El 25 de septiembre de 2025, el presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, dijo ante la Comisión Bicameral de Presupuesto que “ya se terminó la paciencia” con la firma catarí Doha Holding Group y que, por ende, no se le daría un nuevo plazo para cumplir un contrato de provisión de cien mil toneladas métricas de gasoíl por valor de 61 millones de dólares, a un precio muy inferior al de la cotización internacional, celebrado el 30 de septiembre de 2024. Como la paciencia se habría agotado, el acuerdo iba a ser rescindido, según el mentiroso funcionario. La octava prórroga, vigente cuando se colmó la paciencia, venció el 31 de octubre del mismo año, pero el 5 de noviembre, la empresa ligada a Alejandro Domínguez Pérez y sin experiencia alguna en la comercialización del carburante, fue beneficiada con una nueva prórroga, que caducó el último 28 de febrero. Pero la paciencia con la privilegiada empresa continuó, pese a la urgencia alegada para suscribir una contratación directa, pues se le otorgó ¡¡¡la décima prórroga!!!
Resulta así que un contrato celebrado con una llamativa modalidad de licitación con publicación posterior, precisamente debido a la supuesta urgencia de la compra, fue extendido una y otra vez, quizá para no hacer efectiva la garantía de su fiel cumplimiento, que llega a más de tres millones de dólares. Por cierto, la Ley de Suministro y Contrataciones Públicas prohíbe que la modificación del plazo de entrega supere el 20% del original, pero ocurre que hasta hoy ya superó el 2.000% y que la vigencia del contrato se está ampliando, sin fijarse nuevas fechas para la provisión. Lo perpetrado por Eddie Jara es una afrenta al sentido común y una tomadura de pelo no solo al Congreso, sino también a la ciudadanía toda; está visto que la premura alegada no era tal y que solo se habría buscado favorecer a un “amigo de la casa”.
El susodicho apela a la burda excusa de que Petropar no realizó desembolsos, de modo que mal podría haber sufrido un perjuicio económico; empero, es indudable que su programa anual de contrataciones fue afectado, forzándolo a recurrir a otros proveedores. La garantía de fiel cumplimiento responde a la necesidad de subsanar todo daño que pudiera causar la transgresión del convenio. Como la modalidad de contratación adoptada se fundó en la urgencia del caso, es razonable afirmar que los reiterados incumplimientos fueron dañinos, dada la circunstancia referida. ¿O acaso Eddie Jara dirá ahora que, en realidad, no había ninguna urgencia?
Es hora de que actúen la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y, eventualmente, el Ministerio Público, aunque el jefe del primer organismo, Agustín Encina, sostenga que puede intervenir solo cuando “se puso un guaraní del Estado”, protegiendo así al impresentable de marras. Dijo también que la DNCP inicia la verificación solo al terminar la vigencia del contrato, con suministro o sin él; de ello se deduce que no se haría ese examen mientras el acuerdo siga siendo prorrogado, por los siglos de los siglos. Se lavó las manos afirmando que las tenía “atadas” para pronunciarse sobre el fondo del repugnante asunto, pero adelantó, quizá para calmar a la opinión pública, que “todo va a caer tarde o temprano: si no se provee el combustible, va a salir sancionado el administrador, va a salir sancionada la empresa (...) y también quienes se encuentren al frente de Petropar deberán responder ante la Contraloría”. El año pasado, ella inició una “revisión documental” del caso, cuyos frutos aún se ignoran, como si la tarea fuera sumamente difícil.
De nuevo: ¿cuánto tiempo habrá que seguir esperando para que todo “caiga”? Es probable que Eddie Jara aplauda la crisis del Medio Oriente, pues le permitiría invocarla para seguir burlándose de la gente con una undécima prórroga contractual, con la al menos tácita aprobación del jefe del Poder Ejecutivo, Santiago Peña, a quien ya se le tuvo que haber acabado la “paciencia” hace mucho tiempo. ¿Hasta cuándo se abusará de la ciudadanía? La desfachatez del personaje en cuestión, cuyos gastos superan largamente sus ingresos formales, según la Contraloría, llegó al extremo de que, entre octubre de 2023 y septiembre de 2025, hubo transferencias mensuales ordenadas por Petropar a su cuenta del Banco Basa, por un valor total de 496.726.354 guaraníes, “cuyo origen, tratamiento y concepto fiscal-tributario no se encuentran debidamente acreditados”, según el órgano contralor.
¿Qué más hace falta para al menos destituir al ostentoso Eddie Jara, sin darle “las gracias por los servicios prestados”, sino todo lo contrario? Esta tragicomedia debe terminar de una vez por todas.