicando con ello a la propia ANDE) para generar una diferencia en forma de “fondos socioambientales” a ser repartida entre ambos países, cuyo monto y ejecución distan de ser transparentes.
Tampoco atinó a establecer los mecanismos internos para comercializar los excedentes paraguayos en el territorio nacional, con reglas paraguayas, ejerciendo el derecho soberano que tiene el Paraguay sobre su energía. En rigor, ni en el Anexo C ni en ninguna parte del Tratado de Itaipú se le obliga formalmente a Paraguay a ceder su parte. Paraguay puede subastar su energía en bloques, como hoy día es habitual en todo el mundo, y, a lo sumo, concederles a sus socios el derecho de igualar la mejor oferta.
Finalmente, tampoco ha hecho lo necesario para aumentar el consumo doméstico “de energía limpia y renovable” con un servicio sólido y confiable. Pese a contar el país con dos enormes hidroeléctricas, la ANDE sigue teniendo tan solo un 20% de participación en el mercado nacional de energía. El monopolio estatal está desfinanciado, algo que se agravó al tener que pagar más por la energía de Itaipú por el acuerdo tarifario con Brasil. Los cuellos de botella, la ineficiencia, la corruptela siguen allí.
Santiago Peña está a la mitad de su mandato, han transcurrido dos años y medio y nada esencial ha cambiado en el sector eléctrico. No da para jactarse. En los papeles Paraguay es uno de los mayores productores per cápita de energía limpia del mundo. En la práctica, episodios como los que acaban de ocurrir muestran a la población cuál es la realidad.