Dirigentes de los principales gremios docentes impulsan la recolección de firmas digitales para la presentación de un proyecto de ley que elimina la jubilación vip de los parlamentarios. La iniciativa es legítima porque la Constitución Nacional consagra la igualdad ante la ley y no es admisible la existencia de ciudadanos de primera y de segunda. Pero, con el mismo criterio, deben eliminarse todas las jubilaciones de privilegio, incluidas las de los propios docentes y de otros segmentos de la administración pública, porque no es justo que el 90% de la población financie con su dinero beneficios extraordinarios que no están al alcance de la enorme mayoría.
A primera vista, el proyecto de ley propuesto por los gremios de maestros, “que abroga la Ley 6112/18 del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para Miembros del Poder Legislativo Nacional”, está sólidamente fundamentado y hasta contempla una propuesta alternativa inspirada en la legislación sueca, que reemplaza la jubilación vitalicia por una renta temporal destinada a facilitar la transición al finalizar el mandato.
Se requiere un mínimo de 49.928 firmas digitales para que el proyecto ingrese por la vía de la iniciativa popular, de las cuales ya se ha recolectado más de la mitad. Quienes quieran adherirse pueden hacerlo a través del portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Con el régimen actual, los congresistas acceden a una alta pensión de por vida del 60% de sus dietas y gastos de representación con apenas diez años de aportes y 55 años de edad, y del 80% con quince años de contribución, lo que, a valores de hoy, equivale a 23 y 30 millones de guaraníes mensuales, respectivamente, en parte trasladable a cónyuges supervivientes, hijos menores o discapacitados. La Caja Parlamentaria recibe un subsidio estatal anual, que actualmente es de 5.000 millones de guaraníes y que puede ampliarse en cualquier momento, ya que depende exclusivamente de la Ley de Presupuesto que los mismos parlamentarios aprueban.
Hubo un amago de reforma que quedó en la nada. La Cámara de Diputados sancionó un proyecto que eliminaba el aporte estatal, establecía un mínimo de quince años de aportes, elevaba a 60 años la edad mínima para la jubilación ordinaria (mantenía los 55 para el 60%, que es por lo que opta la mayoría), e imponía restricciones y reducía la pensión para herederos.
Sin embargo, incluso estas fallidas modificaciones son insuficientes y engañosas. La Caja Parlamentaria es inviable no solamente por los beneficios desmedidos, sino porque tiene una base muy pequeña y fija de aportantes activos frente a una cantidad creciente de retirados. Hoy mismo son 125 activos (45 senadores y 80 diputados) frente a 284 jubilados, más 74 viudas, viudos y otros deudos pensionados. Aun cuando los retirados también aportan un 11%, los números no cierran por ningún lado, a lo que hay que agregar que los cotizantes tienen la opción de retirar el 95% de sus aportes de una sola vez en cualquier momento. El modelo es insostenible y, en última instancia, será el Estado el que tendrá que encargarse de cubrir la diferencia y pagar los haberes.
Sus defensores señalan que la Caja tiene otras fuentes de ingresos, principalmente intereses por el otorgamiento de préstamos a sus asociados. En todo caso, si los parlamentarios quieren montar una cooperativa, no es esta la vía ni son estas las reglas que deben seguir. Un sistema jubilatorio de reparto es algo muy distinto; debe cumplir parámetros mínimos y estar fiscalizado por la flamante Superintendencia de Pensiones que, dicho sea de paso, entró en funciones el 1 de enero y brilla por su ausencia.
Lo mismo cabe para la Caja Fiscal. Los gremios docentes y otros que se oponen a la reforma alegan que el Estado, como empleador, debe aportar más. Pero solo el año pasado el déficit de la caja fue de casi 400 millones de dólares, más de un millón de dólares por día, con fuerte tendencia creciente si no se toman medidas. En promedio, es mucho más que el aporte patronal en el sector privado.
Solo alrededor de un quinto de la población en general tiene acceso a algún tipo de plan de retiro, pero todos contribuyen con impuestos directos e indirectos para solventar las jubilaciones de privilegio del sector público, donde se desempeña el 10% de la fuerza laboral. Son los ciudadanos comunes y corrientes los que deberían recolectar firmas para que no les sigan metiendo abusivamente la mano en el bolsillo.